Comunicado de prensa de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en la que replica la declaración realizada en conjunto con la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (CoSoFam) sobre la agresión recibida por Madres de Plaza de Mayo en la vía pública.

Comunicado de prensa de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) sobre la condena a José Carmelo Sbezzi Maldonado, Loy Manuel Ibarra Flores, Juan Carlos Murillo Guerrero y Miguel Ángel Moreno García en El Salvador, la Comisión solicita mediante un telegrama al Presidente de El Salvador, Luis Alberto Monge Álvarez, se indulte a los condenados.

Comunicado de prensa de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en la que replica la declaración realizada en conjunto con la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (CoSoFam), la Juventud Argentina en el Exilio (JAE) y la Comisión Argentina de Solidaridad (CAS) en relación a la llamada Ley de Pacificación expedida por la Junta Militar Argentina y convocan a una manifestación en la Embajada Argentina en México.

Comunicado de prensa "Acción Urgente" de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en el que expone el caso de los secuestros de María Inés Raverta, Noemí E. Gianotti de Molfino y Julio César Ramírez, exiliados argentinos residentes en Lima, Perú y sobre el asesinato de Noemí E. Gianetti de Molfino en Madrid. Acompaña la solicitud de envío de telegramas al Presidente del Congreso de Diputados de España y al Secretario del Palacio del Congreso de Perú solicitando que se investigue el caso. Por último, incluye una copia de un comunicado de prensa publicado en el diario El País.

La colección reúne documentos que registran la violencia estatal ejercida en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre los años 1974 y 1984. El INTA es un organismo estatal, descentralizado y con autarquía financiera dedicado a la investigación y desarrollo agro-tecnológico que se vio profundamente afectado por la dictadura cívico-militar. En 1974 comenzaron los primeros despidos de trabajadores y trabajadoras y esto se profundizó una vez dado el golpe de Estado. Cientos de trabajadores en ese período fueron cesanteados, perseguidos, detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos. En 1980 se dicta la ley 22.294 que, al tiempo que limita sus funciones a la investigación básica, deroga la contribución del 1,5% sobre los productos y subproductos de la agricultura y ganadería que se exporten, con lo cual el INTA perdió su autonomía financiera, situación que fue enmendada en 1984 con la ley 23.058.
Entre los documentos de esta colección, podemos encontrar actas y resoluciones del Consejo Directivo del INTA, información del personal entre los años de referencia, documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) referida al INTA, una copia de la Ley Nacional 23.058/84 que restituye la autarquía al organismo y artículos de periodísticos sobre la Ley Agraria.

La colección reúne principalmente documentación vinculada a Valentina Noemí Keheyan, quien fue secuestrada el 12 de mayo de 1976 de su domicilio en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires, y aún permanece desaparecida. Valentina provenía de una familia de origen armenio, al momento de su desaparición tenía 21 años y era estudiante de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González. Su hermana Mónica reunió documentación personal de Valentina y de la familia Keheyan, así como también documentación judicial, Habeas Corpus y distintos recursos interpuestos en su búsqueda ante organismos nacionales e internacionales, documentación relacionada a las campañas de denuncia lideradas por Organismos de Derechos Humanos y otras instituciones civiles y eclesiásticas. Por otro lado, la colección también está compuesta por artículos periodísticos recopilados por la productora sobre la temática de la última dictadura cívico militar (1976-1983), el terrorismo de Estado, el proceso de Justicia por delitos de lesa humanidad en Argentina, la política pública en Derechos Humanos, la creación de Espacios de Memoria, entre otros.

La colección consta de fotografías procedentes del personal de Domingo José Chicho Frontera recolectadas en el marco del Proyecto de Activación de Memorias LGTBIQ+ para la realización del cortometraje documental Tres Bocas, el cual también forma parte de esta colección. Las copias digitales de las fotografías de José Chicho Frontera registran los carnavales en la década de 1980 y 1990. Finalmente la colección incluye el documental Tres Bocas que aborda e ilustra las formas de sociabilidad de la comunidad LGBTIQ+ en el Delta de Tigre en el contexto de la represión y la violencia institucional que enfrentaron las personas del colectivo durante la última dictadura cívico-militar y la primeras décadas de la democracia. Este documental recupera fotografías y videos, así como testimonios orales sobre la represión y la resistencia a la violencia institucional.

La colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia de diversa índole y correspondientes también a distintos períodos de la historia del país. Solo uno de los expedientes data de los años de la última ditadura cívico militar y refiere a la prohibición de disponer de los bienes por parte de determinadas personas de acuerdo a lo dispuesto por la Junta Militar en un acta del 18 de junio de 1976. El resto de los expedientes son de la década de 1980 y, entre ellos, hay algunos vinculados a una solicitud a distintas instancias del Poder Judicial, por requerimento de la Secretaría de Justicia de la Nación, de que se informe mensualmente acerca del personal de las Fuerzas Armadas (en actividad o situación de retiro) que se hallen involucrados en causas penales. También hay un expediente sobre un accidente de un Suboficial en Finalmente, se encuentra otro expediente relacionado a la causa "Fábrica militar de pólvoras y explosivos s/denuncia" en Bell Vill, Córdoba.

Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.