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Afiche de promoción del derecho a la identidad y de la restitución de los nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo, correspondiente a la serie “El Derecho a la Identidad”, con reproducción de ilustración de Ariel Katena y con información sobre el Comité Editorial, el diseño y la impresión de la serie.

Afiche conmemorativo del 21 de junio, Día Nacional contra la Desaparición Forzada en Guatemala, con oración a la Madre de los Desaparecidos.

Fotografía de un grupo de Madres de Plaza de Mayo y familiares de detenidos desaparecidos que se manifiestan frente a la Embajada Argentina en rechazo a la ley de Punto Final promulgada en el marco del gobierno de Raúl Alfonsín. Madrid.

Fotografía de un grupo de Madres de Plaza de Mayo, entre las cuales se encuentra Hebe Pastor de Bonafini, junto a familiares de detenidos desaparecidos que se manifiestan frente a la Embajada Argentina en rechazo a la ley de Punto Final promulgada en el marco del gobierno de Raúl Alfonsín. Madrid.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Esta colección reúne copias digitales vinculadas a acontecimientos políticos y sociales ocurridos en la provincia de Chubut durante las décadas de 1960 y 1970. Entre los hechos de mayor relevancia se encuentran aquellos relacionados a la fuga de presos políticos del Penal de Rawson ocurrida el 15 de agosto de 1972 y la posterior Masacre de Trelew, producida una semana después. También forman parte de esta colección diversos actos de agrupaciones políticas, las huelgas en el parque industrial de Trelew, las movilizaciones de familiares en defensa de los presos políticos y las puebladas locales desarrolladas con posterioridad a la Masacre de Trelew. También hay copias que refieren a la base militar Almirante Zar, al histórico penal de la ciudad de Rawson y a los operativos militares que se realizaron en diversas localidades de la provincia en el marco del terrorismo de Estado.

Circular telegráfica Europa 92 de la Cancillería argentina con las transcripción del "Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la Subversión y el Terrorismo Conceptos Fundamentales"

La Colección reúne copias digitales de una selección de fotografías tomadas por el reportero gráfico Ricardo Ceppi en las que registró en 1984 tres centros clandestinos de detención que funcionaron en las inmediaciones de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe: la Escuela Osvaldo Magnasco, La Intermedia y la Quinta de Funes.
Ricardo Ceppi es fotoperiodista desde 1982, trabajó en las redacciones de los diarios Clarín y Rosario; en las agencias de noticias Diarios y Noticias y Télam; en las revistas Viva, Dominical de Clarín, Noticias (del grupo Perfil) y Gente (del grupo Atlántida).
Las fotografías fueron tomadas a partir de una investigación suya independiente realizada sobre la base de la lectura del libro de Miguel Bonasso ""Recuerdos de la Muerte"" en el que se denuncia el terrorismo de Estado y se mencionan estos tres centros clandestinos de detención en los cuales estuvieron detenidas personas que continúan desaparecidas. El libro de Bonasso le permitió a Ceppi encontrar estos centros clandestinos, fotografiarlos tanto por fuera como en su interior y constatar las evidentes similitudes.
Este registro inicialmente no fue publicado en ningún medio. En 2012, estando Ceppi residiendo en Buenos Aires, leyó en Página 12 que Jaime Dri, uno de los detenidos y sobrevivientes que pasó por estos centros clandestinos, no había podido reconocer la Escuela Osvaldo Magnasco porque se habían realizado reformas con posterioridad a su paso por allí. En ese contexto, el fotoperiodista se pone en contacto con el Museo de la Memoria de Rosario para ofrecer sus fotografías que registraban el lugar previo a las reformas edilicias llevadas adelante. A partir de este contacto, las mismas fueron presentadas como prueba a la causa contra distintos militares retirados encontrados responsables de crímenes de lesa humanidad (Juan Daniel Amelong Jorge Alberto Fariña, Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel Zenón Porra, Juan Andrés Cabrera, Marino Héctor González, Joaquín Tomás Guerra, Ariel Antonio López, Carlos Antonio Sfulcini y Alberto Enrique Pelliza), en la cual Ceppi además prestó declaración.

Fotografía de una columna de la agrupación H.I.J.O.S. en el marco de un acto frente a la Escuela de Mecánica de la Armada donde funcionó un Centro Clandestino de Detención en la última Dictadura cívico-militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de banderas de la agrupación H.I.J.O.S. en el marco del escrache a Humberto Ricardo Andrelo, apropiador del inmueble que funcionó como Unidad básica hasta 1974 y que perteneció a la familia Lizaso y en el que en la actualidad funciona la Casa de la Memoria y la Resistencia “Jorge Nono Lizaso”. Vicente López.

Fotografía de una columna de manifestantes en el marco del escrache de la agrupación H.I.J.O.S. a Humberto Ricardo Andrelo, apropiador del inmueble que funcionó como Unidad básica hasta 1974 y que perteneció a la familia Lizaso y en el que en la actualidad funciona la Casa de la Memoria y la Resistencia “Jorge Nono Lizaso”. Vicente López.

Fotografía de una columna de manifestantes de la agrupación H.I.J.O.S. en el escrache a Humberto Ricardo Andrelo, apropiador del inmueble que funcionó como Unidad básica hasta 1974 y que perteneció a la familia Lizaso y en el que en la actualidad funciona la Casa de la Memoria y la Resistencia “Jorge Nono Lizaso”. Vicente López.

Fotografía de un militante de la agrupación H.I.J.O.S. que responde preguntas de la prensa en el escrache a Humberto Ricardo Andrelo, apropiador del inmueble que funcionó como Unidad básica hasta 1974 y que perteneció a la familia Lizaso y en el que en la actualidad funciona la Casa de la Memoria y la Resistencia “Jorge Nono Lizaso”. Vicente López.

Fotografía de integrantes de la agrupación H.I.J.O.S. en el marco del escrache en el barrio de Villa Lugano, a Rubén Osvaldo Bufano, ex miembro del Batallón de Inteligencia 601 en la última Dictadura cívico-militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de la bandera de la agrupación H.I.J.O.S. en el marco de la Marcha de la Resistencia de Madres de Plaza de Mayo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de militantes de HIJOS en el marco de una reunión de la agrupación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de militantes de H.I.J.O.S. en el marco de una reunión de la agrupación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de un integrante de H.I.J.O.S. en el marco del escrache, en el barrio de Caballito, a Jorge Luis Magnacco, oficial de la Armada durante la última Dictadura cívico-militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de integrantes de la agrupación H.I.J.O.S. que colocan un cartel de señalización en el marco del acto homenaje a los detenidos desaparecidos en el ex Centro Clandestino de Detención El Campito. Campo de Mayo.

Fotografía de militantes de la agrupación H.I.J.O.S. en el marco del Congreso Nacional de la agrupación en la provincia de Córdoba. Río Ceballos.