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Descripción archivística
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Década de 1980
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Colección Revista Humor Registrado

  • AR-ANM-RH
  • Colección
  • 1978 junio - 1999 octubre

La revista Hum® fue editada entre el 1 de junio de 1978 y el 18 de octubre de 1999 por ediciones de La Urraca y dirigida por Andrés Cascioli, siendo su jefe de redacción Tomás Sanz y su secretario de redacción Aquiles Fabregat. De humor gráfico político, la publicación sobresalía por la caricatura que ilustraba su tapa, que se constituyó en una marca identitaria, a cargo del mismo Cascioli, con participación de Carlos Nine. La revista comenzó siendo mensual pero luego pasó a ser quincenal.
En 1978 el número de ejemplares vendidos fue de 156.238. Poco después del número 24, editado en diciembre de 1979, la revista comienza a aumentar en forma importante la cantidad de ejemplares vendidos por edición finalizando el año con un total de 565.947. A partir de ese momento el incremento de las ventas es progresivo, hasta alcanzar los 2 millones de ejemplares anuales en 1980 y más de 4 millones en 1982. Durante la dictadura, la revista y su director atravesaron más de 40 juicios por calumnias e injurias, siendo también objeto de censura. A partir de 1984, la situación de las ventas tomó un sentido inverso, con una abrupta caída en 1985, año de recesión económica en donde se implementa el plan “Austral”. Entonces se pasó de 4.893.592 a 1.857.658 ejemplares vendidos, cifra que se mantuvo con pocas variaciones en los siguientes dos años.
Participaron de la empresa editorial reconocidos humoristas gráficos e historietistas como Horacio Altuna, Alberto Breccia, Eduardo Omar Camilongo (Ceo), Aquiles Fabregat (Fabre), Roberto Fontanarrosa, Tabaré Gómez Laborde (Tabaré), Alfredo Grondona White, Jorge Meijide (Meiji), Pedro Penizzotto (Peni), Miguel Repiso (Rep), Cristobal Reynoso (Crist), Carlos Trillo, entre tantos otros. Además entre sus colaboradores se contaron periodistas y escritores tales como Carlos Abrevaya, Aída Bornik, Alejandro Dolina, José Pablo Feinmann, Miguel Grimberg, Gloria Guerrero, Mona Moncalvillo, Hugo Paredero, Sandra Russo, Jorge Sábato, Moria Soto, Carlos Ulanovsky. Se destacaron las investigaciones de Héctor Ruiz Núñez, Enrique Vázquez y Horacio Verbitsky.

Argentina. Archivo Nacional de la Memoria (ANM)

Fondo Agencia Federal de Inteligencia 01

  • AR-ANM-AFI01-
  • Fondo
  • ca 1979 septiembre-1980 febrero

El fondo está constituido por un único documento cuyo productor es la Jefatura II de Inteligencia de Ejército, identificado por el símbolo que figura en sus primeras hojas.
La fecha de producción no figura en el documento pero, luego de un proceso de indagación, se encontraron dos marcas que permiten brindar un intervalo temporal en el que, casi con certeza, habría transcurrido la confección del documento. La primera referencia temporal la dan los registros de las salidas del país de las personas “opcionadas” que se incluían en el listado, que podía ser contrastada con los decretos del PEN emitidos entre los años 1974 y 1983, es decir, durante la vigencia del Estado de Sitio. Se observa que las “opciones” de personas incluidas en el álbum se detienen hacia el final del mes de agosto de 1979. Por lo tanto, es posible inferir que el documento fue elaborado con posterioridad a esa fecha, es decir, a partir de septiembre de ese año. La otra huella sobre el momento de producción del documento se vincula con la inclusión en el mismo de varios y varias participantes de la segunda Contraofensiva de Montoneros, desarrollada entre enero y febrero de 1980. Dado que el álbum tenía como finalidad primordial la captura de militantes que todavía permanecían con vida, la presencia de 17 protagonistas de la acción impulsada por la organización armada peronista -entre quienes retornaron a la Argentina desde el exilio y quienes conformaron los grupos de apoyo en el país- permite suponer que el documento habría sido elaborado con anterioridad al desarrollo de la segunda fase de la Contraofensiva.
El álbum presenta la información como de carácter confidencial y pena su divulgación según los artículos 222 y 223 del Código Penal vigente entonces. Restringe su utilización a miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y organismos del Estado debidamente autorizados para ello, para ser utilizado como "elemento de orientación y no de prueba". Contiene 517 imágenes: 12 referidas a materiales, 362 que corresponden a 338 hombres y 143 que pertenecen a 139 mujeres. Entre los números que identifican a los hombres (que van del 1 al 362) y las mujeres (que van del número 1001 al 1143) existe un salto en la correlatividad.
El documento se encuentra dividido en tres partes: una primera con los retratos de las personas calificadas como "delincuentes terroristas" (DT); una segunda parte con dos listas de los "DT por orden de foto" y "DT por alfabético" en las cuales se detallan los nombres completos, alias, documentos de identidad y letras cuyas referencias aparecen al final; y una tercera parte con "fotografías y características de equipos, material, embalaje y coberturas utilizados por los DT". Este álbum estaba pensado para ser actualizado y completado periódicamente y se detallan allí las indicaciones acerca de cómo hacerlo. Hacia el final del documento se encuentra una lista con referencias de las letras utilizadas a lo largo del álbum para indicar pertenencia a organizaciones políticas, denominadas según este documento "BDT" bandas de delincuentes terroristas, así como una mención a si las personas fueron "expulsadas" o con "derecho de opción a salir del país durante el estado de sitio".
Con respecto a las fotografías, mediante su contrastación con otros acervos y también a través de los intercambios con sus titulares al momento de la restitución de su foto, se pudo determinar el origen de algunas de ellas: registros policiales, cédulas de identidad y pasaportes, legajos laborales, fichas de ingreso a unidades penales durante procedimientos de legalización de detenciones clandestinas y fotografías personales confiscadas en el marco de allanamientos. Asimismo, se identificaron fotografías similares al acervo documental identificado como "Registro de extremistas de Córdoba".
Respecto de la circulación de este álbum dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad como fuente de información, corresponde destacar la existencia de algunas de sus páginas dentro de un documento del fondo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. Estas páginas pueden encontrarse en el Legajo 37127, Mesa DS, Factor Policial, Material relacionado con Montoneros. Años 82, 83 y 84. Tomo I, utilizadas como material de trabajo dentro de otro documento que recopilaba información vinculada a Montoneros, dentro del capítulo XVI como un listado de “terroristas con indicación de opcionados/expulsados”. Se evidencia en sus páginas la actualización, escrita a mano, del estado de situación de las personas que figuraban allí: “fallecido”, “abatido”, “desaparecido”, “detenido exterior”.
En relación a la circulación en el exterior del país, corresponde destacar la utilización que se hace en el mismo del término “Delincuente Terrorista” y de las siglas “DT” y “BDT”, la primera alusiva a “Delincuente Terrorista” y la segunda a “Banda de Delincuentes Terroristas”. En una rectificación del “Plan de capacidades de la Armada Argentina” de 1975, normativa empleada por dicha fuerza para llevar adelante la “lucha contra la subversión”, se indica que las expresiones “DT” y “BDT” se emplearán cada vez que exceda el marco específico de la institución y se dirija hacia los públicos externos, mientras que “DS” y “BDS” –siglas correspondientes, respectivamente, a “Delincuente subversivo” y “Banda de Delincuentes Subversivos”– serán los términos correspondientes cuando no sobrepase el nivel específico de la institución. Por su parte, debe mencionarse que se encontraron páginas similares al álbum remitidas por el Jefe de la Policía de Asunción a su homólogo del Departamento de Investigaciones –área responsable de las tareas de inteligencia– en una nota fechada el 1 de diciembre de 1979 . En dicha comunicación se reproducía textualmente un fragmento de otra nota que había sido enviada junto con las copias del listado desde el II Departamento del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Paraguay. El texto permite suponer que los militares paraguayos tenían en su poder la totalidad del álbum fotográfico e, incluso, participaban en las tareas de actualización de su contenido.

Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

Fondo CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)

  • AR-ANM-CONADEP
  • Fondo
  • 1983-1984

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El fondo de la CONADEP se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. El fondo reúne además 2.000 fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención, y otras que fueron entregadas por familiares de las y los desaparecidos. Por otra parte, el fondo contiene también órdenes de procedimiento para los secuestros ilegales, legajos de detenidos legales, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983 y las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP)

Fondo Guillermo Loiácono

  • AR-ANM-GL
  • Fondo
  • 1973-1990

Este fondo reúne copias digitales de negativos 35 mm que registran la militancia política y social de los años ´70 y el accionar de organizaciones sociales, políticas y los organismos de derechos humanos. Se incluyen también copias de fotografías del triunfo del presidente Héctor J. Cámpora en las elecciones de 1973, el regreso de Juan Domingo Perón al país luego del exilio y la repatriación de los restos de Eva Duarte.
Durante la dictadura Loiácono registró los actos oficiales retratando a militares, religiosos y empresarios, fotografió la creciente demanda social de familiares de detenidos desaparecidos frente al Estado, el nacimiento y desarrollo de los organismos de derechos humanos y las movilizaciones contra el régimen dictatorial, así como los reclamos durante los períodos democráticos posteriores. Se destaca además un vasto registro de personalidades y acontecimientos referidos a la primera presidencia de Carlos Saúl Menem.

Loiácono, Guillermo

Fondo Ícaro

  • AR-ANM-ICARO
  • Fondo
  • 1982-1999

El fondo reúne los documentos audiovisuales generados por la productora Ícaro que trabaja desde sus inicios de forma independiente para agencias de noticias internacionales como CBS, BBC, ABC, Globo, Reuter, entre otras, en la realización de documentales e informes de noticias del ámbito latinoamericano.
Se trata de registros que abarcan desde el año 1982 hasta fines de la década de 1990 referidos en su mayor parte a hechos políticos y sociales, con un singular hincapié en las problemáticas de derechos humanos y temas afines. Podemos encontrar producciones relativas a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la guerra de Malvinas, las campañas y elección presidencial de 1983, el Juicio a las Juntas militares, las sublevaciones carapintadas, las leyes de impunidad, las campañas y elecciones de Menem, los indultos, los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, y diversos registros de la transición democrática en Chile y Uruguay. El fondo también incluye los ficheros originales en los cuales se consignaba información relevante de los casetes.

Ícaro Producciones SRL

Fondo José Federico Westerkamp

  • AR-ANM-JFW
  • Fondo
  • 1918-2014

Esta colección contiene documentos personales y de la vida profesional y política de José Federico Westerkamp, principalmente aquellos vinculados a su participación en distintos organismos defensores de los derechos humanos, como APDH, CELS o el Movimiento por la Vida y la Paz. Se encuentran en la misma los recursos de amparo presentados en favor de su hijo Gustavo, fotografías, correspondencia, publicaciones periódicas, recortes de diarios, y artículos científicos (algunos de su autoría) sobre temas de física y energía nuclear.
José Federico “Pipo” Westerkamp nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1918. En 1949 obtuvo su doctorado en Física y Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires y más tarde una Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas. Como científico se especializó en trabajos realizados con microondas, fue pionero de los estudios sobre el uso del láser en Argentina y Estados Unidos y siempre bregó por el uso pacífico de los diferentes tipos de energía. Perteneció al grupo de científicos al que en la primera mitad de la década de 1950 se conoció como el "Círculo Filosófico". Además, fue miembro de la Asociación de Física Argentina y de la Sociedad Científica Argentina. Junto a su esposa Ángela “Angelita” Muruzábal -Doctora en Química con diploma de honor y medalla de oro, docente universitaria en la Facultad de Medicina de la UBA y una de las fundadoras en 1955 de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- emigró a Estados Unidos, donde ambos se dedicaron a la docencia universitaria y a la investigación.
Su militancia y la de su esposa en el campo de los Derechos Humanos comenzó el 19 de octubre de 1975 cuando su hijo Gustavo, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), fue secuestrado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) cuando concurrió al Regimiento de Patricios a practicarse la revisación previa a la entrada al servicio militar obligatorio. Luego de ser torturado durante dos días en dependencias de la Superintendencia de Seguridad Federal, comenzó el 21 de octubre de 1975 un recorrido por las cárceles de Villa Devoto, Sierra Chica, La Plata y Rawson, siempre sin cargos en su contra ni debido proceso judicial. Entre 1975 y 1976 Pipo y Ángelita estuvieron entre los miembros fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (Familiares). En 1979 participaron también de la fundación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Westerkamp mismo fue arrestado dos veces: en 1981-junto a otros miembros de la Comisión Directiva de la institución- tras el intento de la Junta Militar por destruir el CELS, y luego en ese mismo año después de haber criticado a la Justicia Federal de Rawson por el mal trato a los detenidos en el penal de dicha ciudad chubutense.
Fue la primera persona en compilar un listado de científicos presos o secuestrados y luego desaparecidos durante la dictadura y distribuirlo en el extranjero. Colaboró en la confección de los primeros listados de detenidos-desaparecidos, en la presentación constante de habeas corpus, en la distribución del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la visita que realizó a Argentina en septiembre de 1979 y fue también uno de los pocos varones en acompañar las marchas de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo desde el comienzo de esa actividad militante. Aprovechando sus contactos académicos y profesionales, el matrimonio colaboró permanentemente con las organizaciones de solidaridad con Argentina que operaban en los Estados Unidos durante la dictadura.
Tras siete años como preso político, Gustavo fue puesto en libertad vigilada el 19 de septiembre de 1982 y comenzó a militar en la APDH. Padre, madre e hijo comenzaron a dedicar todos sus esfuerzos a la ayuda a las y los presos políticos que comenzaban a ser liberados o a las familias más necesitadas de los que aun continuaban presos. Westerkamp fue fundador además del Movimiento por la Vida y por la Paz (MOVIP) y en 2012 fue reconocido como Personalidad Destacada de la Ciencia y los Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ángela Muruzábal de Westerkamp falleció el 20 de enero de 2012 y José “Pipo” Westerkamp el 27 de febrero de 2014.

Westerkamp, José Federico

Fondo Juicio a las Juntas

  • AR-ANM-JJ
  • Fondo
  • 1985

El fondo comprende la totalidad de las audiencias orales (530 horas) producidas en el marco del proceso judicial conocido como Juicio a las Juntas Militares, en el que se juzgó a los nueve miembros de las tres primeras Juntas Militares como responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la dictadura cívico-militar durante los años 1976 y 1983.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 tuvieron lugar las audiencias orales del juicio en las que prestaron declaración testimonial 833 personas citadas por las defensas y por el Ministerio Público. Entre agosto y septiembre se dio lectura a la acusación presentada por la Fiscalía y entre los meses de octubre y noviembre tuvieron lugar los alegatos de las defensas de los ex comandantes. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictó sentencia fundada en el análisis de 709 casos presentados. Como material complementario fueron digitalizadas las actas mecanografiadas del juicio.

Argentina. Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal

Fondo Lucio Solari

  • AR-ANM-LS
  • Fondo
  • ca. 1970-1999

El fondo está compuesto por fotografías tomadas por Lucio Solari desde principios de los años 70 hasta 1999 en Argentina. El fotógrafo y reportero gráfico Lucio Solari trabajó en el diario “La Nación” por más de tres décadas y fue vicepresidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) en 1982 registrando, durante su trayectoria, un amplio abanico de acontecimientos históricos y actividades oficiales de los diferentes gobiernos y de la dictadura cívico-militar. El fondo reúne fotografías de diversas personalidades y acontecimientos políticos y sociales desde la década de 1970. Hay copias de fotografías del periodo dictatorial bajo el mando de Alejandro Agustín Lanusse. De 1973 se encuentran copias fotográficas de la concentración frente a la Unidad Penal Nº 2 de Devoto en espera de la liberación de los presos políticos, denominado “el Devotazo” ocurrida el 25 de mayo del año 1973; la vigilia y el arribo al aeropuerto de Ezeiza de los militantes que fueron liberados de la Unidad Penal Nº 6 de Rawson el día 26 de mayo de 1973, de la cárcel de Caseros los días 25 y 28 de mayo, del regreso de sobrevivientes de la Masacre en Trelew y de conferencias de prensa brindadas por Juan Domingo Perón en su residencia de Gaspar Campos 1065 en Vicente López. Del período vinculado a la última dictadura cívico-militar se incluyen fotografías de actividades oficiales en Mendoza y Buenos Aires en las cuales aparecen Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Leopoldo Fortunato Galtieri, Albano Harguindeguy, Roberto Eduardo Viola, entre otros; de marchas de Madres de Plaza de Mayo en una de las cuales aparece Aldo Pérez Esquivel; manifestaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires durante la guerra de las Malvinas, movilizaciones sindicales contra la dictadura cívico militar durante el año 1982 y otras manifestaciones como un Camarazo realizado por reporteros gráficos también en 1982. Asimismo integran este fondo un conjunto de fotografías de episodios vinculados al período de retorno a la democracia; como también retratos fotográficos de personalidades vinculadas al gobierno de Carlos Saúl Menem y múltiples actividades realizadas por los organismos de derechos humanos durante las décadas 1980 y 1990.

Solari, Lucio

Fondo Martín Kraut

  • AR-ANM-MK
  • Fondo
  • 2008 - 2012

El fondo reúne 2.000 fotografías tomadas por Martín Kraut en su carácter de fotógrafo y trabajador del CIJ. El CIJ es un organismo creado por la Corte Suprema con el fin de generar un nuevo puente de comunicación entre la Justicia y la comunidad. Surgió como una de las conclusiones de la Primera Conferencia Nacional de Jueces que se realizó en Santa Fe en el año 2006 y desde su creación se convirtió en un espacio de comunicación entre los miembros del Poder Judicial y entre éste y la comunidad. Las imágenes retratan algunos de los juicios juicios por Crímenes de Lesa Humanidad desarrollados entre 2009 y 2011, y CCDyT de Caba y diferentes provincias del país. Entre los juicios registrados fotográficamente se encuentran la Audiencia Judicial por el caso Noble Herrera, el juicio oral por la Masacre de Cromañón, Juicio Esma, Juicio por apropiación de niños, Juicio a Reynaldo Bignone, Juicio a Luis Patti, Juicio Automotres Orletti, Juicio Vesubio, sentencia del Juicio ABO (Club Atlético – Banco - Olimpo), Juicio Arsenales y Pozo de Vargas (Tucumán), y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 en el marco del 30 aniversario de la visita de la Comisión en 1979. En relación a las fotografías de los CCDyT, el fondo cuenta con imágenes de Olimpo, Club Atlético, Esma, Automotores Orletti, Virrey Cevallos (CABA), Campo de Mayo, Mansión Seré, Unidad 9, Pozo de Arana, Comisaría 5ta, Comisaría 8, Pozo de Banfield, La Cueva, Base Naval, ESIM (Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina), La Escuelita, Baterías 7 (Provincia de Buenos Aires), Brigada de Investigaciones (Chaco), Regimiento 9 (Corrientes), Comisaría 4, Guardia de Infantería Reforzada, Servicio de Informaciones /Jefatura de Policía, La Calamita, Fábrica de Armas Domingo Matheu (Santa Fe), La Perla / La Universidad, La Ribera, D2 (Córdoba), Arsenales 5, Jefatura de Policía, La Escuelita (Tucumán).

Kraut , Martín

Fondo Subsecretaría del Interior (Ministerio del Interior de la Nación)

  • AR-ANM-BANADE
  • Fondo
  • 1973-1992 (1976-1983)

En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

  • Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
  • Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
  • Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
  • Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
  • Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
  • Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
  • Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
    Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.
    Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.
    En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.

Argentina. Subsecretaría del Interior

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