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La colección reúne copias fotográficas digitales tomadas por Enrique García Medina durante los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
Entre los registros se encuentran diversas tomas de represores como Leopoldo Fortunato Galtieri; Carlos Españadero; Miguel Osvaldo Etchecolatz; Armando Lambruschini; Luis Medía, Jorge Issac Anaya; Omar Rubens Graffigna; Jorge Rafael Videla; Emilio Eduardo Massera; Emilio Nani; Carlos Guillermo Suárez Mason; Luis Patti y Jorge Eduardo Acosta, entre otros. Asimismo, la colección cuenta con fotos de personajes vinculados con la última dictadura cívico militar como Joseé Alfredo Martínez de Hoz y Mohamed Alí Seineldín. Por otro lado, cuenta con imágenes de varias mafiniestaciones de derecha en Plaza San Martin (CABA), así como también registros de actos neonazis en Argentina. Por último, se encuentran imágenes del juez Baltasar Garzón Real, de Fernando Vaca Narvaja y Mario Eduardo Firmenich en los tribunales de Comodoro Py, y de Enrique Haroldo Gorriarán Merlo saliendo de la cárcel de Villa Devoto.

La presente colección consta de una única publicación - y su traducción- del testimonio realizado en Ginebra, en julio de 1981, por el miembro de la Policía Federal Luis Alberto Martínez (alias "Japonés") ante representantes de la FIDH (Federación Internacional de los Derechos del Hombre - Federation Internationale Des Droits de l'Homme), organización no gubernamental acreditada por las Naciones Unidas -estatus B- y el Consejo de la Europa. El documento original se encuentra en francés. La colección incluye una traducción "informal" en castellano, de la cual se desconoce el autor. Al momento de realizar la declaración, Martínez se encontraba detenido en la prisión de Champ Dollon, Suiza, acusado de los secuestros extorsivos del financista Fernando Combal y el banquero Carlos Koldovsky, ocurridos entre los años 1979 y 1981. Se conoce que Martínez llegó a la FIDH por intermedio del escritor argentino Julio Cortázar, entonces integrante de CADHU (Comisión Argentina por los Derechos Humanos). La de Martínez es la más antigua declaración que se conoce, realizada por un integrante de los grupos represivos, sobre los “Vuelos de la Muerte”. Mencionado como "Destino Final", detalla cómo -tras los interrogatorios bajo tortura- los Grupos de Tareas recurrían a la eliminación física utilizando aviones como parte del dispositivo de desaparición de personas. También en su relato da cuenta de la confección, manejo y circuito de expedientes y formularios relativos a personas detenidas desaparecidas.
Este suboficial de la Policía Federal cuenta en su testimonio que formó parte de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, desempeñándose además como agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino. Da cuenta de su paso por distintas áreas: el departamento de asuntos sindicales, la "mesa estudiantil" (encargada de infiltrar personal en ámbitos estudiantiles) y el secretariado de la Superintendencia de Seguridad Federal -entre 1973 y 1980- donde, entre otras tareas, transmitía las órdenes para generar "areas liberadas" para la actuación de los Grupos de Tareas. En ese contexto, da cuenta del funcionamiento de los centros clandestinos conocidos como "Garage Azopardo" (LT-LD) y "Club Atlético" (Centro Antisubversivo). También menciona los centros clandestinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), "El Banco", "El Vesubio" (La Ponderosa), "Olimpo" y un lugar -"La Casita"- cercano a la Comisaría N° 46.
A lo largo de su testimonio hace mención a los secuestros del físico Antonio Misetich, las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el escritor Haroldo Conti. Refiere también los asesinatos del padre Carlos Mugica, Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña por parte de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y de cómo esta organización paraestatal nutrió luego los denominados Grupos de Tareas.

La colección consta de dos documentos. Uno de ellos es el libro "La Argentina y sus derechos humanos" publicado por la Asociación Patriótica Argentina (APA). Se trata de una publicación de propaganda de la dictadura cívico-militar, sin fecha de edición, datos de impresión ni pie de imprenta, publicada en tres idiomas (castellano, francés e inglés). En su prólogo expone el propósito de la misma vinculado a demostrar "la verdadera historia del terrorismo en Argentina", explicitando que «indignados, cansados de comprobar cómo cierta prensa extranjera deforma permanentemente la realidad de nuestro país, un importante grupo de ciudadanos nucleados en la Asociación Patriótica Argentina presenta a la opinión pública mundial este documento».
Además, la colección incluye un certificado de participación, sin registro del nombre del participante, del IV Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana el cual fue realizado el día 3 de septiembre del año 1980 en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo se encuentra firmado por Carlos G. Suarez Mason como Presidente de la organización.

El núcleo de la colección está constituido por documentación que perteneció al Comando I Cuerpo del Ejército Argentino. El Comando del I Cuerpo de Ejército se encuentra sito en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cruce entre las Avenidas Santa Fe y Bullrich. El mismo ha sido cabeza de una de las grandes Unidades de Batalla del Ejército Argentino, el I Cuerpo de Ejército creado originariamente en la zonificación en febrero de 1960. Dicha zona abarcó al comienzo la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y La Pampa. A partir de la directiva 404/75, de octubre de 1975, la cual pone en ejecución la directiva 1/75 y posteriormente en marzo de 1976, mediante la directiva 405/76, llamada “Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión” se adecúan nuevamente las zonas modificando las competencias territoriales del Comando de la zona I . Allí se excluye de la zona I un conjunto de Partidos del noreste de la provincia de Buenos Aires que pasan a conformar la Zona IV. Por la zona militar bajo su responsabilidad durante la última dictadura cívico militar de 1976 ha sido el comando que tuvo bajo su órbita el mayor número de habitantes 11,5 millones de personas, con 7 subzonas y 31 áreas. Hacia finales de 1979, una nueva readecuación excluye de su incumbencia la Provincia de La Pampa. Entre los documentos sacados del Ejército, hay partes de inteligencia; documentos con fotos de distintitas personas tipo prontuario, de las que se consignaba nombre y apodo; notas entre miembros del Ejército con el objeto de enviar información sobre personas y documentos adjuntos de secuestrados; copias de documentos pertenecientes a organizaciones como Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Comunista, Partido Obrero, Partido Comunista Revolucionario, entre otras; y documentos vinculados con el terrorismo de Estado en Chile. Muchos de los documentos, por la forma en que fueron obtenidos, se encuentran incompletos y poseen numeraciones dadas probablemente por el Ejército al incluirlos como anexos en partes de inteligencia o expedientes de documentación tomada en secuestros y allanamientos. Un alto porcentaje de la documentación tiene también sellos que indican "Secreto" o "Estrictamente secreto y confidencial". Adicionalmente, hay algunas publicaciones como un ejemplar de "Síntesis de prensa" en la que el Ejército analiza los principales titulares de tapa de diferentes medios gráficos de agosto de 1982 y el libro "Fichas de instrucción".
Entre los documentos personales, se incluye el DNI del donante, una orden de salida permanente del Comando I Cuerpo del Ejército Argentino (1982), el llamado al servicio de conscripción (marzo 1982) y la libreta del Servicio Militar Obligatorio (mayo 1982).
En cuanto a los documentos que Bernasconi añadió a este núcleo, se encuentran artículos de prensa de diversos medios como Clarín, Viva, La Nación, El País, Sur; folletos y volantes sobre el terrorismo de Estado en Argentina y las respuestas de la sociedad que el productor fue recopilando a lo largo de los años en circunstancias diversas y que entiende que ilustran la historia del país sentida como su historia personal.

La presente colección consta de una única unidad documental que consiste en una recopilación de copias de documentos del Ejército Argentino agrupados bajo la denominación "Normas y procedimientos carcelarios impuestos a presos por razones políticas. Años 1974 a 1983", relacionada con lo que se denominó "Campaña Pensionistas”. Dicha campaña se montó sobre la existencia de un régimen carcelario particular para presas y presos políticos, basado en el reglamento del Servicio Penitenciario Federal aprobado el 26 de diciembre de 1974 (Decreto Secreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2023/74), junto a normas y directivas complementarias. El objetivo de la campaña se enmarcó en una etapa avanzada de la represión dictatorial y se orientó a profundizar la desarticulación de las organizaciones armadas que enfrentaban al régimen cívico-militar instaurado en 1976. Buscaba ampliar la diferenciación entre los presos políticos, estableciendo distintos sistemas de premios y castigos para aquellos detenidos que las autoridades militares distinguían entre “recuperables”, “posiblemente recuperables” e “irrecuperables”. De ese modo, intentaba desalentar la solidaridad entre los reclusos y aislar a algunos miembros de sus organizaciones (que funcionaban dentro y fuera de la cárcel).

La colección reúne una selección de copias digitales de fotografías en soporte papel pertenecientes al Fondo La Razón, empresa que previamente había adquirido el fondo de Tiempo Argentino, el cual se encuentra en resguardo de la Fototeca de ARGRA.
La selección de copias digitales se encuentra vinculada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar y especialmente con las acciones de resistencia, de movilización y de búsqueda de justicia y verdad por parte de la sociedad. Hay copias de fotografías de movilizaciones y marchas en reclamo por la aparición de las personas detenidas desaparecidas y por la liberación de presos políticos; de marchas contra las leyes de obediencia debida y punto final; de Abuelas de Plaza de Mayo; fotos de miembros de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP); de audiencias del Presidente Raíl Alfonsín con organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); excavaciones y hallazgos de cadáveres NN; entre otros temas sobresalientes. También se pueden encontrar algunas copias de reprografías de fotografías donde aparecen personas que habían sido secuestradas, sobrevivientes de centros clandestinos de detención así como de otras dadas por fallecidas, como es el caso de los niños Lanuscou.
La mayor parte de las fotografías tienen el sello del Cronista Comercial y/o un papel pegado con información colocada por la Agencia Diarios y Noticias. Un par de ellos cuentan también con un recorte de un artículo periodístico referido al tema de la foto. Entre los fotoperiodistas que tomaron las fotografías se encuentran Enrique Rosito, Dani Yako, Oscar Sabetta, Omar Torres, Eduardo Frías, Ricardo Cárcova, Rodolfo Del Percio, Marcelo Ranea, Marcelo Setton, Alberto Rossi, Pefaur, Oscar Beguan, Roberto Pera, Eduardo Longoni, Alfredo Herms, Daniel García, Jorge Rilo, Ricardo Ceppi, Amado Becquer Casaballe, Don Rypka, Liliana Erinsek, Hugo Arias, Pablo Grinberg, Carlos Villoldo, Carlos Carrión.