Fotografía de Elisa de Boy, viuda de Rogelio Rodríguez, con su hijo Manuel en el cortejo fúnebre de su marido hacia el Congreso nacional; Rodríguez fue muerto por un disparo de bala en la cabeza el 4 diciembre en los incidentes entre militares, policías y civiles en villa Martelli. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de policías en el cementerio de Moreno en el marco de la exhumación de tumbas NN. Moreno, Provincia de Buenos Aires.

Fotografía de María Sara Buthler y Eduardo Jurado, tíos de Laura Scaccheri, protestan frente a la Cámara Federal de apelaciones por la decisión judicial que los obliga a devolver a la niña a la familia que la tuvo a raíz de la desaparición de sus padres. La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Fotografía de una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo por el caso de la menor Laura Scaccheri; de izquierda a derecha María Cristina Scaccheri, María Isabel Chorobik de Mariani, Estela de Carlotto y Norberto Livsky. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de los abogados Raúl Schnabel y Tilsa Albani durante una conferencia de prensa en la sede de familiares de desaparecidos, para informar sobre la presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acerca de la situación de cuatro presos políticos que aún quedan detenidos en Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de manifestación de Madres de Plaza de Mayo, en Plaza de Mayo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, juto a Arlette Domon y Christian Domon (prima y sobrino de la monja francesa desaparecida Alice Domon) y los religiosos Charles Blancoy (cura párroco de Perugorria) y Michelle Bonnemaison (sacerdote de la misión francesa) durante la conferencia de prensa referida al ascenso de Alfredo Astiz. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía Luis Zamora junto a un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo en Tribunales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de Tamara Ana María Arze, niña apropiada luego de la detención de su madre en una manifestación organizada por Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura; a la derecha Rosa Mary Riveros, la madre de Tamara. París, Francia.

Fotografía de Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo, junto a ex detenidos de la dictadura cívico militar, en una marcha en Plaza de Mayo en repudio por los desprocesamientos dispuestos por la corte suprema de Justicia a los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de la caja fuerte de la casa de Madres de Plaza de Mayo, vandalizada por un robo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de la Madre de Plaza de Mayo Claudia Perepichay de San Martín, frente a la casa de Gobierno luego de la ronda de los jueves en el marco de la cual se reclamó la libertad de Graciela Daleo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de una habitacion infantil, relacionada con el caso de la apropiación de Paula Logares por parte del comisario Rubén Luis Lavallén en la última dictadura cívco militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La colección está conformada por el registro de actividades y actos realizados por las diferentes juntas militares, así como también las movilizaciones impulsadas por los organismos de derechos humanos desde la dictadura cívico-militar de 1976 hasta la primera mitad de los años ´80. Hay también numerosos registros de la guerra de Malvinas tomados por fotógrafos de la agencia. Por otra parte integran esta colección los registros de los conflictos sociales y políticos ocurridos en la Argentina a partir del año 2001 y fotografías referidas a los juicios de lesa humanidad.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Fotografía tomada por Enrique Ezequiel Shore durante la inspección ocular realizada en el ex Centro Clandestino de Detención Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2) por el equipo de investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). En esta inspección participaron, por la CONADEP, el Diputado Nacional Santiago Marcelino López, el Secretario de Procedimientos Raúl Aragón, el Sr. Carlos de la Torre, el arquitecto Carlos Ocampo y el fotógrafo Enrique Ezequiel Shore acompañados por el Diputado Provincial y Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, José Eduardo Simionato y el Jefe de Dirección de Informaciones Comisario Inspector, Raúl Armando Gómez; y los testigos Nicolás Antonio Zárate, Alfredo Daniel Hervida, Vicente Antolín, Silvia Susana Ontiveros, Roberto Marmolejo, Nerio Neirotti, Eugenio Ernesto Paris, Alicia Beatriz Morales de Galamba, Fernando Rule Castro, Raúl Eduardo Acquaviva, Víctor Manuel Sabatini y Guadalupe González. Mendoza, Provincia de Mendoza.

Fotografía tomada por Enrique Ezequiel Shore durante la inspección ocular realizada en el ex Centro Clandestino de Detención Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2) por el equipo de investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). En esta inspección participaron, por la CONADEP, el Diputado Nacional Santiago Marcelino López, el Secretario de Procedimientos Raúl Aragón, el Sr. Carlos de la Torre, el arquitecto Carlos Ocampo y el fotógrafo Enrique Ezequiel Shore acompañados por el Diputado Provincial y Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, José Eduardo Simionato y el Jefe de Dirección de Informaciones Comisario Inspector, Raúl Armando Gómez; y los testigos Nicolás Antonio Zárate, Alfredo Daniel Hervida, Vicente Antolín, Silvia Susana Ontiveros, Roberto Marmolejo, Nerio Neirotti, Eugenio Ernesto Paris, Alicia Beatriz Morales de Galamba, Fernando Rule Castro, Raúl Eduardo Acquaviva, Víctor Manuel Sabatini y Guadalupe González. Mendoza, Provincia de Mendoza.

Fotografía tomada por Enrique Ezequiel Shore durante la inspección ocular realizada en el ex Centro Clandestino de Detención Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2) por el equipo de investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). En esta inspección participaron, por la CONADEP, el Diputado Nacional Santiago Marcelino López, el Secretario de Procedimientos Raúl Aragón, el Sr. Carlos de la Torre, el arquitecto Carlos Ocampo y el fotógrafo Enrique Ezequiel Shore acompañados por el Diputado Provincial y Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, José Eduardo Simionato y el Jefe de Dirección de Informaciones Comisario Inspector, Raúl Armando Gómez; y los testigos Nicolás Antonio Zárate, Alfredo Daniel Hervida, Vicente Antolín, Silvia Susana Ontiveros, Roberto Marmolejo, Nerio Neirotti, Eugenio Ernesto Paris, Alicia Beatriz Morales de Galamba, Fernando Rule Castro, Raúl Eduardo Acquaviva, Víctor Manuel Sabatini y Guadalupe González. Mendoza, Provincia de Mendoza.