La colección reúne fotografías de diversos juicios vinculados a crímenes de lesa humanidad entre los que se encuentran la causa de Ernestina Herrera de Noble por apropiación de bebés, la sentencia del juicio por la Masacre de Cromañón, el juicio ESMA, el juicio Campo de Mayo II, el juicio Plan Sistemático, el juicio Automotores Orletti, el juicio Vesubio, la sentencia del juicio ABO (Club Atlético – Banco – Olimpo) y el juicio Campo de Mayo III.
Asimismo, hay numerosas fotografías de inspecciones oculares en ex Centros Clandestinos de Detención (CCD) ubicados en distintas regiones del país. Entre ellos están, en Bahía Blanca: Base de Infantería de Marina "Baterías" (Batería VII), Escuelita de Bahía Blanca, la Policía de Establecimientos Navales (Base Naval Puerto Belgrano) y Buque 9 de Julio (Base Naval Puerto Belgrano); en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Automotores Orletti, Club Atlético, Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Olimpo y Virrey Cevallos; en la provincia del Chaco: la Dirección de Investigaciones de la Provincia de Chaco y fotografías tomadas en el Monumento a Margarita Belén; en Córdoba: el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D-2), La Perla y Campo de la Ribera; en Corrientes: el Regimiento de Infantería 9; en la provincia de Buenos Aires: Campo de Mayo, Mansión Seré, el Pozo de Banfield, las comisarías 5 y 8 de La Plata, el Destacamento de Arana y la Unidad Penal 9 de La Plata; en Mar del Plata: Base Naval Mar del Plata (Agrupación de Buzos Tácticos), la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y La Cueva (Base Aérea Militar); en Rosario: la Comisaría 6, la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, la Guardia de Infantería Reforzada (Unidad Regional I), La Calamita y la Jefatura de Policía de Rosario (Servicio de Informaciones); en Tucumán: Arsenal Miguel de Azcuénaga, la Escuelita de Famaillá, la Jefatura de Policía de Tucumán y el sitio de inhumación de cadáveres NN Pozo de Vargas; en Entre Ríos: el Escuadrón de Comunicaciones Blindado II, ubicado en Paraná.
Por otra parte, el fondo fotográfico documenta eventos institucionales de relevancia en el ámbito de los derechos humanos. Entre ellos se encuentran la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 en conmemoración del 30 aniversario de su primera visita en 1979; la visita institucional del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Doctor Ricardo Lorenzetti, junto a referentes de organismos de derechos humanos; la presentación del informe sobre juicios por delitos de lesa humanidad, realizada el 10 de agosto de 2010; la conferencia de prensa por el hallazgo de los restos de Manuel Coley Robles; y la inspección ocular al establecimiento Cromañón.

La colección consta de una copia digital de una fotografía de Alicia Raquel Puchulu de Drangosch la cual documenta la entrega de un premio por parte de la organización holandesa de solidaridad con las Madres de Plaza de Mayo, Steun aan Argentijnse Moeders (SAAM).
Alicia Raquel Puchulu de Drangosch (5 de febrero de 1917 – 30 de septiembre de 2013), referente de la lucha por los derechos humanos, encabezó la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) en Holanda, país donde debió exiliarse a raíz de la brutal persecución ejercida por la última dictadura cívico militar argentina contra ella y su familia.
Sus hijos, Adriana y Hugo Ricardo Drangosch, fueron asesinados antes del golpe de Estado de 1976, y sus yernos Mario Rodríguez, Arnaldo del Valle Moyano y Samuel Leonardo Slutzky permanecen desaparecidos. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, Alicia Raquel Puchulu de Drangosch se exilió junto a una de sus hijas y sus nietos, primero en Brasil y luego en Holanda. En Ámsterdam, junto a otros exiliados, fundó COSOFAM, organización que presidió y desde la cual promovió activamente acciones de solidaridad internacional con las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina y en otros países de América Latina. También actuó en representación de Madres de Plaza de Mayo, llevando su testimonio y su compromiso a escenarios internacionales, y contribuyendo al sostenimiento de la memoria, la verdad y la justicia desde el exilio.

La subserie está compuesta por entrevistas audiovisuales a directores de cine que hacen foco en la relación entre cine, política, memoria y derechos humanos. La iniciativa surgió en el marco de la entrega al Archivo Nacional de la Memoria de registros fílmicos -mayormente en 16 mm- que fueron producidos entre 1972 y 1975 por el Grupo de Cine Peronista de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Estos registros formaron parte del acervo documental del Archivo Nacional de la Memoria hasta 2023 cuando fueron devueltos a pedido del productor.
Los seis integrantes del grupo que testimonian -Andrés Azor, Adam Reynaldo Huck, Nemesio Juárez, Antonio Leiva, Luis Paredes y José Edgardo Pereyra- exponen el derrotero del estas cintas fílmicas que, durante la última dictadura militar y luego del asesinato y desaparición de muchos de los integrantes del grupo, fue ocultado en los laboratorios Alex y Cinecolor. Una vez recuperada la democracia, y luego de muchos años en los que no se supo con exactitud el destino del material, pudo ser parcialmente recuperado.
A estos testimonios se suma el de Fernando Krichmar, que atravesó como militante en Rosario, la hiperinflación y los saqueos de la última etapa del gobierno de Alfonsín, y filmó la crisis del año 2001. Krichmar da cuenta de la conformación, en ese contexto, de diferentes grupos de documentalistas que buscaban democratizar el acceso al financiamiento ante el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Borrador de acta de la vigesimoprimera reunión de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP). Se menciona que se difundirá un texto anunciando que el período de recepción de denuncias culminará el 31 de mayo de 1984 (aunque no será la clausura absoluta).
En el marco de las informes por secretarías, la Secretaría de recepción de denuncias informe sobre nuevas denuncias y lo actuado. Entre ellas hay ampliaciones de testimonios. Se deja asentado que Secretaría solicita personal. También se establece que para la reunión siguiente las Secretarías de Denuncias, Asuntos legales y Procedimientos lleven una lista de casos tentativos para su inclusión en el informe. Asuntos legales vuelve a informar sobre la ausencia de respuesta acorde de las dependencias del Ministerio de Defensa. También se menciona el gran procedimiento en La Perla pautado para el día 3 de mayo. Se informa sobre una reunión sostenida con representantes de Amnistía Internacional (que indican que han enviado la documentación requerida) y otra con una delegación de la Cruz Roja que pone en conocimiento sobre sus visitas a las cárceles durante la dictadura. Hacen saber que en 1976 solo pudieron visitar cárceles oficiales pero que en 1978 recorrieron Coordinación Federal, La Ribera y el Penal de Magdalena. Se señala que la Cruz Roja efectúa un registro y ficha de cada detenido que envía a Ginebra. Finalmente, se menciona una reunión con los abogados de la American Bar Association.

La serie "Publicaciones de la CADHU" reúne las distintas publicaciones que realizó la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) con el objetivo de dar publicidad en diferentes formatos a investigaciones relativas a violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado Argentino e informaciones sobre la CADHU, sus misiones y su accionar. Entre las publicaciones se encuentra "Proceso al Genocidio", primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar.
Dentro de estas publicaciones, pueden encontrarse testimonios de personas sobrevivientes de centros clandestinos de detención, que eran dados a conocer por la CADHU para dar máxima difusión a estos hechos. Para ampliar el alcance de la denuncia internacional, algunos de estos testimonios fueron publicados en otros idiomas además del español, como en francés. Del mismo modo, se sintetizaron informaciones extraídas de los testimonios y fueron publicadas en formato de informe, centradas en el funcionamiento de los centros clandestinos de detención como La Perla y la Escuela de Mecánica de la Armada.
Asimismo, dentro de esta serie, se reúnen distintos informes realizados y publicados por la CADHU con el objetivo de denunciar algún aspecto específico del Terrorismo de Estado, como las condiciones de los presos políticos en las cárceles en Argentina o el rol de la Iglesia Católica Argentina durante la dictadura; así como informes producidos por organismos internacionales, como las Naciones Unidas.
Por último, se incluyen listados de personas denunciadas como desaparecidas recopilados en base a datos propios de las denuncias recibidas por la CADHU y a listados publicados por distintas organizaciones.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064324/2011 que contiene la comunicación recibida por el Centro de Naciones Unidas por parte de la comunidad guaraní Fortín Mboraré relativa a la vulneración de sus derechos humanos. Esta comunicación, fue a su vez remitida por el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la Misión Permanente de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y, por su intermedio y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, fue recibida por el entonces Ministerio de Educación y Justicia.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064302/2011 sobre comunicación referente al caso N° 10.506 que tramita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en referencia a María Arena en el que se denuncia a las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal que, alegando razones de seguridad, practican revisiones e inspecciones vaginales a las mujeres familiares de presos detenidos en los establecimientos bajo su control.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064325/2011 en relación a la comunicación 1131/89 de la Misión Permanente de la República Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra la cual remite una carta del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en la que da cuenta del 28 período de sesiones de dicho grupo, informa que el Grupo de Trabajo examinó y dio por aclarados los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado, al tiempo que solicita información para la solución de casos de desapariciones aún no resueltos.