Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

La colección reúne fotografías de diversos juicios vinculados a crímenes de lesa humanidad entre los que se encuentran la causa de Ernestina Herrera de Noble por apropiación de bebés, la sentencia del juicio por la Masacre de Cromañón, el juicio ESMA, el juicio Campo de Mayo II, el juicio Plan Sistemático, el juicio Automotores Orletti, el juicio Vesubio, la sentencia del juicio ABO (Club Atlético – Banco – Olimpo) y el juicio Campo de Mayo III.
Asimismo, hay numerosas fotografías de inspecciones oculares en ex Centros Clandestinos de Detención (CCD) ubicados en distintas regiones del país. Entre ellos están, en Bahía Blanca: Base de Infantería de Marina "Baterías" (Batería VII), Escuelita de Bahía Blanca, la Policía de Establecimientos Navales (Base Naval Puerto Belgrano) y Buque 9 de Julio (Base Naval Puerto Belgrano); en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Automotores Orletti, Club Atlético, Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Olimpo y Virrey Cevallos; en la provincia del Chaco: la Dirección de Investigaciones de la Provincia de Chaco y fotografías tomadas en el Monumento a Margarita Belén; en Córdoba: el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D-2), La Perla y Campo de la Ribera; en Corrientes: el Regimiento de Infantería 9; en la provincia de Buenos Aires: Campo de Mayo, Mansión Seré, el Pozo de Banfield, las comisarías 5 y 8 de La Plata, el Destacamento de Arana y la Unidad Penal 9 de La Plata; en Mar del Plata: Base Naval Mar del Plata (Agrupación de Buzos Tácticos), la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y La Cueva (Base Aérea Militar); en Rosario: la Comisaría 6, la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, la Guardia de Infantería Reforzada (Unidad Regional I), La Calamita y la Jefatura de Policía de Rosario (Servicio de Informaciones); en Tucumán: Arsenal Miguel de Azcuénaga, la Escuelita de Famaillá, la Jefatura de Policía de Tucumán y el sitio de inhumación de cadáveres NN Pozo de Vargas; en Entre Ríos: el Escuadrón de Comunicaciones Blindado II, ubicado en Paraná.
Por otra parte, el fondo fotográfico documenta eventos institucionales de relevancia en el ámbito de los derechos humanos. Entre ellos se encuentran la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 en conmemoración del 30 aniversario de su primera visita en 1979; la visita institucional del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Doctor Ricardo Lorenzetti, junto a referentes de organismos de derechos humanos; la presentación del informe sobre juicios por delitos de lesa humanidad, realizada el 10 de agosto de 2010; la conferencia de prensa por el hallazgo de los restos de Manuel Coley Robles; y la inspección ocular al establecimiento Cromañón.

Esta parte reúne fotografías tomadas por Martín Kraut en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura cívico militar, en el Centro Clandestino de Detención El Vesubio, a cargo del Tribunal Oral Federal Número 4, por el que estuvieron imputados Héctor Humberto Gamen, Pedro Alberto Durán Sáenz, Hugo Idelbrando Pascarelli, Ramón Antonio Erlán, José Néstor Maidana, Roberto Carlos Zeoliti, Diego Salvador Chemes y Ricardo Néstor Martínez.

Esta parte reúne fotografías tomadas por Martín Kraut en el marco del juicio conocido como "Plan sistemático" llevado adelante por el Tribunal Oral Federal Número 6 de la Capital Federal en el que fueron juzgados los ex Presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone así como Rubén Oscar Franco, Jorge Eduardo Acosta, Antonio Vañek, Santiago Omar Riveros, Jorge Azic y Jorge Luis Magnacco, por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años en el marco de la última dictadura cívico militar.

Fotografía de los cuatro imputados, sus defensores, los jueces, los fiscales y parte del píblico presente en el recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.

Fotografía de dos de los acusados, Walter José Grosse y Omar Ferreyra, al salir del recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.

Fotografía de Osvaldo Fernández, uno de los testigos y hermano del secuestrado y asesinado Jorge Fernández, brinda testimonio ante las miradas de los cuatro imputados y sus defensores, dentro del recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.

Fotografía de Osvaldo Fernández, uno de los testigos y hermano del secuestrado y asesinado Jorge Fernández, brinda testimonio ante las miradas de los cuatro imputados, sus defensores y el público presente dentro del recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.

Fotografía de Osvaldo Fernández, uno de los testigos y hermano del secuestrado y asesinado Jorge Fernández, brinda testimonio ante las miradas de los cuatro imputados, sus defensores y el público presente dentro del recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.

Fotografía de Osvaldo Fernández, uno de los testigos y hermano del secuestrado y asesinado Jorge Fernández, brinda testimonio ante las miradas de los cuatro imputados, sus defensores y el público presente dentro del recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.

Fotografía de tres de los imputados y sus defensores, testigos, público presente y personal del Servicio Penitenciario Federal en plena audiencia dentro del recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.

Fotografía de familiares y público presente en plena audiencia dentro del recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.

Fotografía de dos de los acusados, Walter Grosse e Ignacio Aníbal Verdura, en plena audiencia dentro del recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.

Fotografía de dos de los acusados, Walter Grosse e Ignacio Aníbal Verdura, en plena audiencia dentro del recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.

Fotografía de uno de los acusados, Walter Grosse, dando testimonio frente al tribunal dentro del recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.

Fotografía de uno de los acusados, Walter Grosse, dando testimonio frente al tribunal dentro del recinto de aulas del complejo universitario UNICEN, Universidad Nacional del Centro, lugar dónde se llevó a cabo el juicio. Olavarría.