Postal realizada por el Archivo Nacional de la Memoria y la Secretaría de Cultura de la Nación, a los 40 años de la masacre de Trelew y en el marco del juicio oral, impresas con el rostro y el nombre de Rubén Pedro Bonet, militante político fusilado el 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, acompañada de una pequeña biografía y la leyenda Memoria Verdad Justicia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Postal realizada por el Archivo Nacional de la Memoria y la Secretaría de Cultura de la Nación, a los 40 años de la masacre de Trelew y en el marco del juicio oral, impresas con el rostro y el nombre de Susana Graciela Lesgart de Yofre, militante política fusilada el 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, acompañada de una pequeña biografía y la leyenda Memoria Verdad Justicia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Artículo del representante demócrata por Massachusetts, Padre Robert Drinan, en la Revista católica Commonwealth de Estados Unidos en el cual relata el secuestro de Josefa Martínez ocurrido en Córdoba en 1976, el día después que Martínez declarase ante una misión de Amnistía Internacional (AI) que realizaba una visita a la Argentina, misión con la que Drinan estaba colaborando. Además expone el caso de Mónica Mignone, profesora e hija de Emilio Fermín Mignone, secuestrada y desaparecida en Buenos Aires en mayo de 1976. Se refiere también al asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos ocurrido el 4 de julio de 1976 en la Iglesia de San Patricio de la Ciudad de Buenos Aires y a un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina fechado el 15 de abril de 1976. Critica también la inacción de la prensa y de gran parte de la Iglesia Católica argentina ante los casos de Terrorismo de Estado. Cierra haciendo un pedido al Congreso de que se suspenda la ayuda militar y financiera a la Argentina dictatorial.

Discurso del reverendo Joseph Eldridge, Co-director de la Washington Office on Latin America (WOLA) ante el Presidente y demás miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C el 3 de noviembre de 1976. En este discurso, Eldridge pide que, en ejercicio de su mandato, se ocupen inmediatamente de la grave situación en Argentina dada la ineficacia de los mecanismos judiciales para prevenir las violaciones a los derechos humanos. Cita el caso del secuestro del Reverendo Weeks y religiosos a él asociados, además de numerosos casos de arrestos ilegales, desapariciones, asesinatos, secuestros y torturas. Menciona que, dado el enorme volumen de información y documentación reunida por el WOLA, urge que la CCIDH evalúe la posibilidad de realizar una visita in loco a la Argentina tal como también lo habían pedido el Senador Kennedy y el diputado Fraser. Señala su preocupación por la falta de garantías legales para los refugiados políticos que se hallan en Argentina y cita el caso del ciudadano uruguayo Juan Ferreira y su padre, un ex senador, que se vieron obligados a abandonar Argentina por las amenazas de muerte recibidas. Además, Eldridge denuncia la cooperación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad uruguayas y argentinas tanto en el Caso Ferreira como en otra gran cantidad de casos de refugiados uruguayos en Argentina. Cita también el secuestro y posterior desaparición de la ciudadana uruguaya Ana Ines Quadros de Stauch en Buenos Aires el 13 de julio de 1976. Agrega asimismo el testimonio de un detenido uruguayo en Buenos Aires que reconoció a oficiales de Inteligencia uruguayos en su secuestro y posterior liberación a cambio de que juntara y entregara enormes sumas de dinero para garantizar la vida de otros detenidos-desaparecidos uruguayos en Argentina. Realiza un análisis de la destrucción desde noviembre de 1974 del sistema judicial de protección democrática y enumera dos Informes que le fueron presentados al WOLA: Uno realizado por la Argentine Commission on Human Rights (CADHU) con Sede en Washington y otro titulado "La situación de los Derechos Humanos en Argentina". Eldridge cita luego los testimonios sobre violaciones a los Derechos Humanos en Argentina presentados ante Donald Fraser, Presidente del Subcomité de Organizaciones Internacionales del Congreso de los Estados Unidos realizado los días 28 y 29 de septiembre de 1976, entre los cuales se citan los del Padre J. Bryan, el Rabino Burton Levinson y el del mismo Reverendo Weeks. Eldridge cita luego numerosos documentos recibidos por el WOLA y que también son anexados a la CIDH, entre ellos de Amnesty International, el National Council of Churches, la International Federation of the Rights of Man y el International Movement of Catholic Jurists; una carta de Esteban Torres del sindicato Auto Workers Union; una carta del Profesor Laurence Birns del Council on Hemispheric Affairs (COHA); una carta del Profesor Brady Tyson de la Latin America Studies Association junto a un Informe sobe libertad académica y Derechos Humanos en Argentina y una carta del Catholic Institute for International Relations. Finalmente, Eldridge cierra su discurso con un pedido a los miembros de la CIDH de que revisen, sopesen e investiguen las denuncias y el material proporcionado y luego actúen de manera urgente sacando las necesarias conclusiones y formulando las recomendaciones apropiadas. Luego sigue una lista de 18 con indicaciones de la documentación anexada.

Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre observancia de los Derechos Humanos Internacionales y sus implicancias para la política de los Estados Unidos. Una nota mecanografiada indica que este informe sobre el “status” de los Derechos Humanos en Argentina fue pedido al Departamento de Estado por el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes el 15 de septiembre de 1976 bajo la sección 502(c) de la Ley de Ayuda Militar, la así llamada “cláusula de los derechos humanos”. También menciona que el informe fue remitido al Comité en noviembre de 1976 como documento clasificado mientras que la versión no-clasificada, que es este informe, fue lanzada el 27 de diciembre de 1976. Finalmente, la nota señala que se debe tener en cuenta que este Informe fue preparado por el Departamento de Estado con la intención de justificar la continuación de la ayuda militar de Estados Unidos a la Junta Militar argentina.
El informe en si se divide en 4 partes. La primera trata sobre la situación política y la situación legal. Respecto de la situación política, el informe se asegura que el golpe de 1976 marzo fue precipitado por la seria inestabilidad política y económica, la inflación, la recesión, la deuda externa y la violencia política que en 3 años, del 73 al 76, costó 2000 vidas y entre 1976 marzo y 1976 septiembre, aseguran, 1000 vidas. Culpan del inicio del actual ciclo de violencia al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, ambas “organizaciones terroristas dedicadas a la revolución violenta” que trabajaban en conjunto con guerrillas de Uruguay, Chile y Bolivia cuyos miembros, cuando hubo golpes de estado en esos países se refugiaron en Argentina. Respecto de analizan la Constitución del 1853, justifican los decretos y leyes promulgados por la dictadura ya que tienen precedencia sobre la constitución en caso de conflicto según reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para finalizar explicando, y también justificando, el Estado de Sitio decretado por Isabel Martínez en 1974 noviembre 06 la consiguiente suspensión del habeas corpus, la detención por tiempo indefinido y el traslado de presos acusados de un lugar a otro.
La segunda parte trata sobre el avance de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. Se analizan diversos casos de violaciones a los derechos a la vida, libertad y seguridad de las personas cometidos por “terroristas a ambos extremos del espectro político” pero dando prioridad al “terrorismo” de derecha y ultraderecha. Se menciona a la Triple A, a la Masacre de Pilar ocurrida el 30 de agosto de 1976, al Informe de Amnistía Internacional del año 1975-76, a la muerte del agente consular norteamericano John Patrick Egan en Córdoba en 1975 y al intento de secuestro del empleado de la USIA Alfred Laun también en Córdoba en 1975, al caso de tortura denunciado por Olga Talamante cuando era presa política en Argentina, al caso de tortura denunciado por la ciudadana norteamericana Gwenda Mae Loken López también presa política en Argentina, al caso denunciado por el Reverendo James Weeks ante el Congreso de USA. Se aclara que en general los argentinos disponen de libertades que los igualan ante la ley mas allá de su religión o raza, que son libres de salir del país y retornar al mismo pero cita la persecución a los Testigos de Jehová y la ola de antisemitismo como dos problemas graves. Esta parte finaliza poniendo en duda que que exista total libertad de expresión y opinión.
La tercera parte trata sobre la acción del gobierno de los Estados unidos en el área de Derechos Humanos. Se describen los esfuerzos realizados por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para tratar el tema de la violación a los derechos Humanos ante distintas autoridades militares, ministros, oficiales de las Fuerzas Armadas y altos cargos de la dictadura. Se enumeran en un listado los distintos temas que fueron tratados y discutidos con las autoridades de facto argentinas y se citan algunas de las respuestas obtenidas por parte del gobierno de facto de la Argentina. Se describen también los esfuerzos realizados a pedido del Congreso de Estados Unidos y de ciudadanos y ciudadanas norteamericanas acerca del paradero de ciudadanos norteamericanos y argentinos mantenidos en detención o desaparecidos. Por último, se mencionan los esfuerzos del embajador norteamericano en Buenos Aires y de varios equipos de prensa del gobierno norteamericano para informar a la opinión pública y los medios de prensa argentinos sobre la posición de los Estados Unidos en el tema de Derechos Humanos. Además, se destacan los esfuerzos realizados por autoridades políticas y militares norteamericanas para explicarles a los funcionarios de la dictadura las legislaciones vigentes en los Estados Unidos respecto a la ayuda militar a otros países.
La cuarta parte trata sobre el Programa de Ayuda en Seguridad de los Estados Unidos. Se citan las sumas destinadas para el año 1977 en ayuda en seguridad, créditos para ventas militares y entrenamiento militar y se hace notar que esas sumas fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos poco después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Aclara que los Estados Unidos no ayudan a la Policía de Argentina salvo en temas relacionados con el control y tráfico de narcóticos y que los créditos otorgados son para temas de investigación y desarrollo y no para contrainsurgencia. Afirma que la ayuda en seguridad es de extrema importancia para la cooperación con las Fuerzas Armadas argentinas y para promover y proteger los intereses norteamericanos en Argentina. Hacia el final del inorme se hace conocer la posición del Departamento de Estado que apoya la continuación de la ayuda en seguridad a la Argentina con el fin de preservar la relación profesional con las Fuerzas Armadas argentinas y demostrar el interés de los Estados Unidos en mantener relaciones constructivas y promover los objetivos delineados anteriormente.