La colección consiste en la publicación realizada por la Universidad titulada "Repositorio Documental de la Memoria de la UNLPam". Dicha producción es el resultado del trabajo realizado en el marco del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos que consistió en el relevamiento del expediente judicial caratulado "Actuaciones instruidas s/averiguación de delitos de lesa humanidad", expedientes Nº 13/09 y 615/10 tramitados ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, en los que la Universidad se constituyó como parte querellante. En dicha investigación, se destacan las trayectorias de los y las detenidos-desaparecidos de la Universidad, ya sea que fueran estudiantes, docentes, no docentes o autoridades al momento de su secuestro.

Esta serie reúne correspondencia de Celia Jinkis de Korsunsky, mayormente vinculada a la detención y desaparición de su hijo, Eduardo Korsunsky, en agosto de 1976. Muchas de las cartas, y algunos borradores de las mismas, están dirigidas a diversas autoridades civiles y eclesiásticas así como a las Fuerzas Armadas y de Seguridad solicitando ayuda para dar con el paradero de Eduardo. Asimismo hay algunas cartas enviadas o recibidas de organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras a embajadas de diferentes países. Entre las respuestas recibidas, ninguna ofrece información de su hijo. Estas comunicaciones registran la intensa búsqueda de su hijo que Celia llevó adelante desde el día de su desaparición.

Esta serie reúne folletos, programas, volantes e invitaciones a actividades culturales vinculadas a la Memoria, muchas de ellas en homenaje a personas detenidas desaparecidas, especialmente de Bahía Blanca y la región así como a defensores de los derechos humanos. Asimismo la serie incluye algunas fotocopias de canciones y poesías y una xilografía de la artista pampeana Raquel Pumilla en memoria de los treinta mil detenidos desaparecidos.

El fondo se compone de la copia de la documentación producida en el marco de la causa Nº 14216/03 caratulada "Suarez Mason Carlos Guillermo y otros sobre privación ilegal de la libertad" conocida como "Primer Cuerpo del Ejército" tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, Secretaría Nº 6. En particular, contiene los cuerpos de la causa y la documentación aportada como prueba. Además contiene copias de causas conexas, tanto los cuerpos como documentación de prueba. Entre ellas, causas Nº 00393/2001 “N.N s/privación ilegítima de la libertad”, Nº 02083-2005 “Viollaz Miguel Alcides y Mercado”, Nº 02637-2004 “Vaello Orestes y otros s-PIL - CCD Automotores Orletti”, Nº 03774-2012 “Compañía Mecanizada 10 de Pablo Podestá”, Nº 03993-2007 “Cuatrerismo”, Nº 05530-2012 “N.N. Quinta La Pastoril”, Nº 07273-2006 - Mansión Seré”, Nº 08238-2014 “Ruiz Juan Carlos”, Nº 08405-2010-T01 “D’Alessandri Obdulio y otros – PIL”, Nº 10684-2015 “Operativo calle Corro 105”, Nº 11657-2006 “N.N. S/ delito de acción pública”, Nº 11758-2006 “Bignone Reynaldo y otros”, Nº 12544-2013 “Sheraton”, Nº 12920-2016 “Pais, Alicia Rosalía”, Nº 13841-2015 “Causa CELS”, Nº 29451-2012 “Gordillo Roberto Edgardo” y Nº 42335 “Bis Rodríguez Larreta Enrique”.
La causa comprende la investigación de los hechos que se atribuyen a personal dependiente del Primer Cuerpo del Ejército o sometido operacionalmente a él, ocurridos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gran parte de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa, y que no fueron incluidos en la causa N° 44 incoada en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional. La causa 14216/03 tiene su origen en la causa Nº 450 “Suarez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ homicidio, privación de la libertad, etc.” tramitada ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, como continuación de las actuaciones iniciadas en el marco del Código de Justicia Militar. La sanción de las leyes de “obediencia debida” y “punto final” implicó la paralización del trámite de las actuaciones y la suspensión del proceso, entre 1987 y 2003, con relación a aquellas personas que se encontraban legitimadas pasivamente en las mismas. La causa fue reabierta en septiembre de 2003 como consecuencia de la sanción de la ley 25.779, que declaró nulas dichas leyes. Desde el momento de la reapertura de las actuaciones, el Juzgado dispuso hasta el momento el procesamiento 100 implicados pertenecientes al Ejército Argentino y a diversas fuerzas de seguridad, incluyendo al Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Secretaría de Inteligencia del Estado.