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Organización de las Naciones Unidas (ONU) Denuncias ante organismos internacionales
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Colección Tramitaciones de Organismos Internacionales

  • AR-ANM-TOI
  • Collection
  • 1988-2012

Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.

Argentina. Archivo Nacional de la Memoria (ANM)

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064327/2011

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064327/2011 sobre solicitud de información sobre la sentencia del juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada para ser remitida al Centro de Derechos Humanos y su posterior elevación al Presidente del Comité contra la Tortura.

Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Correspondencia de la CADHU

Esta serie reúne correspondencia enviada, recibida y recopilada por Carlos González Gartland por sus funciones en la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU). González Gartland fue miembro fundador de la CADHU y a partir del 5 de marzo de 1980 se resolvió su designación como miembro del Consejo Directivo de la Comisión. La correspondencia se encuentra vinculada a las investigaciones por casos de personas detenidas desaparecidas, presos políticos y asesinadas por la dictadura cívico-militar Argentina así como sobre aquellas personas exiliadas. Además, esta correspondencia muestra el accionar de la CADHU en sus acciones de denuncia por la sistemática violación de derechos humanos así como su vinculación con otros organismos de derechos humanos en el exilio. Entre las cartas de1978 y 1979 que se encontraban identificadas como pertenecientes a la CADHU podría haber algunas que estén vinculadas con las funciones de Carlos González Gartland en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).

González Gartland, Carlos A.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064324/2011

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064324/2011 que contiene la comunicación recibida por el Centro de Naciones Unidas por parte de la comunidad guaraní Fortín Mboraré relativa a la vulneración de sus derechos humanos. Esta comunicación, fue a su vez remitida por el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la Misión Permanente de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y, por su intermedio y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, fue recibida por el entonces Ministerio de Educación y Justicia.

Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064302/2011

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064302/2011 sobre comunicación referente al caso N° 10.506 que tramita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en referencia a María Arena en el que se denuncia a las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal que, alegando razones de seguridad, practican revisiones e inspecciones vaginales a las mujeres familiares de presos detenidos en los establecimientos bajo su control.

Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064325/2011

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064325/2011 en relación a la comunicación 1131/89 de la Misión Permanente de la República Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra la cual remite una carta del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en la que da cuenta del 28 período de sesiones de dicho grupo, informa que el Grupo de Trabajo examinó y dio por aclarados los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado, al tiempo que solicita información para la solución de casos de desapariciones aún no resueltos.

Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064204/2011

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064204/2011 sobre la copia de la nota G/SO N°271 del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias de Emiliano Castro Tortrino y otros (el niño Antonio Villanueva, María del Carmen Tortrino de Castro, Carlos Enrique Balbino Castro, Emilio Guillermo González, María Elena Grasa, Félix Roberto López, Elena Feldman Ferreryra, José Morales, Luis Alberto Morales, Beatriz Nidya Saenz, José Ramón Morales).

Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064205/2011

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064205/2011 sobre las desiciones adoptadas por el Comité de Derechos Humanos el 26 de marzo de 1990 sobre comunicacaciones 343, 344 y 354/88 de la señora Raquel Altamira de Vaca Narvaja y otros (Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz.

Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064186/2011

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064186/2011 del Ministerio de Justicia sobre la comunicación 275/88 de la señora Sofía de Apelbaum ante el Comité de Derechos Humanos en relación a la compensación por parte del Estado por la desaparición de sus hijos.

Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Colección Denuncias ante el Comité de Convenciones y Recomendaciones de UNESCO

  • AR-ANM-UNESCOCR
  • Collection
  • 1978-1982

La colección consta de 75 denuncias de violación a los derechos humanos que familiares de víctimas de la última dictadura realizaron ante el Comité de Convenciones y Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Colección Comité de Convenciones y Recomendaciones de UNESCO

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064319/2011

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064319/2011 relativo a la comunicación 400/1990 presentada por Darwinia Rosa Monaco de Gallicchio por caso Ximena Vicario o Romina Paola Siciliano. Su hija Stella Maris Gallicchio de Vicario junto a su hija Ximena de 9 meses de edad fue a la Jefatura de la Policía Federal Argentina a gestionar su pasaporte. Fueron secuestradas junto a Jorge Luján González y Osvaldo Castillo y ese mismo día secuestraron a su esposo, Juan Carlos Vicario. Ximena fue encontrada en 1984 en poder de Susana Siciliano, la niña fue devuelta a su familia de origen pero los victimarios solicitaron régimen de visitas siendo apoyados por el Estado Nacional.

Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064329/2011

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064329/2011 en referencia a la comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), referida al caso N° 10.631 de Guillermo Rolando Puerta a quien la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba negó el al actor el cobro de una indemización del Estado Nacional por su detención prolongada entre 1976 y 1982.

Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Presentaciones de la CADHU ante la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Esta serie reúne tres presentaciones de la CADHU ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una de las presentaciones se trata de una adhesión de la CADHU al proyecto de Convención Internacional sobre Desaparecimiento Forzado elaborado en su tercer congreso realizado en Lima (Perú) en noviembre de 1982 por la Federación de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM). Otra de las presentaciones es un informe en relación a la participación de militares argentinos en la represión del pueblo boliviano en cual fue remitido a la CADHU desde Bolivia, donde fue elaborado por miembros de la resistencia democrática de ese país. La tercera de las presentaciones tiene como objetivo denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos de ONU la participación de las Fuerzas Armadas argentinas colaborando con los regímenes autoritarios de países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras entre otros que buscan reprimir los movimientos populares y democráticos.

González Gartland, Carlos A.

Subfondo CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP)