La colección reúne documentos sobre la comunidad israelita argentina, cuenta con un informe realizado por el Centro de Estudios Sociales de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) sobre la situación de los detenidos desaparecidos judíos durante la dictadura de 1976 a 1983, un dossier sobre las actividades de nazis en Argentina elaborado por historiadoras para el uso en la escuela media (EGB y Polimodal), un comunicado de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos en el cual anuncia la creación de una unidad de investigación de crímenes del terrorismo de estado contra la comunidad judía. Por último, cuenta con artículos periodísticos sobre la derrogación de una circular contra la inmigración de la comunidad judía a Argentina durante la segunda mitad del siglo XX y otros que refieren al terrorismo de estado.

La serie reúne documentación recopilada por Carlos González Gartland de casos de personas detenidas-desaparecidas por la dictadura en Argentina entre ellas, diferentes casos de niños y niñas. Entre los documentos se encuentran informes y listados de personas detenidas desaparecidas elaborados por distintos organismos tales como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Argentina de los Derechos Humanos (CADHU), el Argentine Information Service Center (AISIC), Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas entre otras. Las listas detallan los nombres de las personas detenidas desaparecidas y fueron realizadas para enumerar diferentes colectivos de personas en distintos momentos: mujeres, trabajadores de diferentes oficios, trabajadores de la educación, trabajadores de la salud, detenidos en la cárcel de Devoto, detenidos desaparecidos en Chile; entre otros. Además, esta serie presenta numerosas denuncias y cartas que denuncian los secuestros y desaparición forzada de personas. Se encuentran también recursos de habeas corpus, como por ejemplo presentado en la causa Nº 12.703 caratulada Antokoletz, Daniel y otros s/ habeas corpus. Algunos artículos periodísticos exponen también información relativa a los asesinatos lista de 76 cadáveres N.N inhumados en Chacarita e informe al respecto.
Se reúnen también dos carpetas con documentos sobre el caso de María Luisa Piedra por un lado, y por otro el de Gustavo Gabriel Olmedo Villegas, Horacio Olmedo Villegas, Gladys Graciela Pujol, Rosa Ana Frigerio Eduardo E. Rival; Adriana C. de Rival, Arnulfo Verón Florentin, Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, Lucía M. Cullen de Nell; Ana María Moreira y Mario Alberto Nivoli.
Dentro de esta serie un grupo de documentos caratulados como "Desaparición de niños" contiene informes, listados, denuncias y cartas sobre desaparición de niños y niñas por la dictadura cívico militar-en Argentina así como sobre la violencia, represión y vulneración de los derechos de la niñez.

Carta de Armando Lambruschini en respuesta al cuestionario enviado por la CONADEP por medio del Ministerio de Defensa de la Nación. También contiene la carta que envía el Contralmierante Ramón A. Arosa al Ministro de Defensa de la Nación, Raúl Antonio Borras, adjuntando la carta de Armando Lambruschini y el cuestionario enviado por la Comisión.

Carta de Orlando Ramón Agosti en respuesta al cuestionario enviado por la CONADEP por medio del Ministerio de Defensa de la Nación. También contiene el cuestionario enviado por la Comisión, la carta que envía Orlando Ramón Agosti al Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y la carta de ésta al Presidente de la CONADEP.

Carta de Leopoldo Fortunato Galtieri en respuesta al cuestionario enviado por la CONADEP por medio del Ministerio de Defensa de la Nación. También contiene el cuestionario enviado por la Comisión.

Carta de Jorge Isaac Anaya en respuesta al cuestionario enviado por la CONADEP por medio del Ministero de Defensa de la Nación. También contiene el cuestionario enviado por la Comisión, una carta del Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Ramón Antonio Arosa, al Ministro de Defensa de la Nación, Raúl Antonio Borras. Por último contiene una carta del Subsecretario de Defensa, José Horario Jaunarena, al Presidente de la CONADEP, Ernesto Sábato, en la que remite las respuestas de Jorge Isaac Anaya y de Armando Lambruschini.

Carta de Pedro Antonio Santamaría en respuesta al cuestionario enviado por la CONADEP por medio del Ministerio de Defensa de la Nación. También contiene una carta al Ministro de Defensa de la Nación y una carta al Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación remitiendo la respuesta de Pedro Antonio Santamaría.

Carta de Carlos P. Carpintero en respuesta al cuestionario enviado por la CONADEP por medio del Ministerio de Defensa de la Nación. También contiene la carta que envía el Contralmierante Ramón A. Arosa al Ministro de Defensa de la Nación, Raúl Antonio Borras, adjuntando la carta de Carlos P. Carpintero y el cuestionario enviado por la Comisión.

La colección contiene documentos recopilados y/o producidos por Aurora Gómez Otero y Norberto Giménez, padres de Silvia Noemí Giménez (detenida-desaparecida), en el marco de las acciones impulsadas para encontrar su paradero. Silvia Noemí Giménez tenía 23 años cuando se la llevaron secuestrada junto a su pareja Raúl en Mar del Plata el 19 de junio de 1976. Ambos eran estudiantes de Agronomía, trabajaban y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y tenían un hijo llamado Emiliano. Al momento del secuestro Emiliano tenía 1 año y 3 meses, fue dejado junto con una vecina; luego de unos meses después, fue llevado junto a sus abuelos. El cuerpo de Silvia fue encontrado en una fosa individual en el Cementerio de Avellaneda, e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2005.
Pueden encontrarse dentro de la colección folletos, volantes y correspondencia de las Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Además, un listado en blanco para completar con información sobre la desaparición de una persona y la solicitada de la APDH (y adherentes) a Jorge Rafael Videla por una ""navidad con paz y justicia"" solicitando el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.
A su vez, la colección contiene sobre de cartas dirigidos a Norberto Giménez en Zelarrayán 1196 (ciudad de Bahía Blanca) proveniente de diferentes remitentes, tales como la Conferencia Episcopal Argentina, Arzobispado de Santa Fe, Nunciatura Apostólica y del exterior del país, como Francia y Suiza. En algunos casos pueden encontrarse las notas de respuestas enviadas por estas instituciones. También notas y borradores manuscritos de correspondencia dirigidas a distintas autoridades del gobierno militar argentino, la Iglesia Católica Argentina y organismos internacionales de recepción de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, recortes y apuntes con direcciones de contacto de periodistas, autoridades del gobierno y organizaciones de Derechos Humanos, como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Comisión Permanente por los Derechos Humanos.
Documentos vinculados a la vida personal de Aurora, como cartas de sus amistades, una tarjeta de saludo navideño, comprobantes de pago de préstamo personal de índole económica y social del Banco Nación.
Copias en papel de fotografías de tres niña (sin identificar).
Recortes de prensa del diario Clarín de abril y mayo de 1982 vinculados con la Guerra de Malvinas
Un prendedor de la agrupación H.I.J.O.S.
Por último, puede encontrarse un cuaderno con dibujos del hijo de Silvia, datos de personas y organizaciones para denunciar la desaparición, y borradores de cartas enviadas solicitando información sobre su hija.

La colección reúne principalmente documentación vinculada a Valentina Noemí Keheyan, quien fue secuestrada el 12 de mayo de 1976 de su domicilio en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires, y aún permanece desaparecida. Valentina provenía de una familia de origen armenio, al momento de su desaparición tenía 21 años y era estudiante de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González. Su hermana Mónica reunió documentación personal de Valentina y de la familia Keheyan, así como también documentación judicial, Habeas Corpus y distintos recursos interpuestos en su búsqueda ante organismos nacionales e internacionales, documentación relacionada a las campañas de denuncia lideradas por Organismos de Derechos Humanos y otras instituciones civiles y eclesiásticas. Por otro lado, la colección también está compuesta por artículos periodísticos recopilados por la productora sobre la temática de la última dictadura cívico militar (1976-1983), el terrorismo de Estado, el proceso de Justicia por delitos de lesa humanidad en Argentina, la política pública en Derechos Humanos, la creación de Espacios de Memoria, entre otros.

El fondo, que es una parcialidad del mismo, reúne documentación de y sobre Patrick Rice organizada por su esposa Fátima y sus hijos. Patrick Rice fue un sacerdote iralndés, que se radicó en Argentina en la década de 1970, y fue además activista y defensor de los derechos humanos. En 1976 fue secuestrado y desaparecido junto a su esposa y, tras las presiones del gobierno irlandés, ambos fueron liberados exiliándose a Londres hasta 1984, año en que regresan a Argentina.
Dentro de los documentos que componen este fondo hay documentación personal de Patrick Rice, también documentos vinculados a los Pequeños Hermanos del Evangelio de la Fraternidad Carlos De Foucaud, organización a la que ingresó en 1972; y documentos relacionados al funcionamiento de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) de la cual Patrick Rice fue fundador y secretario general. Asimismo se incluyeron copias digitales del artículo "Patrick Rice, un misionero católico irlandés" de la revista "Satiricón" del año 1984; un libro fotocopiado y anillado de Archivos del Vaticano "Archivio del Consilium pro Publicis Ecclesiae Negotiis" y correspondencia personal dirigida a su familia en Irlanda.

Esta serie reúne alrededor de 25.000 habeas corpus que fueron remitidos por distintas instancias del Poder Judicial de todo el país como respuesta a los requerimientos que realizara la CONADEP sobre los pedidos presentados por las familias para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983. Asimismo contiene las respuestas de distintas instancias del Poder Judicial de diversos puntos del país a la solicitud realizada por la CONADEP de nóminas de causas sobre privación ilegítima de la libertad iniciadas durante el mismo período.

Carta de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) al Ministro de Defensa de la Nación, Raúl Antonio Borras, con un cuestionario para Armando Lambruschini para recabar información relativa a su misión designada mediante el Decreto 187/83.

Aviso de recibo de una carta de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) para Eduardo G. Lestarde.

Esta serie reúne diversas comunicaciones sobre los cuestionarios a militares enviados por la CONADEP a miembros de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa y a miembros de las Fuerzas de Seguridad a través del Ministerio del Interior en 1984 con el objeto de llevar adelante sus tareas de investigación sobre la detención y desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar. El 5 de julio de 1984, considerando que era neCésario afianzar la justicia y consolidar la paz interior y para lograr esto eran indispensables las declaraciones del personal de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín firmó el decreto 2107/84. Por medio de esta normativa se autorizó de forma genérica al personal de las Fuerzas Armadas "a quienes les sean legalmente requeridos informes, declaraciones o documentos referidos a la lucha contra la subversión y el terrorismo, a declarar sobre hechos o asuntos del servicio que se refieran a dicha actividad, sin necesidad de solicitar en cada caso concreto la venia que prescriben los reglamentos militares pertinentes".
Esta serie reúne algunos de los cuestionarios que la CONADEP envió a altos mandos de las distintas Fuerzas por medio del Ministerio de Defensa con preguntas vinculadas a su participación personal y directa en la planificación, dirección y ejecución de la lucha antisubversiva según la interpretación dada a los decretos 261/75 y 2772/75 emanados del Poder Ejecutivo Nacional, a las normativas legales que legitimaron los métodos y operativos utilizados y a los parámetros jurídicos para discernir entre quién era subversivo y quién no, así como a las formas de documentar ese accionar. Asimismo se encuentran las respuestas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, enviadas también a través del Ministerio, muchas de las cuales se negaron a responder el cuestionario.

Carta de Raúl A. Borras, Ministro de Defensa de la Nación, para Ramón Antonio Arosa, Jefe del Estado Mayor General de la Armada, en la que adjunta las normas aclaratorias al Decreto 2107/84.

Esta sección reúne documentos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. La CADHU se fundó a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecía, entre otros, Carlos González Gartland. La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos. Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo.
La CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América, entre ellas la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).
Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Estos relatos, que narran de manera detallada el horror de la represión clandestina, constituyeron un insumo clave del movimiento antidictatorial en su campaña de denuncia y, además, generaron un conocimiento temprano sobre el dispositivo represivo que sería clave en el escenario judicial de la transición democrática. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus.
Además, esta sección reúne diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una de las cuales, por ejemplo causó un gran impacto en el terreno de la denuncia internacional: ""Proceso al Genocidio"". Se trata del primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. También hay una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados ""Acción urgente"".
La sección cuenta además con correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado.
Finalmente, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación.