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El Archivo Nacional de la Memoria en cumplimiento de su misión y funciones produce y recibe documentos que dan testimonio de su vida institucional. Es por ello que en su fondo se puede encontrar una amplia cantidad de documentos generados por sus dependencias, siendo la documentación más voluminosa la administrativa y de recursos humanos (correspondencia, memos, convenios, presupuestos, trámites internos, informes, normativas, contratos, registro y control de bienes patrimoniales, expedientes de compras, recibos de pagos, registro de asistencia, entre tantos otros).
Asimismo, este fondo permite acercarse a las acciones de cooperación internacional con la región del Mercosur como de países europeos, desacatándose los convenios con el gobierno del Reino de España, UNICEF, PNUD y la participación en el Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (ADAI) que aportaron al fortalecimiento institucional del Archivo, desde el 2005 al 2014. Además, en el marco de la construcción del Espacio y Centro Cultural para la Memoria Trelew en el viejo aeropuerto de la ciudad, podemos encontrar las notas remitidas por este tema tanto desde la Secretaría Ejecutiva del ANM como por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación así como planos y fotos del aeropuerto, proyectos e informes vinculados con su construcción, folletería de difusión de la Secretaría de Derechos Humanos sobre el tema, síntesis de reuniones, propuestas y Actas de las reuniones de la Comisión Bipartita y Comisión Ad-hoc, entre otros.
A partir de las actividades de obtener, investigar y preservar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que este comprendida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones, el Archivo produjo diversa documentación tal como:
Registros de testimonios de víctimas de desaparición forzada y del accionar represivo en el Cono Sur, conformados hasta julio 2013; registros censales de personas de nacionalidad argentina o extranjeros, que revistieron el carácter de presos políticos en la República Argentina en el período comprendido entre el 16 de septiembre de 1955 y el 10 de diciembre de 1989, generados desde el 2009 hasta el 2014; oficios judiciales e informes que hasta el día de hoy se producen, para dar respuesta a las solicitudes de antecedentes de personas por violaciones a los derechos humanos en el marco de las Ordenanzas 1/94 y 1/04 de la Prefectura Naval Argentina y el Decreto 157/2006 que regula la actividad de las empresas de seguridad privada en el ámbito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; documentación generada a partir de las investigaciones llevadas a cabo por el Archivo: sobre las violaciones a los derechos humanos que sufrieron personas de origen español en la Argentina, Sitios de Memoria y ex Centros Clandestinos de Tortura y Exterminio, Ley de Residencia, Masacre de Trelew, Golpe de estado de 1955, Bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de Junio de 1955, Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) el Cordobazo, Plan Cóndor, Doctrina de Seguridad Nacional, entre otras.
Prevalece una gran cantidad de registros fotográficos de actividades institucionales y de promoción de los derechos humanos, entre la cuales se encuentran las fotografías tomadas durante las actividades de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) responsable de investigar la masacre ocurrida el 11 de septiembre de 2008 en la localidad boliviana de Pando. Se suman a estos registros fotografías de los edificios que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención y del trabajo desarrollado por los trabajadores del ANM en la recuperación, tratamiento archivístico y conservación documental.
También hay registros audiovisuales de actividades institucionales en relación a los derechos humanos, actos y recorridos en el ex CCD ESMA y colocación de los carteles en los edificios de las distintas dependencias del Estado y de los organismos de derechos humanos; actividades de la recuperación y puesta en valor de los edificios que integran el predio del ex CCD ESMA; señalizaciones impulsadas por la Red Federal de Sitios de Memoria en lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; actividades, actos y movilizaciones en el marco de los juicios de lesa humanidad que se siguen a los represores de la última dictadura militar y videos institucionales sobre la defensa y promoción de los derechos humanos y que se proponen visibilizar el operar del terror de Estado así como sus prácticas, mecanismos y efectos y las experiencias y legados de las organizaciones políticas y sociales y las militancias. Además, una gran cantidad de entrevistas a personas representativas de la vida política, social y cultural de la Argentina conforman el Archivo Oral.
También puede encontrarse dentro de este fondo tanto las comunicaciones, acuerdos, listados y documentos de trabajo vinculados con la "Mesa de Archivos", coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Esta Comisión Técnica Mixta, compuesta por distintas instituciones de archivos públicos, representantes del Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos, se creó en el marco de los acuerdos bilaterales específicos realizados entre Argentina con Brasil, Uruguay y Chile en el ámbito de la Reunión de Altas Autoridades en materia de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR (RAADDHH). El objetivo de estos acuerdos bilaterales (también conocidos como Memorandos de Entendimiento - MOU) es el intercambio de documentación para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos entre los diferentes países. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha sido parte activa desde el principio en estos acuerdos, derivando la participación en las reuniones en el Archivo Nacional de la Memoria. Es atribución del ANM también la reunión y preservación de las copias de toda la información circulante en el marco de estos Memorandos: tanto aquella entregada por las instituciones nacionales (Cancillería, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público Fiscal, Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, entre otras) como aquella provista a la Argentina por instancias de carácter internacional, siguiendo los criterios de confidencialidad que emanan de los acuerdos.
En cumplimiento de sus actividades fundamentales, vinculadas a "obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones", el ANM crea colecciones en relación a sus intereses con documentos provenientes de diversos fondos de otras instituciones. Cada uno de estos agrupamientos, aunque vinculados estrechamente a las misiones del ANM, se describe de manera independiente.

La colección está organizada por años en función de las diferentes tandas de entrega de documentos (2002, 2016 y 2019)
La primera tanda, de 2002, consiste en 4600 documentos aproximadamente, de 16.000 fojas, del Departamento de Estado (agencia gubernamental dedicada a la política exterior), datados del 1 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1984. Se encuentran divididos en 34 agrupamientos (volúmenes) de 500 folios aproximadamente cada uno. Pueden encontrarse diferentes comunicaciones (cables, telegramas, telex) entre las embajadas norteamericanas en diferentes países, principalmente la embajada argentina, sobre distintos hechos y personas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Desde informes de reuniones con diferentes autoridades del gobierno de facto, como solicitudes de organizaciones de la sociedad civil que solicitan información sobre el paradero de detenidos-desaparecidos; en muchos casos adjuntan informes, panfletos, listados, proclamas y otros tipos de documentos de organizaciones denunciando estos hechos.
El segundo agrupamiento, de 2016/2017, está subdivido en tres entregas. Las fecha extremas de los documentos van del 1975 a 1987. La primera de agosto de 2016 que consta de un total de 1087 fojas donde se pueden encontrar documentos de las presidencias de Carter, Reagan y Bush. La segunda, de diciembre de 2016, dividida entre reportes, memorándums y brief diarios (breves informes diarios de inteligencia) para los Presidentes donde se puede observar aspectos de la relación del gobierno de Estados Unidos con las diferentes Juntas Militares de Argentina, así como las presiones que se producían por la liberación de ciertos detenidos que cobraban relevancia internacional, informes sobre distintos temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos en Argentina, veto de venta de armas, Plan Cóndor, conflictos entre diferentes autoridades del gobierno militar e incluso ya en democracia sobre el levantamiento militar de abril de 1987. Hay también informes generales sobre la situación en diferentes países, los cuales se encuentran completamente tachados, excepto lo de Argentina. Finalmente, la entrega de abril de 2017, ya con Trump como Presidente de Estados Unidos, contiene 813 documentos del Departamento de Estado desclasificados en el 2002 los cuales fueron revisadas las tachaduras, más 119 documentos seleccionados por la Oficina del Historiador (Office of the Historian) por su relevancia para un capítulo sobre Argentina, de un volumen sobre América Latina, en una publicación sobre la Política Exterior de Estados Unidos entre 1977 y 1980.
Finalmente, la última entrega, de 2019 contiene documentos provenientes no sólo de los documentos presidenciales y del Departamento de Estado, sino que incluye otras agencias gubernamentales como la CIA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, el FBI y del NARA (Archivos Nacionales y Administración de Archivos).
En total se entregaron 5600 documentos, 2100 del Departamento de Estado, 50.000 páginas, que aún hoy están siendo analizadas.

La colección cuenta con copias en soporte papel del Expediente 890 caratulado "Colegio de Abogados Depto. Jud. Mar del plata y otros s/ denuncia s/ Desaparición Forzada de Personas” conocido como Juicio por la Verdad de Mar del Plata.
A 24 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, "surgió en Mar del Plata la necesidad de realizar un Juicio por la Verdad que permitiese avanzar en el esclarecimiento de los hechos de represión ocurridos durante la dictadura militar. La amplia convocatoria realizada en ese momento por los organismos de Derechos Humanos tuvo una gran aceptación. Es así que el conjunto de la sociedad, comprometiéndose a colaborar y participar en el mismo, expresó su intención de saldar la trágica historia vivida en la ciudad y su zona de influencia". Participaron de esta convocatoria más de cincuenta instituciones representativas de la sociedad en lo político, cultural, religioso, laboral y social y educativo.
En diciembre de 2000 se dio inicio al Juicio por la Verdad en la ciudad de Mar del Plata, interponiéndolo como una acción de amparo por parte de familiares y víctimas del terrorismo de Estado. La presentación se hizo ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, solicitando a la Justicia que dispusiera lo necesario para la averiguación de la verdad con relación a la desaparición forzada de personas, y que se declarase el derecho de las familias de las víctimas y de la sociedad toda a conocer cuáles fueron las circunstancias de las desapariciones y, en su caso, dónde yacen los restos de las personas desaparecidas.

Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.