La colección reúne copias digitales de 845 afiches, volantes, folletos y recortes de prensa relativos a efemérides, marchas y otras actividades de Madres de Plaza de Mayo, organización de la que Haydée Gastelú (1928-2022) formó parte. Gastelú fue una de las catorce mujeres que, el 30 de abril de 1977, hicieron por primera vez la ronda alrededor de la pirámide en la Plaza de Mayo dado que su hijo, Horacio García Gastelú, había sido secuestrado y desaparecido junto a su pareja Ada Victoria Porta el 7 de agosto de 1976. Horacio permaneció secuestrado en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) -Coordinación Federal– y fue ejecutado en lo que se conoció como la masacre de Fátima. En el año 2001 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró los restos de Horacio.
Una parte importante de las copias digitales que forman parte de esta colección corresponde a las actividades propias de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, de la cual fue integrante Haydée Gastelú hasta su fallecimiento. Se encuentran también afiches vinculados a otros organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales. Asimismo hay una copia digital del acta de constitución de la Asociación Civil "Madres de Plaza Mayo" de agosto de 1979.

El agrupamiento se compone de la serie de registros fílmicos del juicio oral y público que se desarrolló entre 2017 y 2018 en el marco la “causa Ford” (Causa N° 2855 caratulada como "Müller, Pedro y otros s/privación ilegal de la libertad") del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín.
En el juicio se investigó y condenó la participación de altos funcionarios de la empresa “Ford Motor Argentina” en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra 24 trabajadores, algunos de ellos delegados gremiales, de la planta ubicada en la localidad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires. El juzgamiento de las responsabilidades empresariales comenzó en el año 2002 como desprendimiento de la investigación llevada adelante contra Santiago Omar Riveros, responsable militar de la jurisdicción en la que se encontraba la planta de Ford en el momento de los hechos. A lo largo del tiempo, esta causa tramitó en tres departamentos judiciales diferentes de la justicia federal, y tardó más de once años en ser elevada a juicio. Desde el año 2014 la causa estuvo radicada en el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, y el inicio del juicio oral fue postergado en una ocasión. El veredicto se dictó el 11 de diciembre de 2018. El tribunal integrado por los jueces Osvaldo Alberto Facciano, Mario Jorge Gambacorta y Eugenio J. Martínez Ferrero condenó a Santiago Omar Riveros a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; a Pedro Müller (Gerente de manufactura de Ford Motor Argentina) a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; y a Héctor Sibilla (Jefe de seguridad de la empresa) a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta durante la duración de las condenas, considerando a los dos últimos partícipes necesarios en los hechos criminales. Este fallo constituyó un hito histórico en los juicios por delitos de lesa humanidad, siendo la primera sentencia condenatoria en Argentina de altos funcionarios de una firma multinacional en términos de participación empresarial en delitos de lesa humanidad.

Nota periodística de José María Budassi publicada en el portal de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, titulada “Un Pañuelo de Bahía Blanca”. Informa sobre la presentación de Celia Jinkis de Korsunsky, Madre de Plaza de Mayo de Bahía Blanca, como querellante en la causa que investiga la desaparición de su hijo Eduardo Korsunsky en San Nicolás. La nota describe su asistencia al Juzgado Federal de San Nicolás provincia de Buenos Aires, a cargo del Dr. Carlos Villafuerte Ruzo.

Nota periodística de Diego Martínez publicada en Página 12, titulada “Con un reclamo contra la complicidad mediática”. Informa sobre la condena a diecisiete represores por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico‑militar, catorce de ellos a prisión perpetua, en un juicio llevado a cabo en Bahía Blanca. La nota describe la lectura de la sentencia, menciona a víctimas, fiscales, jueces, familiares y organizaciones de derechos humanos presentes, incluyendo a Celia Jinkis de Korsunsky. También se señala la orden de investigar a los directivos del diario La Nueva Provincia por posibles responsabilidades en complicidad mediática.

La colección se compone de documentos de la Embajada y Consulados Generales de España en Argentina (Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario) sobre personas españolas e hispanoargentinas desaparecidas, detenidas y liberadas en Argentina entre los años 1970 a 1980.
Constan: expedientes confeccionados por las diferentes sedes diplomáticas a partir de la documentación y denuncias realizadas por familiares, así como gestiones de los consulados y la embajada; gestiones realizadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); y gestiones y denuncias realizadas por organismos de derechos humanos de Argentina y Latinoamérica durante la dictadura argentina y los primeros años de retorno de la democracia en dicho país.

La colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia de diversa índole y correspondientes también a distintos períodos de la historia del país. Solo uno de los expedientes data de los años de la última ditadura cívico militar y refiere a la prohibición de disponer de los bienes por parte de determinadas personas de acuerdo a lo dispuesto por la Junta Militar en un acta del 18 de junio de 1976. El resto de los expedientes son de la década de 1980 y, entre ellos, hay algunos vinculados a una solicitud a distintas instancias del Poder Judicial, por requerimento de la Secretaría de Justicia de la Nación, de que se informe mensualmente acerca del personal de las Fuerzas Armadas (en actividad o situación de retiro) que se hallen involucrados en causas penales. También hay un expediente sobre un accidente de un Suboficial en Finalmente, se encuentra otro expediente relacionado a la causa "Fábrica militar de pólvoras y explosivos s/denuncia" en Bell Vill, Córdoba.

Expediente 8556/85 del Ministerio de Educación y Justicia, creado a partir de trámite iniciado por la Fiscalía de Cámara de Resistencia, en relación al envío de una nota al Secretario de Justicia de la Nación remitiendo copia de nota recibida por esa Fiscalía del Dr. Agustían María Bertone, Fiscal General Subrogante. En la misma se solicita, por requerimento de la Secretaría de Justicia de la Nación, que se informe mensualmente el personal de las Fuerzas Armadas (en actividad o situación de retiro) que se hallen involucrados en causas penales como procesados, imputados no procesados querellantes, simples damnificados, responsables civil o en caracter dentro del proceso penal.

Esta serie reúne copias digitales de fotografías que registran las actuaciones judiciales llevadas adelante por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) en relación con la responsabilidad de los integrantes de las Juntas Militares y otros oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la guerra de Malvinas de 1982.

Fotografía de Alfredo Astiz durante su comparecencia en el juicio instruido por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) en relación a su actuación durante la guerra de Malvinas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.