La colección se compone de una copia digital del expediente 17.092 por infracción del Art Nº5 Ley 20.840 y Ley 21.261 de Andrés Staldeker y otros, perteneciente al Juzgado Federal de 1º instancia Azul, Olavarría, Buenos Aires, Secretaría en lo Criminal y Correccional. Incluye a José Ricciardi detenido acusado por "extremista" y preso en la Unidad de Azul. Este expediente fue solicitado al Juzgado de Azul por su hija Rosana.
Además, la colección incluye una investigación (PDF 26 páginas) de Rosana Ángela Ricciardi, Profesora en Psicopedagogía y Especialista en nivel superior en Educación y Derechos Humanos, titulada "La mirada local del rol empresarial, de civiles de los medios de comunicación durante la dictadura militar de 1976 y su relación con la detención y desaparición de obreros". Asimismo integran la colección un proyecto de su autoría del curso "Los sitios y espacios de memoria: políticas públicas para la construcción de derechos" que se presentó en el curso sobre sitios de memoria de la escuela provincial de DDHH, así como un mapa de su autoría en conmemoración del 24 de marzo para un concurso.

Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064199/2011 vinculado a una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064302/2011 sobre comunicación referente al caso N° 10.506 que tramita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en referencia a María Arena en el que se denuncia a las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal que, alegando razones de seguridad, practican revisiones e inspecciones vaginales a las mujeres familiares de presos detenidos en los establecimientos bajo su control.

Esta sección reúne documentación que recopiló Carlos A. González Gartland al ser miembro del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) en el cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. El SIJAU fue creado en 1976 y tenía como objetivo desarrollar la opinión a favor de la anmnistía general e irrestricta en Uruguay, velar por el respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales en ese país, denunciar su violación e iniciar las acciones que fueran útiles; asistir a las víctimas de la represión y sus representantes; cooperar con las organizaciones internacionales de Derechos Humanos; e impulsar la realización de estudios jurídicos y su publicación. Contaba con su sede central en París, Francia, y con dos sedes en América Latina: una en San Pablo, Brasil y otra en Buenos Aires, Argentina. Esta última tenía su sede en Tucumán 1438, oficina 110, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este sentido, la documentación que contiene esta sección es tanto del SIJAU como de diversos organismos de derechos humanos con los que esta organización se relacionaba como ser el Centro de Estudios Legales y Sociales, ya que este era su representante legal en Argentina; Servicio por la Paz y la Justicia; Madres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina (MUDA); Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaprecidos (AFUDE); Amnistía Internacional; Comision Argentina de Solidaridad (CAS); Abuelas de Plaza de Mayo; Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina y Paraguay; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; Unión de Obreros y Empleados de FUNSA; Federación Lationamericanca de Asociaciones de Familiares Deternidos Desaparecidos; Grupo de Madres de Procesados por la Justicia Militar; Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos (OSEA); Comisión Internacional de Juristas; Asocioación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU); Asiociación Social y Cultural de Estudiantes de la Eseñanza Pública (ASCEEP); Comité de Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur, de la Comisión Arquidiocesana de los Derechos Humanos y Marginados de Sao Paulo (CLAMOR).
Esta documentación está agrupada bajo la denominación SIJAU dando cuenta del rol que tuvo Carlos A. González Gartland en esta organización tanto en la búsqueda de ciudadanos uruguayos detenidos/desaparecidos como abogado de víctimas y las acciones tomandas por el SIJAU en el cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades, tanto en Uruguay como en otros países como ser Argentina y Chile.

Esta serie reúne la documentación que refiere a las actuaciones judiciales tanto de Carlos A. González Gartland como otros juristas en temas referidos al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, por otro lado cuenta con poderes concedidos por los familiares de víctimas del terrorismo de Estado a letrados para su representación. Contiene copias de expedientes, cédulas de notificación, presentaciones ante la Justicia, certificados de nacimiento y anotaciones manuscritas sobre las causas. Por último, contiene presentaciones solicitando los beneficios otorgados por las leyes reparatorias, Ley 24411, Ley 24046, Ley 24906, Ley 25914, estas incluyen copias de legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación (SDH).