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La colección reúne un inventario de expedientes de atención de la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) en el cual se detalla información sobre las personas y sus grupos familiares atendidas por la institución entre 1973 y 1983. CAREF se crea en octubre de 1983 dada el creciente ingreso a Argentina de personas chilenas exiliadas tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en ese país. CAREF brindó asistencia a las personas en cuestiones vinculadas a la alimentación, salud, trabajo y educación pero también en relación a las gestiones necesarias para el exilio a terceros países para quienes no era seguro quedarse en Argentina.
Además, la colección reúne 3 copias de documentos en soporte papel vinculados a la detención de un grupo de personas mayormente chilenas que residían en uno de los Refugios administrados por CAREF en la localidad de José C. Paz. El 28 de marzo de 1976, a cuatro días de iniciada la dictadura cívico-militar en Argentina, un operativo conjunto del Ejército y la Policía allana el lugar (donde antes funcionaba la Facultad Luterana de Teología) y se lleva detenidas a dieciocho personas chilenas entre las que había una mujer embarazada, niños y adolescentes y una persona uruguaya. Todas estas personas fueron liberadas once días después, habiendo pasado por el Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo y la Comisaría de San Miguel, gracias a CAREF y la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Los tres documentos sobre este hecho son correspondencias de CAREF: en una se relata el episodio de la detención, en otra se trata brevemente sobre las gestiones que se están llevando adelante para la liberación de las personas y el tercer documento anuncia finalmente la excarcelación.

La colección consta de 62 copias de legajos producidos y resguardados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

La colección reúne la documentación perteneciente al avión utilitario Short SC.7 Skyvan N° de serie SH1888, utilizado para los "vuelos de la muerte" durante la última dictadura cívico militar. E l ShortSkyvan SC-7 perteneció a la Prefectura Naval Argentina bajo la denominación PA-51 y fue utilizado para realizar el "vuelo de la muerte" en el que se asesinó y buscó eliminar los cuerpos de las víctimas del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 por miembros de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
En 1995 el marino Adolfo Scilingo confesó haber participado en "vuelos de la muerte". Así se supo el modelo de los aviones empleados por la Armada y la Prefectura en el exterminio de personas. Enre 2004 y 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó, a través de pruebas de ADN, a cinco de los cuerpos hallados en las costas bonaerenses entre el 20 y el 27 de diciembre de 1977 que pertenecían a Ángela Auad, Léonie Duquet, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor, comprobándose que habían sido víctimas de los "vuelos de la muerte". En 2009, a partir de una investigación de "Telenoche investiga", desarrollada en simultáneo y en contacto con el trabajo de los periodistas Miriam Lewin y Giancarlo Ceraudo, fue posible hallar a uno de los aviones Skyvan que todavía estaba en uso en Fort Lauderlade, en el estado de Florida, Estados Unidos. Un año después, la justicia argentina obtiene de la Prefectura documentación de cuatro de sus cinco aviones Skyvan del período 1976-1978. En las planillas de vuelo, que fueron analizadas por especialistas, se destacó la presencia de registros extraños e irregulares. En particular, un viaje realizado por el Skyvan PA-51 el día 14 de diciembre de 1977 por la noche, día en el que fueron vistas por última vez las víctimas del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz dentro de la ESMA.
En noviembre de 2017, la justicia argentina, consideró probada la utilización del avión en los "vuelos de la muerte". El fallo se nutrió de indagaciones previas que recogieron las denuncias e investigaciones de organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura, periodistas y de los aportes realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En 2023, el avión fue repatriado por el Estado Nacional.
La documentación hallada en el avión consiste en libros de modificaciones del avión con fechas entre su construcción en 1971 y 2012, fichas de arreglos e índices de revisiones, fichas con las horas de vuelo y nombres de pilotos del mismo, resúmenes de inspecciones, placas del avión, así como diversas guías de piloto y manuales de vuelo.

Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.