Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre observancia de los Derechos Humanos Internacionales y sus implicancias para la política de los Estados Unidos. Una nota mecanografiada indica que este informe sobre el “status” de los Derechos Humanos en Argentina fue pedido al Departamento de Estado por el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes el 15 de septiembre de 1976 bajo la sección 502(c) de la Ley de Ayuda Militar, la así llamada “cláusula de los derechos humanos”. También menciona que el informe fue remitido al Comité en noviembre de 1976 como documento clasificado mientras que la versión no-clasificada, que es este informe, fue lanzada el 27 de diciembre de 1976. Finalmente, la nota señala que se debe tener en cuenta que este Informe fue preparado por el Departamento de Estado con la intención de justificar la continuación de la ayuda militar de Estados Unidos a la Junta Militar argentina.
El informe en si se divide en 4 partes. La primera trata sobre la situación política y la situación legal. Respecto de la situación política, el informe se asegura que el golpe de 1976 marzo fue precipitado por la seria inestabilidad política y económica, la inflación, la recesión, la deuda externa y la violencia política que en 3 años, del 73 al 76, costó 2000 vidas y entre 1976 marzo y 1976 septiembre, aseguran, 1000 vidas. Culpan del inicio del actual ciclo de violencia al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, ambas “organizaciones terroristas dedicadas a la revolución violenta” que trabajaban en conjunto con guerrillas de Uruguay, Chile y Bolivia cuyos miembros, cuando hubo golpes de estado en esos países se refugiaron en Argentina. Respecto de analizan la Constitución del 1853, justifican los decretos y leyes promulgados por la dictadura ya que tienen precedencia sobre la constitución en caso de conflicto según reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para finalizar explicando, y también justificando, el Estado de Sitio decretado por Isabel Martínez en 1974 noviembre 06 la consiguiente suspensión del habeas corpus, la detención por tiempo indefinido y el traslado de presos acusados de un lugar a otro.
La segunda parte trata sobre el avance de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. Se analizan diversos casos de violaciones a los derechos a la vida, libertad y seguridad de las personas cometidos por “terroristas a ambos extremos del espectro político” pero dando prioridad al “terrorismo” de derecha y ultraderecha. Se menciona a la Triple A, a la Masacre de Pilar ocurrida el 30 de agosto de 1976, al Informe de Amnistía Internacional del año 1975-76, a la muerte del agente consular norteamericano John Patrick Egan en Córdoba en 1975 y al intento de secuestro del empleado de la USIA Alfred Laun también en Córdoba en 1975, al caso de tortura denunciado por Olga Talamante cuando era presa política en Argentina, al caso de tortura denunciado por la ciudadana norteamericana Gwenda Mae Loken López también presa política en Argentina, al caso denunciado por el Reverendo James Weeks ante el Congreso de USA. Se aclara que en general los argentinos disponen de libertades que los igualan ante la ley mas allá de su religión o raza, que son libres de salir del país y retornar al mismo pero cita la persecución a los Testigos de Jehová y la ola de antisemitismo como dos problemas graves. Esta parte finaliza poniendo en duda que que exista total libertad de expresión y opinión.
La tercera parte trata sobre la acción del gobierno de los Estados unidos en el área de Derechos Humanos. Se describen los esfuerzos realizados por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para tratar el tema de la violación a los derechos Humanos ante distintas autoridades militares, ministros, oficiales de las Fuerzas Armadas y altos cargos de la dictadura. Se enumeran en un listado los distintos temas que fueron tratados y discutidos con las autoridades de facto argentinas y se citan algunas de las respuestas obtenidas por parte del gobierno de facto de la Argentina. Se describen también los esfuerzos realizados a pedido del Congreso de Estados Unidos y de ciudadanos y ciudadanas norteamericanas acerca del paradero de ciudadanos norteamericanos y argentinos mantenidos en detención o desaparecidos. Por último, se mencionan los esfuerzos del embajador norteamericano en Buenos Aires y de varios equipos de prensa del gobierno norteamericano para informar a la opinión pública y los medios de prensa argentinos sobre la posición de los Estados Unidos en el tema de Derechos Humanos. Además, se destacan los esfuerzos realizados por autoridades políticas y militares norteamericanas para explicarles a los funcionarios de la dictadura las legislaciones vigentes en los Estados Unidos respecto a la ayuda militar a otros países.
La cuarta parte trata sobre el Programa de Ayuda en Seguridad de los Estados Unidos. Se citan las sumas destinadas para el año 1977 en ayuda en seguridad, créditos para ventas militares y entrenamiento militar y se hace notar que esas sumas fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos poco después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Aclara que los Estados Unidos no ayudan a la Policía de Argentina salvo en temas relacionados con el control y tráfico de narcóticos y que los créditos otorgados son para temas de investigación y desarrollo y no para contrainsurgencia. Afirma que la ayuda en seguridad es de extrema importancia para la cooperación con las Fuerzas Armadas argentinas y para promover y proteger los intereses norteamericanos en Argentina. Hacia el final del inorme se hace conocer la posición del Departamento de Estado que apoya la continuación de la ayuda en seguridad a la Argentina con el fin de preservar la relación profesional con las Fuerzas Armadas argentinas y demostrar el interés de los Estados Unidos en mantener relaciones constructivas y promover los objetivos delineados anteriormente.
