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Testimonio de Norma Graciela Ordoñez sobre las condiciones de vida dentro de la cárceles donde estuvo detenida (Unidad Penal 1 de Córdoba y Unidad Penal 2 de Villa Devoto), de las torturas y personas que vio durante su detención.

La colección comprende documentación reunida por Alberto Adrián Bocles, quien fue preso político entre 1975 y 1983, vinculada a su encarcelamiento y a las gestiones realizadas por su familia exigiendo su liberación. Entre los documentos se puede encontrar normativa vinculada con los servicios penitenciarios y algunas publicaciones y escritos vinculados a la detención, la tortura y las cárceles durante la dictadura cívico-militar. Por otra parte también hay comunicados y solicitadas de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Madres de Plaza de Mayo así como correspondencia relacionada a la detención de Bocles y cédulas de notificación del Poder Judicial de la Nación. Asimismo hay copias de documentos pertenecientes al Fondo Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBBA) custodiado por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) vinculadas a Alberto Adrián Bocles.

La colección consiste en una copia en soporte papel del testimonio que Irma Fuentes escribiera entre 1982 y 1984 en primera persona y de forma manuscrita sobre su estadía en la cárcel entre 1975 y 1982 titulado ""2625 días prohibidos"". Irma nace en un barrio popular de Córdoba y, desde joven, milita en el peronismo. Fue delegada en la repartición pública y secretaria de actas de la unidad básica Evita de la calle Artigas 254 y, a partir del “Navarrazo” (golpe de estado policial que derrocó al gobernador constitucional de Córdoba, Ricardo Obregón Cano y su vicegobernador Atilio López el 27 de febrero de 1974), Irma comienza a ser perseguida por la organización paramilitar Comando Libertadores de América por sus cuestionamientos gremiales y políticos.
El 31 de julio de 1975 Irma fue detenida junto a tres de sus hijos e hijas por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) al salir del Sindicato de Empleados Públicos del cual era delegada. Sus tres hijos menores, Celia de 15 años, Antonio de 14 y Clelia de 12 fueron ubicados en institutos mientras que Irma y su hija mayor Elia, de 16 años y embarazada, quedaron a disposición del P.E.N por la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional 20.840, pasando antes por el Departamento de Informaciones donde fueron torturadas. Desde entonces Irma estuvo detenida en la Unidad Penitenciaria 1 en Córdoba (UP1, más conocida como Cárcel de San Martín) y, finalmente, en la Unidad Penal 2 de Villa Devoto.
En sus más de 160 páginas el testimonio relata con detalles su paso por las cárceles, las torturas recibidas, la contención de las compañeras de celda, el dolor de no ver a sus hijos e hijas, dando a cada momento un marco político y social desde su mirada de madre y trabajadora.

Testimonio del inspector retirado de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Peregrino Fernández, titulado "Ex Ayudante del General Harguindeguy acusa", sobre la estructura de la represión ilegítima en Argentina, brindado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en Madrid en marzo de 1983. En este testimonio se mencionan temas tales como: el desarrollo cronológico del aparato represivo ilegal en Argentina; el asesinato de Ortega Peña; la represión ilegal en Villa Constitución; las relaciones entre la Alianza Anticomunista Argentina (AAA ) con grupos represivos en Bolivia; las vinculaciones del Ejército con la Alianza Anticomunista Argentina (AAA); la doctrina de guerra y la orden de batalla del 24 de marzo de 1976; la estructura orgánica del terrorismo de Estado; la participación del Ministerio del Interior en el esquema represivo y el caso de Lucía Cullen. También se mencionan los Grupos de Tareas; el personal auxiliar y diplomático vinculado a la represión ilegal; el pacto de sangre; la muerte del obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli y otros hechos represivos contra miembros de la Iglesia Católica; los asesinatos de Zelmar Michelini, H. Gutiérrez Ruiz, G. Whitelock Blanco y María del Rosario Barredo y los miembros de las fuerzas de seguridad muertos en hechos ajenos a la lucha antisubversiva. Se incluye la resolución de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) N 104/1983-T donde se decide elevar el testimonio de Rodolfo Peregrino Fernández al Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas así como documentos personales y fotografía de Rodolfo Peregrino Fernández.