Este fondo contiene copia los cuerpos de la investigación preliminar de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" inciada en 2014, la documentación agregada en instrucción suplementaria, las audiencias del juicio, el fallo y fundamentos de la sentencia y los informes de cumplimiento de la sentencia de la Unidad para la Ejecución de la Sentencia de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad".

La particularidad de este juicio se relaciona con la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. En la sentencia del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia se establece que la "Masacre de Napalpí" constituyó un crimen de lesa humanidad y da como probados los hechos que se detallan a continuación: “El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos. Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los/as sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frio, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados/as y asesinados/as. La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación. Tales hechos ocurrieron en el contexto de la Reducción de Indios de Napalpí, la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral. Sus condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados/as, sin vestimenta apropiada, con poca comida y de mala calidad, sin atención médica ni posibilidad de escolarizarse. Allí les cobraban por los elementos de trabajo, como así, por las bolsas de algodón y un impuesto del 15% sobre la cosecha y costosos fletes para su traslado, a los pocos que se les dio la posibilidad de hacerlo, siendo el resto obligados/as a trabajar extensas jornadas para la Reducción o vecinos hacendados, pagándoles con vales. Asimismo, fue decretada su prohibición de salir del territorio y no podían elegir dónde y para quien trabajar. Las mujeres indígenas trabajaban intensamente y sin remuneración, eran frecuentes los abusos, es decir, en condiciones análogas a la esclavitud. Todo ello dio lugar a la protesta y reunión de alrededor de mil indígenas en la zona de El Aguará, en el interior de la Reducción, donde luego ocurrió el ataque. Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande, que habría tenido como consecuencia la muerte de cuatro indígenas, uno de ellos el importante dirigente Pedro Maidana. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie. La masacre provocó graves consecuencias en los sobrevivientes y en sus descendientes. Producto de ello y de una sistemática opresión, las generaciones posteriores de los pueblos Moqoit y Qom sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la pérdida de su lengua y su cultura”.

En los cuerpos de la investigación preliminar, en términos generales, se encuentran documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como requerimientos de la fiscalía, dictámenes del juzgado, ofrecimientos de prueba, entre otros. Además estos cuerpos contienen testimonios producidos en las dos etapas de la investigación, en instrucción y durante las audiencias orales del juicio así como también se incluyen las copias de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. Asimismo, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de relevancia pertenecientes a museos o archivos locales o extranjeros, y decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina. Cabe señalar también que, además de los cuerpos creados a partir del 2014 el fondo también contiene copia de los dos cuerpos del expediente iniciado en 1924. La organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la Unidad Fiscal.

Cuerpo 3 de la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad" el cual contiene los siguientes documentos:

1. Constancia de la Remisión del Superior Tribunal de Justicia del Chaco del Expediente Número 910 del año 1924 caratulado “Sublevación Indígena en la Reducción Napalpí” y agregado por cuerda “Legajo de Antecedentes correspondiente al Informe del Comisario José B. Machado”. Se agregan por cuerda. Se incorpora como ofrecimiento de prueba para el juicio.
2. Respuesta del Gobierno del Chaco a Oficio Número 1029.
3. Respuesta del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación al Oficio Número 1022. Nota Número 320 del Archivo General de la Nación dependiente del Ministerio del Interior (Se adjunta 1 CD con 12 Decretos de los años 1921, 1913, 1914, 1916, 1918, 1920, 1923 y 1932 y 91 expedientes de los años 1911 a 1933 del Fondo del Ministerio del Interior).
4. Nota sobre incorporación de artículos de Marcelo Musante.
5. Afiche de film "Octubre Pilagá. Relatos sobre el silencio" de Valeria Mapelman. DVD Se incorpora a la causa.
6. Incorporación del artículo académico “Del silencio al ruido en la Historia. Prácticas genocidas y Pueblo Originarios en Argentina” de Walter Delrío, Diana Lenton, Marcelo Musante, Mariano Nagy, Alexis Papazian y Pilar Pérez. Nota de incorporación.
7. Incorporación del artículo “Robert Lehmann Nitsche. Pruebas contundentes sobre su presencia en Napalpí en tiempos de la masacre” de Lena Dávila. Nota de incorporación.
8. Testimonio de Lena Dávila da Rosa.
9. Libro “La Matanza de Napalpí” coordinado por María Leonor Acuña y Julia Zullo. Artículos: “Napalpí. De la masacre a la memoria de la masacre” de Leonor Acuña y Julia Zullo; “Napalpí. La voz de la sangre” de Juan Chico y Mario Fernández. Nota de incorporación.
10. Incorporación del libro "Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba" de Valeria Mapelman.
11. Testimonio de Mariana Giordano.
12. Incorporación del libro "Discurso e imagen sobre el indígena chaqueño" de Ediciones Al Margen.

Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.

Entrevista realizada por Hernán Gayvirosky, Nieves Frattini y L. Gabriel Méstola del Instituo Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a Irma Ávalos. Irma relata que, durante la década de 1960 y tras el avance de las fuerzas productivas sobre los territorios ancestralmente ocupados por los Qom en lo que es la región del “Gran Chaco”, muchas familias emigraron hacia los centros más urbanizados y se instalaron en zonas marginales. En la Provincia de Buenos Aires, el núcleo de familias indígenas Qom más antiguo que se tiene registro es en la Villa IAPI, en el municipio de Quilmes. Menciona que en el lugar hay distintas organizaciones indígenas entre las cuales está la Comunidad “Yapé” de 32 familias aproximadamente. Nacida en Resistencia, Chaco en 1953, Irma Ávalos, Presidenta la Comunidad Yapé, relata que, de muy joven, la llevaron desde su tierra natal en Machagay hasta el actual barrio IAPI en Bernal, en la Provincia de Buenos Aires. Luego del desalojo de sus tierras comunitarias, junto a su abuelo se ven obligados a mudarse a Resistencia, luego a Corrientes y por último, junto a su padre se instalan provisoriamente en la Isla Maciel instalándose luego en barrio de La Boca. Recuerda sus años de vivir en comunidad en Machagai donde, junto a su abuelo, plantaban mandioca, algodón, criaban animales o viajaban juntos arriba de una valanta [carro largo tirado por caballos] donde llevaban bolsas de algodón, mandioca y hacía el trueque. En la entrevista Irma afirma “nosotros nunca sufríamos hambre, porque mi abuelo era cazador, mi papá también […] mi abuelo un piagoná, hablaba a los animales, a los pájaros”. También menciona que trabajó en Edison catorce años hasta que la echaron. Tras este despido, cuenta que se juntó con sus familiares y decidieron organizarse y armar la comunidad con su respectiva personería jurídica.

Entrevista realizada por Hernán Gayvirosky, Nieves Frattini y L. Gabriel Méstola del Instituo Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a Epifanía Rosa Salgado, cacique de la comunidad Indígena Corral Blanco del pueblo Diaguita - Calchaquí, Provincia de Catamarca. Epifanía cuenta que su padre era “artesano y hacía trueque con comida en Santa María en burro, mula, con lo que tejía”. Recuerda que de chica jugaba un poco en el campo cuando salían a pastar los animales por las mañanas y entre tiempo y tiempo aprendió “torcer”, a “mismar” la lana. Ya más adulta, todo lo producido lo vendía para comprar ropa, comida y calzado. Cuenta también que, junto a sus compañeras, armaron una cooperativa de la mesa local con las artesanas más grandes.

Entrevista realizada por Hernán Gayvirosky, Nieves Frattini y L. Gabriel Méstola del Instituo Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a Lorenzo Ramos, cacique general del pueblo Guaraní (Opygua). En su relato del Pueblo Mbya Guaraní, en Misiones, recorre su infancia junto a su padre y en el monte. Menciona que “cuando era chiquitito no escuchaba nada de ruidos raros, de la ciudad de los camiones, me crié así. Después de mucho tiempo escuché lo que es el ruido del carro, los fuelles, los patrones".

Entrevista realizada por Hernán Gayvirosky, Nieves Frattini y L. Gabriel Méstola del Instituo Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a Félix Díaz, Presidente del Consejo Consultivo y Participación de los Pueblos Indígenas de la República Argentina y líder de la Comunidad "La Primavera" Potae Napoqna Navogoh, perteneciente al pueblo Qom. Félix hace referencia a la “necesidad de garantizar la participación indígena, adecuar la legislación nacional para poder trabajar a la par del Estado garantizando la participación indígena dentro de la administración pública”. Félix, nacido en Colonia, Chaco, recuerda que en tiempos de su padre “no había leyes indígenas, tampoco DNI […] nosotros en aquel entonces éramos nómades, no teníamos escuela, subsistíamos de la caza, la recolección y las artesanías”. Luego, hace referencia a sus tiempos de niñez y juventud, mencionando que se le presentó la oportunidad de asistir a una escuela, la cual debió abandonar por la barrera cultural que se le presentó: “en mi juventud, se instala una escuela primaria ranchos en los 70, pero había una barrera cultural porque el director no entendía nada del Qom y yo tampoco del castellano y me tuve que retirarme de allí y volver al monte para seguir las actividades culturales, la caza la pesca vida muy tranquila porque éramos libre porque no había alambre no había frontera, no existía con el blanco ese problema que hay hoy”.

Entrevista realizada por Hernán Gayvirosky, Nieves Frattini y L. Gabriel Méstola del Instituo Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a la líder indígenea Norma Lucero, cuyo cargo dentro del Lof Lucero Pichinau es Gamatsom. Norma cuenta la historia de su Pueblo Gunun a Kuna desde sus orígenes a la actualidad.