La causa, conocida como "Causa Camps (44), se inició a raíz del Decreto 280/84, del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 18 de enero de 1984, que dispuso someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al General (R) Ramón Juan Alberto Camps, con motivo de las declaraciones prestadas por el nombrado y en donde habría reconocido su participación directa en la comisión de numerosos delitos. Entre los hechos más conocidos investigados en esta megacausa se encuentran “La noche de los lápices”, el secuestro del “grupo Graiver”, los secuestros de Jacobo Timerman y Jorge Julio López y el ataque a la “casa de Calle 30 Mariani Teruggi”, incluida la apropiación de la niña Clara Anahí. Se juzgaron los secuestros, tormentos, torturas y desapariciones en perjuicio de 280 víctimas -entre ellas embarazadas, bebés nacidos en cautiverio y niños secuestrados junto a sus padres- en los centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ta de La Plata, Puesto Vasco y Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez. En la sentencia dictada el 2 de diciembre de 1986 se dictaminó la condena de Jorge Antonio, Ramón Juan Alberto Camps, Norberto Cozzani Cabezón, Miguel Osvaldo Etchecolatz Santillán; Ovidio Pablo Ricchieri y Ovidio Pablo.
El fondo se compone de la copia digital de los 57 cuerpos la causa, las actas mecanografiadas de las sesiones y la documentación aportada como prueba por las partes durante el desarrollo del juicio.

La colección está organizada por años en función de las diferentes tandas de entrega de documentos (2002, 2016 y 2019)
La primera tanda, de 2002, consiste en 4600 documentos aproximadamente, de 16.000 fojas, del Departamento de Estado (agencia gubernamental dedicada a la política exterior), datados del 1 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1984. Se encuentran divididos en 34 agrupamientos (volúmenes) de 500 folios aproximadamente cada uno. Pueden encontrarse diferentes comunicaciones (cables, telegramas, telex) entre las embajadas norteamericanas en diferentes países, principalmente la embajada argentina, sobre distintos hechos y personas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Desde informes de reuniones con diferentes autoridades del gobierno de facto, como solicitudes de organizaciones de la sociedad civil que solicitan información sobre el paradero de detenidos-desaparecidos; en muchos casos adjuntan informes, panfletos, listados, proclamas y otros tipos de documentos de organizaciones denunciando estos hechos.
El segundo agrupamiento, de 2016/2017, está subdivido en tres entregas. Las fecha extremas de los documentos van del 1975 a 1987. La primera de agosto de 2016 que consta de un total de 1087 fojas donde se pueden encontrar documentos de las presidencias de Carter, Reagan y Bush. La segunda, de diciembre de 2016, dividida entre reportes, memorándums y brief diarios (breves informes diarios de inteligencia) para los Presidentes donde se puede observar aspectos de la relación del gobierno de Estados Unidos con las diferentes Juntas Militares de Argentina, así como las presiones que se producían por la liberación de ciertos detenidos que cobraban relevancia internacional, informes sobre distintos temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos en Argentina, veto de venta de armas, Plan Cóndor, conflictos entre diferentes autoridades del gobierno militar e incluso ya en democracia sobre el levantamiento militar de abril de 1987. Hay también informes generales sobre la situación en diferentes países, los cuales se encuentran completamente tachados, excepto lo de Argentina. Finalmente, la entrega de abril de 2017, ya con Trump como Presidente de Estados Unidos, contiene 813 documentos del Departamento de Estado desclasificados en el 2002 los cuales fueron revisadas las tachaduras, más 119 documentos seleccionados por la Oficina del Historiador (Office of the Historian) por su relevancia para un capítulo sobre Argentina, de un volumen sobre América Latina, en una publicación sobre la Política Exterior de Estados Unidos entre 1977 y 1980.
Finalmente, la última entrega, de 2019 contiene documentos provenientes no sólo de los documentos presidenciales y del Departamento de Estado, sino que incluye otras agencias gubernamentales como la CIA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, el FBI y del NARA (Archivos Nacionales y Administración de Archivos).
En total se entregaron 5600 documentos, 2100 del Departamento de Estado, 50.000 páginas, que aún hoy están siendo analizadas.

Borrador de acta de la cuarta reunión de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP). Se menciona que se acepta la cesión de espacios semanales de Radio Municipal para difundir las actividades de la Comisión. Se aprueba el proyecto de reglamento de la Comisión. Se reciben 10 carpetas de Abuelas de Plaza de Mayo. Se decide integrar un Grupo Coordinador de tareas con integrantes de Abuelas y de la Comisión (Graciela Fernández Meijide y Raúl Aragón). Se recibió a miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para tratar sobre los científicos detenidos desaparecidos. Se establece una remuneración para los secretarios de la Comisión (equivalente al de un juez de primera instancia).

Borrador de acta de la catorceava reunión de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP). Se menciona la incorporación de tres diputados nacionales como miembros plenos de la Comisión: Hugo Diógenes Piucill, Horacio Huarte y Santiago Marcelino López. En el marco del informe del Comité Ejecutivo se alude a reuniones y entrevistas sostenidas por la Comisión así como a una conferencia de prensa en la que se aclaró la situación respecto de difusión de noticias erróneas sobre presuntos impedimentos presentados por sectores militares a un procedimiento en Olavarría.
Asimismo se informa sobre la perspectiva de realización de procedimientos en III Cuerpo del Ejército con sede en Córdoba y sobre el reconocimiento con el testigo Solanille en La Perla y Loma del Torito en Córdoba, por enterramientos de víctimas de la represión. Se menciona que este procedimiento fue suspendido por orden de un juez militar y se decide oficiar al Ministerio de Defensa para continuarlo. Se hace referencia también a la participación en la reunión de integrantes de la delegación Córdoba de la Comisión. A continuación se detallan los informes de las diferentes secretarías, entre las cuales la de Asuntos Legales expone el avance de las gestiones para realizar un procedimiento en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se ranscribe un texto de resolución que se aprueba con el objeto de aportar a la validez instrumental de los documentos producidos por la Comisión, en particular los procedimientos. En tal sentido se deja asentado que la Comisión remitirá a la justicia los originales conservando copias autenticadas de la documentación recabada.

La serie "Publicaciones de la CADHU" reúne las distintas publicaciones que realizó la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) con el objetivo de dar publicidad en diferentes formatos a investigaciones relativas a violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado Argentino e informaciones sobre la CADHU, sus misiones y su accionar. Entre las publicaciones se encuentra "Proceso al Genocidio", primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar.
Dentro de estas publicaciones, pueden encontrarse testimonios de personas sobrevivientes de centros clandestinos de detención, que eran dados a conocer por la CADHU para dar máxima difusión a estos hechos. Para ampliar el alcance de la denuncia internacional, algunos de estos testimonios fueron publicados en otros idiomas además del español, como en francés. Del mismo modo, se sintetizaron informaciones extraídas de los testimonios y fueron publicadas en formato de informe, centradas en el funcionamiento de los centros clandestinos de detención como La Perla y la Escuela de Mecánica de la Armada.
Asimismo, dentro de esta serie, se reúnen distintos informes realizados y publicados por la CADHU con el objetivo de denunciar algún aspecto específico del Terrorismo de Estado, como las condiciones de los presos políticos en las cárceles en Argentina o el rol de la Iglesia Católica Argentina durante la dictadura; así como informes producidos por organismos internacionales, como las Naciones Unidas.
Por último, se incluyen listados de personas denunciadas como desaparecidas recopilados en base a datos propios de las denuncias recibidas por la CADHU y a listados publicados por distintas organizaciones.

Lista de personas detenidas desaparecidas, elaborada por el Argentina. Centro Único de Procesamiento Electrónico de Datos (CUPED), en la que se consigna un número, apellido paterno, apellido materno, apellido de casa, nombres, número de documento y fecha de desaparición.

Esta serie reúne la documentación que refiere a las actuaciones judiciales tanto de Carlos A. González Gartland como otros juristas en temas referidos al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, por otro lado cuenta con poderes concedidos por los familiares de víctimas del terrorismo de Estado a letrados para su representación. Contiene copias de expedientes, cédulas de notificación, presentaciones ante la Justicia, certificados de nacimiento y anotaciones manuscritas sobre las causas. Por último, contiene presentaciones solicitando los beneficios otorgados por las leyes reparatorias, Ley 24411, Ley 24046, Ley 24906, Ley 25914, estas incluyen copias de legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación (SDH).

Esta serie reúne comunicados de prensa, declaraciones, adhesiones y folletos de distintos organismos de derechos humanos recopilados en el marco del funcionamiento del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU). En su mayoría, refieren a la búsqueda de sus familiares, denuncias sobre las condiciones de detención, el estado de las cárceles, las condiciones de salud de las personas detenidas y adhesiones a eventos. Una parte de esta documentación se encontraba en carpetas con la codificación 2 y con etiquetas con los títulos "Publicaciones SIJAU", "Publicaciones MUDA", "Publicaciones AFUD", "Circulares y comunicados de prensa" y "Circulares y comunicados de prensa SIJAU", estos agrupamientos realizados por González Gartland se mantuvieron. Por otro lado, la serie reúne documentación que refiere a la actividad de madres de presos políticos en Uruguay en la búsqueda de amnistía y en la defensa de la salud de los presos políticos en Uruguay.

Fragmento de comunicado por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos; restitución de los niños apropiados; libertad de los presos políticos; desmantelamiento del aparato represivo; investigación, juicio y castigo a los culpables; inconstitucionalidad de las leyes de fallecimiento presunto, autoamnistía y antisubversiva; y la declaración de esos crímenes como delitos de lesa humanidad.