Esta parte reúne fotografías tomadas por Martín Kraut en el Campo de la Ribera en la provincia de Córdoba, sitio que funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD) en el marco de la última dictadura cívico militar.

Esta parte reúne fotografías tomadas por Martín Kraut en la Comisaría 5 en La Plata, sitio que funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD) en el marco de la última dictadura cívico militar.

Esta parte reúne fotografías tomadas por Martín Kraut en la Guardia de Infantería Reforzada (Unidad Regional I) en Santa Fe, sitio que funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD) en el marco de la última dictadura cívico militar.

Esta parte reúne fotografías tomadas por Martín Kraut en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y en Pozo de Vargas en la Provincia de Tucumán. El primero funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD) en el marco de la última dictadura cívico militar, mientras que el segundo fue usado como sitio de inhumación clandestina.

Esta parte reúne fotografías tomadas por Martín Kraut en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura cívico militar, en el Centro Clandestino de Detención El Vesubio, a cargo del Tribunal Oral Federal Número 4, por el que estuvieron imputados Héctor Humberto Gamen, Pedro Alberto Durán Sáenz, Hugo Idelbrando Pascarelli, Ramón Antonio Erlán, José Néstor Maidana, Roberto Carlos Zeoliti, Diego Salvador Chemes y Ricardo Néstor Martínez.

El fondo se compone de la documentación producida en el marco de la causa N° 2522 (Lex. 14216/2003/TO9) "Rodríguez, Hubo Roberto y otros s/privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas; en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos" conocida como Vesubio III, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 (TOF 4). En particular, contiene los audios de las audiencias y la documentación aportada como prueba. Entre la documentación de prueba, se encuentran:

• libros históricos de distintas unidades militares, juntas de calificaciones, directivas y reglamentos militares, copias de legajos de personal militar, boletines, listados de personal militar, policial y penitenciarios.
• planos e inspecciones oculares
• expedientes judiciales anexados a la causa
• legajos de identificación de la Cámara Federal
• constancia de pericias antropológicas y certificados de defunción
• documentación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e informes de la Comisión Provincial por la Memoria
• documentación aportada por el CELS que incluye artículos periodísticos, la declaración de Elena Alfaro, lista de trabajadores desaparecidos y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos
• copias de legajos CONADEP, SDH y REDEFEA y habeas corpus presentados para la búsqueda de paradero de las víctimas involucradas
• Libros titulados "Subteniente de Caballería JCO 1977", "Derechos Humanos, Justicia y Reparación", "Vida y lucha de Vanguardia Comunista", "Genocidio en la Argentina" e "Historia Argentina contemporánea"

El Centro Clandestino de Detención El Vesubio funcionó entre 1975 y 1979 en un predio del Servicio Penitenciario Federal ubicado en el cruce de Autopista Ricchieri y Camino de Cintura en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Hasta su disolución y demolición completa a raíz de la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habían pasado más de 2.500 personas de las que hubo unos pocos sobrevivientes. Este tramo del juicio analiza la responsabilidad de seis agentes del Servicio Penitenciario Federal en los crímenes perpetrados contra casi 400 víctimas. Por esta causa en las que se investigaron crímenes cometidos contra casi 400 víctimas, el Tribunal condenó a un exmilitar y a dos exagentes penitenciarios federales a prisión perpetua, e impuso penas de entre tres años y seis meses de prisión y 15 años de prisión para otros cinco acusados. A su vez, el TOF 4 declaró que los hechos juzgados fueron crímenes contra la humanidad y que la violencia sexual perpetrada contra mujeres "fue específica, sistemática y planificada" y que "partió de estereotipos de género y los profundizó, exhibiendo un carácter extendido y con un claro objetivo disciplinador". También dispuso la reparación de los legajos de las víctimas estudiantes y trabajadoras para que se consigne que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

La causa, conocida como "Causa Camps (44), se inició a raíz del Decreto 280/84, del Poder Ejecutivo Nacional con fecha 18 de enero de 1984, que dispuso someter a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al General (R) Ramón Juan Alberto Camps, con motivo de las declaraciones prestadas por el nombrado y en donde habría reconocido su participación directa en la comisión de numerosos delitos. Entre los hechos más conocidos investigados en esta megacausa se encuentran “La noche de los lápices”, el secuestro del “grupo Graiver”, los secuestros de Jacobo Timerman y Jorge Julio López y el ataque a la “casa de Calle 30 Mariani Teruggi”, incluida la apropiación de la niña Clara Anahí. Se juzgaron los secuestros, tormentos, torturas y desapariciones en perjuicio de 280 víctimas -entre ellas embarazadas, bebés nacidos en cautiverio y niños secuestrados junto a sus padres- en los centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana, la Comisaría 5ta de La Plata, Puesto Vasco y Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez. En la sentencia dictada el 2 de diciembre de 1986 se dictaminó la condena de Jorge Antonio, Ramón Juan Alberto Camps, Norberto Cozzani Cabezón, Miguel Osvaldo Etchecolatz Santillán; Ovidio Pablo Ricchieri y Ovidio Pablo.
El fondo se compone de la copia digital de los 57 cuerpos la causa, las actas mecanografiadas de las sesiones y la documentación aportada como prueba por las partes durante el desarrollo del juicio.

La colección reúne fotografías de trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) tomadas por Enrique Shore un día antes de la entrega del informe de la Comisión a Raúl Alfonsín en septiembre de 1984. Shore había sido contratado por la CONADEP para realizar los registros fotográficos de las inspecciones oculares de los Centros Clandestinos de Detención que la Comisión, sobre la base de testimonios de sobrevivientes y familiares, había ido encontrando. A poco de la finalización de las tareas de la CONADEP Shore pidió permiso para entrar a la sala de los notables y tomar fotos a quienes habían llevado adelante el exhaustivo trabajo entre 1983 y 1984.

Fotografía del edificio principal de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de Marta Vásquez Ocampo durante la primera visita de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de Taty Almeida y Marta Vásquez Ocampo durante la primera visita de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de Taty Almeida y Marta Vásquez Ocampo durante la primera visita de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de Taty Almeida y Marta Vásquez Ocampo durante la primera visita de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía del legislador Alfredo Bravo y el abogado Mario Ganora durante la primera visita de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de Laura Bonaparte, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Graciela Lois, esposa de un detenido desaparecido; los abogados Liliana Magrini y Mario Ganora; el defensor del Pueblo, Antonio Cartañá; el adjunto de la Defensoría del Pueblo, Eugenio Semino; y los legisladores Alfredo Bravo y Jorge Rivas, junto a un miembro de la Fuerza Armada, durante la primera visita de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de Laura Bonaparte, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Graciela Lois, esposa de un detenido desaparecido; los abogados Liliana Magrini y Mario Ganora; el defensor del Pueblo, Antonio Cartañá; el adjunto de la Defensoría del Pueblo, Eugenio Semino; y los legisladores Alfredo Bravo y Jorge Rivas, junto a un miembro de la Fuerza Armada, durante la primera visita de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.