Síntesis de testimonios de sobrevivientes de campos clandestinos de detención. Se incluyen testimonios de Graciela Fernández Meijide, Alberto Samuel Falicoff, Marcelo Parrili, María Elisa Hachman de Landin, Adolfo Pérez Esquivel, Ana María Moreyra, Hebe Pastor de Bonafini, Emilio Mignone, Alfredo Bravo, Sergio Hugo Schilman; Remy Vensentini, Mabel Gutiérrez y María Angélica Vallejos. También hay un testimonio sobre el secuestro, tortura y asesinato del teniente coronel Argentino del Valle Larrabure.
Testimonio del inspector retirado de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Peregrino Fernández, titulado "Ex Ayudante del General Harguindeguy acusa", sobre la estructura de la represión ilegítima en Argentina, brindado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en Madrid en marzo de 1983. En este testimonio se mencionan temas tales como: el desarrollo cronológico del aparato represivo ilegal en Argentina; el asesinato de Ortega Peña; la represión ilegal en Villa Constitución; las relaciones entre la Alianza Anticomunista Argentina (AAA ) con grupos represivos en Bolivia; las vinculaciones del Ejército con la Alianza Anticomunista Argentina (AAA); la doctrina de guerra y la orden de batalla del 24 de marzo de 1976; la estructura orgánica del terrorismo de Estado; la participación del Ministerio del Interior en el esquema represivo y el caso de Lucía Cullen. También se mencionan los Grupos de Tareas; el personal auxiliar y diplomático vinculado a la represión ilegal; el pacto de sangre; la muerte del obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli y otros hechos represivos contra miembros de la Iglesia Católica; los asesinatos de Zelmar Michelini, H. Gutiérrez Ruiz, G. Whitelock Blanco y María del Rosario Barredo y los miembros de las fuerzas de seguridad muertos en hechos ajenos a la lucha antisubversiva. Se incluye la resolución de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) N 104/1983-T donde se decide elevar el testimonio de Rodolfo Peregrino Fernández al Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas así como documentos personales y fotografía de Rodolfo Peregrino Fernández.
Testimonio de Norma Graciela Ordoñez sobre las condiciones de vida dentro de la cárceles donde estuvo detenida (Unidad Penal 1 de Córdoba y Unidad Penal 2 de Villa Devoto), de las torturas y personas que vio durante su detención.
Testimonio de Ángel Raúl Fonseca sobre su detención en su lugar de trabajo en la ciudad de Santa Fe hasta su liberación el 24 de diciembre de 1977, tras estar detenido en la cárcel de Clorinda. El testimonio menciona que durante su detención se le informa el asesinato de sus dos hijos: Miguel Ángel Fonseca y Miguel Ángel Fonseca.
Testimonio de Cristina Gioglio sobre su detención ilegal y traslados hasta llegar a la Unidad Penal 2 de Villa Devoto sin tener información sobre su situación legal.
Testimonio anónimo "La Justicia en Argentina" acerca del secuestro y torturas a una mujer detenida en la Unidad Penal 2 de Villa Devoto y juzgada por un Consejo de Guerra.
Testimonio anónimo de secuestro del Secretario del Bloque de Diputados del Partido Peronista Auténtico en la Provincia de Misiones, su vivencia en distintas cárceles hasta su liberación y exilio en México.
Listado manuscrito de personas detenidas para denunciar en la campaña por los presos en la que se detalla el número de documento de identidad, la ocupación y los datos vinculados a la detención. Se menciona que todos están en la lista de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU).
Informe sobre la detención de Osvaldo Jesús Caldú a ser entregado a José Luis Caldú o Carlos Patiño, en el que se detalla el contexto de su detención, el posterior allanamiento de su casa, su liberación y su ulterior secuestro por un grupo civil identificado como Policía Federal. También se menciona que posteriormente fue liberado y nuevamente vuelto a encarcelar cuando se encontraba trabajando junto a su patrón, Luis Massone, en una pequeña ciudad de la provincia de Santa Fe. Al final del informe se incluye una nota.
Fichas manuscritas (88 unidades), en las que figuran por apellido y nombre las personas víctimas del terrorismo de Estado registradas por Carlos González Garland en el marco de su trabajo en la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU). Hay una clasificación interna por identificación dudosa, identificación segura y probable homonimia. La información que condensan las fichas versa sobre fechas de fallecimiento, situación de privación ilegal de la libertad y/o desaparición, si dicha desaparición figura o no (aunque no se aclara en qué tipo de registro), recursos de hábeas corpus presentados, versiones oficiales de las fuerzas armadas y de seguridad sobre lo acaecido con las personas, en algunos pocos casos pertenencia militante o reseña del secuestro. Muchas de las fichas contienen referencias a un conjunto de publicaciones de organismos de Derechos Humanos con denuncias y listados de personas detenidas-desaparecidas ("Desaparecidos en Argentina 1979", de la CADHU; "The disappeared of Argentina. List of cases reported to Amnisty International", de Amnistía Internacional Índice AMR, ediciones de 1979 y 1980; "Lista de los detenidos desaparecidos registrados en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos", de la APDH).
Ficha manuscrita con información sobre la situación de detención a disposición del PEN de Alejandro Enrique Ferreyra Beltrán. Identifica el Número de decreto PEN, el juzgado interviniente y la ubicación del detenido dentro del Penal de Rawson.
Carta de Elena Haydee Sevilla a Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri, Albano Harguindeguy y Jorge A. Aja Espil sobre el caso de Aníbal Jorge Viton, prisionero político en Argentina, en la que se solicita la liberación de Viton tras cumplir su condena y acogerse al Programa hemisférico de libertad condicional para detenidos argentinos en Estados Unidos de Norteamérica.
Primera publicación integral de denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos en el país, redactada por Eduardo Luis Duhalde y Gustavo Roca. Fue editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar definiéndolo como una política estatal de exterminio de todo tipo de oposición, contando con un apartado específico sobre la represión al movimiento obrero como razón de estado.
