Fotografía de una intervención callejera sobre un muro en el escrache realizado por la agrupación H.I.J.O.S. en el barrio de Villa Lugano, a Rubén Osvaldo Bufano, personal civil del Ejército de la última Dictadura cívico-militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de un cordón de la Policía de Tucumán en el escrache a Domingo Bussi, oficial superior del Ejército de la última Dictadura cívico-militar, que realiza la agrupación H.I.J.O.S. en el marco del Congreso Nacional de la agrupación, en la Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán.

Fotografía de una pintada en la calle en el escrache a Domingo Bussi, oficial superior del Ejército de la última Dictadura cívico-militar, que realiza la agrupación H.I.J.O.S. en el marco del Congreso Nacional de la agrupación, en la Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán.

Fotografía de integrantes de H.I.J.O.S. que se manifiestan en la calle en el escrache a Domingo Bussi, oficial superior del Ejército de la última Dictadura cívico-militar, en el marco del Congreso Nacional de la agrupación en la Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán.

Fotografía de integrantes de H.I.J.O.S. con una bandera con la sigla PPL (Pocos Pero Locos) en el marco del Congreso Nacional de la agrupación que se realiza en la Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán.

Fotografía de manifestantes en la Marcha por la Vida convocada por organismos de derechos humanos, en la foto, con anteojos, Adolfo Perez Esquivel, a su derecha, Jaime de Nevares. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Fotografía de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo que sostiene un cartel reclamando la aparición de niños desaparecidos en la dictadura cívico militar en el marco de la ronda de los jueves frente a la casa de gobierno, al cumplirse el décimo aniversario de la fundación de esta entidad defensora de los derechos humanos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo por el caso de la menor Laura Scaccheri; de izquierda a derecha María Cristina Scaccheri, María Isabel Chorobik de Mariani, Estela de Carlotto y Norberto Livsky. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de los abogados Raúl Schnabel y Tilsa Albani durante una conferencia de prensa en la sede de familiares de desaparecidos, para informar sobre la presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acerca de la situación de cuatro presos políticos que aún quedan detenidos en Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de manifestación de Madres de Plaza de Mayo, en Plaza de Mayo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, juto a Arlette Domon y Christian Domon (prima y sobrino de la monja francesa desaparecida Alice Domon) y los religiosos Charles Blancoy (cura párroco de Perugorria) y Michelle Bonnemaison (sacerdote de la misión francesa) durante la conferencia de prensa referida al ascenso de Alfredo Astiz. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía Luis Zamora junto a un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo en Tribunales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo, junto a ex detenidos de la dictadura cívico militar, en una marcha en Plaza de Mayo en repudio por los desprocesamientos dispuestos por la corte suprema de Justicia a los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de la caja fuerte de la casa de Madres de Plaza de Mayo, vandalizada por un robo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fotografía de la Madre de Plaza de Mayo Claudia Perepichay de San Martín, frente a la casa de Gobierno luego de la ronda de los jueves en el marco de la cual se reclamó la libertad de Graciela Daleo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

La Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), cuyos antecedentes más tempranos se remontan al año 1946, constituyó el primer organismo dedicado a tareas de inteligencia que dependió de forma directa del presidente de la Nación. Su creación se produjo en un contexto en el que florecieron servicios de inteligencia a escala mundial como producto de la Guerra Fría. En el transcurso de 1975, según lo estipulado por la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa y la Directiva 404/75 del Comando General del Ejército, la SIDE y las agencias de inteligencia de las distintas fuerzas en todo el territorio nacional se subordinaron a las órdenes de la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército. Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el organismo de inteligencia estatal participó activamente y de diversas formas en la represión. Durante el primer año de dictadura, la SIDE tuvo a su cargo, junto a la Policía Federal, el manejo el centro clandestino de detención “Automotores Orletti” y una casa operativa en la calle Bacacay al 3500, ambos en el barrio de Floresta. Estos lugares tuvieron un rol clave en la “Operación Cóndor”, nombre con el que se conoció al esquema que articuló los servicios de inteligencia y la represión ilegal en los países del Cono Sur, incluida la Argentina, con el asesoramiento de los Estados Unidos. Según se pudo reconstruir a partir de los testimonios de sobrevivientes, en Orletti estuvieron secuestradas unas 300 personas de nacionalidad uruguaya, chilena, boliviana, paraguaya y cubana. Entre los represores que operaron en este lugar destacan los nombres de Aníbal Gordon, jefe del grupo de tareas con pasado en la Triple A, y Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz.
En términos generales la colección se conforma de documentos producidos entre 1973 y 1985 por el Departamento de Contraespionaje 842 de la Comunidad Central de Contraespionaje de la SIDE, así como informes y partes de inteligencia, temarios para reuniones, actas de reuniones y distintos tipos de comunicaciones vinculados a la SIDE y diferentes organismos de inteligencia que integraban la Comunidad Informativa.
Se conoce como Comunidad Informativa al agrupamiento e intercambio de información entre los diferentes servicios y agencias de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y la SIDE. La circulación de información entre los diferentes organismos para coordinar las acciones de inteligencia desplegadas a lo largo de todo el país e intercambiar la información recopilada está registrada en distintos documentos a través de los Distribuidores (listado de dependencias a dónde se remitían las copias de un mismo documento) así como en el fondo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que formaba parte de dicha Comunidad Informativa.
En particular, dentro de la colección puede encontrarse:
Memos y notas entre la SIDE y diferentes organismos de la Comunidad Informativa, así como temarios tentativos y actas de reunión.
Actas de reunión de la Comunidad Central de Contra Espionaje (CCCE) de julio de 1982 a julio de 1983
Actas de eximición de responsabilidad de la SIDE de diferentes agentes de inteligencia.
Organigramas, memorias anuales de los años 1979 a 1982, informes que contienen misiones, tareas, organización, actividades en desarrollo y programadas, situación y necesidades de personal, penetraciones técnicas preparadas y en desarrollo, del Departamento de Contraespionaje 842 de la Comunidad Central de Contraespionaje de la SIDE. También de este organismo se encuentra un bibliorato que contiene Misión Orgánica "en vigencia 2/80", Plan de Obtención 1979 donde constan requerimientos de Inteligencia y oportunidades de evaluación, la distribución del personal con nombres de personal civil de inteligencia, distribución de partidas presupuestarias y exposición vinculada a los gastos realizados por dicho Departamento, Código de objetivos (Código del Nº de país), y dependencias de la Dirección donde constan lugares, resumen de información técnica en explotación y otras necesidades.
Texto "Enseñanza sobre medidas de seguridad" del Departamento de Operaciones Tácticas 2 División A
Informe de 225 páginas sobre situación en el Cono Sur con anexos donde se mencionan las hipótesis de conflicto (sin fecha pero se infiere año 1973)
Notas del Ministerio del Interior en relación a los criterios de selección migratoria y normas de control de acceso en las fronteras, más informe de criterios de selección migratoria.
Cartillas de instrucciones en "Caso Pueblo". Seguimiento de sospechosos. 1973-1974
Partes de vigilancia y seguimiento a Arancibia Clavel en 1984.
Informe con datos generales sobre la SIDE
Así como una serie de informes respecto a seminarios y cursos realizados, donde se adjunta además material de dichos cursos y seminarios, y publicaciones sueltas de organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos:

• Conclusiones del Seminario de Abuelas realizado el 14 de abril de 1984 en Buenos Aires sobre niños desaparecidos y su restitución.
• Publicación de Abuelas de Plaza de Mayo (1985) "Niños desaparecidos en la Argentina desde 1976" que contiene información y fotos de cada uno de esos niños y niñas.
• Informe de la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (P.I.D.E.E.) de Chile de 1984, donde se explicita objetivos, actividades y catastro de 1980 a 1984 sobre esta situación
• Publicación "Las Abuelas y sus Derechos Humanos" de la Asociación Bíblica Argentina de 1979.
• Informe sobre la Unión de Mujeres Argentinas (UMA) elaborado por la Superintendencia de Seguridad Metropolitana compuesto por un informe e información interna de la Superintendencia.
• Informe de la SIDE sobre miembros de Testigos de Jehová de 1976.
• Informe sobre Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) de 1985. Más ponencia del seminario "La tortura en América Latina", realizado en Buenos Aires del 2 al 5 de diciembre de 1985, de María Eugenia Rojas "El papel de la denuncia como método de lucha por la verdad en los regímenes dictatoriales". Más informes del Departamento de Contrainteligencia 842 sobre el seminario del 17 de diciembre de 1985, en el que se adjunta material obtenido en dicho Seminario y las conclusiones del mismo.
• Documentos en relación al Grupo Banco Ambrosiano con nombres del directorio e informes de inteligencia de la SIDE sobre sus miembros, vinculándolos a la Logia P-2.
• Publicación Gillespie Ricardo (1982) Soldados de Perón: los montoneros argentinos. Oxford.
• Partes de informaciones de la SIDE (1974-1980) sobre organización Centro Síntesis de Integración Psicofísica o "la Comunidad" (SILO), y sobre personas vinculadas a Israel, Libia, Siria, Egipto, entre otros. Se incluyen artículos de prensa y publicaciones.
• Informe sobre "Curso Piloto" realizado el 3 de mayo de 1974 en la SIDE.
• Publicaciones de denuncias de violaciones a los derechos humanos de Amnistía Internacional y de Courrier d'la C.A.T. (1984). Hay varios sobre Perú.
• Documento de una jornada sobre salud mental de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
• Publicación del Comité para la Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) de Chile, con denuncias, cartas y poemas.

Rendición de egresos del mes de diciembre de 1981 de la sede México de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y una carta dirigida a Juan Méndez, en la cual toma contacto por denuncias realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Rendición de egresos del mes de septiembre de 1982 de la sede México de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), compuesta por un resumen de los gastos y una carta en la cual se dan detalles sobre los comprobantes de gastos y comenta sobre la situación ecónomica en México y su impacto en las finanzas de CADHU, el análisis informativo en SICA sobre CIDEA, denuncias ante la CIDH y sobre una conferencia de prensa de una madre de Plaza de Mayo, está firmada por el Consejero Directivo, Carlos González Gartland.