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La Colección CLAMOR a disposición en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) consta de copia de correspondencia de y para diversas entidades y organismos nacionales e internacionales; correspondencia expedida y correspondencia recibida; denuncias diversas sobre secuestros, desapariciones o violaciones a los Derechos Humanos; dossiers sobre niñas y niños desaparecidos; dossiers de personas adultas desaparecidas; fichas de torturadores; fichas de desaparecidos y un listado de personas desaparecidas en la Argentina elaborado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Dicho listado, donde se intenta personalizar al máximo los detalles y recabar la mayor información de datos posibles sobre los detenidos-desaparecidos en Argentina, constaba de 7791 nombres y fue producto de dos años de trabajo. De gran utilidad en la labor de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue también el cuerpo central de un libro publicado de manera bilingüe español-inglés bajo el título Desaparecidos en Argentina. El listado de fichas de personas desaparecidas de la Colección a disposición en el ANM consta de 5515 nombres ordenados alfabéticamente.
Las carpetas digitalizadas que se hallan a disposición en el ANM se encuentran organizadas de la siguiente manera: a) Dossiers de personas adultas desaparecidas. Consta de 23 dossiers, entre los cuales se encuentran los de Jorge y Raúl Pastor Bonafini. En esta carpeta se hallan también una carta al General Cristino Nicolaides y Telegramas al Director; b) Dossiers de niñas y niños desaparecidos. Consta de 6 dossiers, entre los cuales se encuentran los casos de Anahi Mariani, Carla Rutila y los mellizos Tolosa Reggiardo; c) Correspondencia de y para entidades y organizaciones diversas. Consta de 6 cartas; d) Correspondencia expedida. Consta de 4 cartas; e) Correspondencia recibida. Consta de 129 cartas y documentos; f) Denuncias de diverso tipo realizadas por personas individuales u organismos de Derechos Humanos sobre secuestros, desapariciones y violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar 1976-1983 y también de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el periodo democrático iniciado en 1983 diciembre 10 cuando miles de militantes populares son perseguidos en aplicación de la política de Estado conocida como Teoría de los dos demonios. Consta de 112 documentos; g) Fichas de torturadores y torturadoras. Consta de 313 fichas. Se incluyen nombres y apellidos, apodos si los hubiera, rango y pertenencia a distintas Fuerzas si es personal militar o de Fuerzas de Seguridad, localidad o ciudad de actuación y nombre del CCD, de la dependencia legal o de la dependencia ilegal represiva donde actuaban; h) Listado de personas desaparecidas divididos alfabéticamente en 15 carpetas. Incluye nombres y apellidos, número de documento, lugar y fecha del hecho, ocupación y, en los casos que se supiera o correspondiese, empleador y empresa o institución empleadora; i) Fichas de 5515 personas desaparecidas ordenadas alfabéticamente de la A a la Z. De dicha división resulta la siguiente cantidad de fichas por cada letra: A 572; B 564; C-CH 894; D 412; E 121; F 397; G 668 de los cuales 108 no legibles; H 149; I 102; J 92; K 68; L-LL 435; M 780; N 124; O 185; P 586; Q 44; R 187; S 531; T 203; U 45; V 265; W 50; Y 23 y Z 93. Cada ficha contiene la mayor cantidad de datos que se pudieron obtener sobre el día, hora y lugar del secuestro seguido de detención ilegal; en el caso de que los hubiese, datos sobre si la persona fue vista en algún CCD o dependencia de las Fuerzas Armadas o de Seguridad o Centro de Reunión de Detenidos de las Fuerzas Armadas. Algunas incluyen testimonios completos de personas detenidas-desaparecidas y luego liberadas de CCDs, como por ejemplo el caso del testimonio del abogado Martín Gras ante las Naciones Unidas sobre su permanencia en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La colección reúne documentos en relación a la causa 6859/98 “González Naya, Arturo Félix y otros s/ privación ilegítima de la libertad” llevada adelante en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 por la cual fueron imputados miembros del Ejército y la Policía. La colección consta de 11 sobres que corresponden a cada una de las entregas fue realizando la SIDE al Juzgado entre noviembre de 2011 a febrero de 2013 que contienen información sistematizada respecto a las consultas realizadas a una base de datos propia del Departamento de Antecedentes de la SIDE sobre la información producida por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino y del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea que tienen así identificada. Cada entrada contiene ficha de antecedentes de personas con sus datos personales, familiares, antecedentes, partes de información y grado de valoración de la información.
El Servicio de Inteligencia Aérea (SIFA) fue creado el 18 de julio de 1977, mediante Resolución Nº 256/77 publicada en el Boletín Aeronáutico Reservado 1964, con dependencia de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Su misión era la de “reunir y trasmitir la información de interés de los distintos marcos de responsabilidad de la Fuerza Aérea; realizar las actividades de contrainteligencia que se le ordenen y ejecutar las tareas específicas de la especialidad.”
El Batallón de Inteligencia 601 se creó en 1968 en el marco de una “Reestructuración Orgánica del Área de Inteligencia” del Ejército, tal como quedó plasmado en el Boletín Confidencial Nº 374 del 1 de enero de ese año. Físicamente, esta dependencia funcionó en la calle Viamonte 1814/16, esquina con la avenida Callao. El Batallón, además, dependía en forma directa del Comando General del Ejército. En el año 1975, Directiva 1/75 del Consejo de Defensa y Directiva 404/75 del Comando General del Ejército plantearon la necesidad de que las acciones de inteligencia de todo el territorio nacional se centralizaran en la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército. Esta, a su vez, definió como el órgano de ejecución al Batallón 601, que se convirtió así en la dependencia de inteligencia de mayor jerarquía del país. A partir de entonces se estructuró un sistema de información a escala nacional que, a través de la Central de Reunión de Información, hacía confluir en el Batallón los datos recabados por las agencias de inteligencia provinciales. Dicha Central estaba compuesta por personal de la Fuerza Aérea, la Armada, Institutos Penales, Superintendencia de Seguridad Federal, Prefectura, SIDE y del propio Batallón.
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Batallón 601 se desempeñó en apoyo del Comando del I Cuerpo de Ejército, cuyo asiento estaba en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. A su vez, la Directiva 405/76 determinó el establecimiento de una sección de inteligencia del Batallón en el Comando de la Zona IV, correspondiente a Institutos Militares, ubicado en la guarnición militar de Campo de Mayo. En ambas unidades del Batallón destinó personal propio de manera permanente. En los restantes Cuerpos de Ejército, en cambio, lo enviaba a pedido de los jefes de cada uno de los Comandos. Durante el transcurso de a dictadura, el Batallón constituyó la principal usina de inteligencia a nivel nacional, y además tuvo a cargo acciones de control en las fronteras y realizó algunas operaciones en el extranjero. El 25 de diciembre de 1985, el Boletín Reservado del Ejército 5082 determinó la disolución del Batallón 601, que fue reemplazado en sus funciones por la Central de Reunión de Inteligencia Militar, con asiento en Campo de Mayo.
Tanto el SIFA, como el Batallón de Inteligencia 601 de Ejército y la SIDE, formaron parte de lo que se conoció como la Comunidad Informativa. Se conoce la Comunidad Informativa como el agrupamiento e intercambio de información entre los diferentes servicios y agencias de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y la SIDE. La circulación de información entre los diferentes organismos para coordinar las acciones de inteligencia desplegadas a lo largo de todo el país e intercambiar la información recopilada, está registrada en distintos documentos a través de los Distribuidores (listado de dependencias a dónde se remitían las copias de un mismo documento) así como en el fondo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que formaba parte de dicha Comunidad Informativa.

Abarcando los años 1966-2010, la gran mayoría de la documentación refiere a los periodos comprendidos entre 1968-1973 y entre 1979-1984. La colección está organizada en tres agrupamientos. Por un lado, publicaciones y recortes periodísticos (el de mayor volumen), que contiene tanto publicaciones periodísticas y científicas, así como de las prensas de diversas agrupaciones gremiales o estudiantiles; a su vez, boletines emitidos por el departamento de prensa de la Universidad a lo largo de diferentes periodos, y recortes periodísticos de medios nacionales, locales y regionales que reflejan las actividades de la universidad, así como los diversos avatares tras el cierre. Existen recortes que si bien no hacen foco en la Universidad, refieren al sistema educativo o al ámbito universitario, y fueron incluidos en la selección.
Por otro lado, aquellos documentos vinculados con procesos históricos de la Universidad, como relatos y testimonios de las diferentes etapas históricas que atravesó el establecimiento, mayormente material administrativo, interno o de difusión, perteneciente a las diferentes organizaciones que operaron, ya sea en favor de la creación, para evitar el cierre o para lograr la reapertura de la universidad. Existe material perteneciente a la Comisión pro universidad, a la comunidad académica de la Universidad (denominación que tomó la asamblea que se mantuvo en movilización permanente desde el anuncio del cierre) y al grupo de docentes que se organizó en busca de la reapertura. También están incluidos dentro de esta serie diversos materiales gráficos.
Por último, la documentación institucional de la Universidad, centrada en cuestiones administrativas y de gobierno, ya sea esta de producción interna o de parte de los organismos estatales. Esto incluye tanto documentos creados con fines educativos (como pueden ser fichas o documentos de cátedra), o que sean un reflejo de la actividad educativa (como por ejemplo las planillas de calificación y asistencia). Hay también encuestas a alumnos que fueron realizadas luego del cierre con el objeto de cuantificar los daños y complicaciones que esto provocaba a los alumnos y a las comunidades de su zona de influencia.
También hay fotografías de Emilio Fermín Mignone, quien fuera vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Buenos Aires y fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, ya que fue rector en la Universidad Nacional de Luján. Desde 1973, recibió y dio trabajo a profesores chilenos perseguidos por la dictadura pinochetista. Durante la dictadura, Mignone fue obligado a renunciar de su cargo y secuestraron a su hija Mónica, quien aún hoy permanece desaparecida.