La colección reúne dos expedientes producidos por Ramón Horacio Torres Molina en el cumplimiento de sus funciones como abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Refieren a dos casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso 10.181 y caso 10.147, por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), vinculados a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente.

Expediente de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso 10.181 por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Vinculados a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en el caso de Silvia Mabel Isabella Valenzi, en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente. Contiene correspondencia de Torres Molina y su patrocinada, Rosario Isabella Valenzi de Sanchez, con la CIDH, presentaciones ante la Comisión, un informe del año 1992 de ésta y copias del expediente judicial.

Esta sección reúne documentos de diferente procedencia recopilados por Carlos González Gartland durante su exilio en México, entre 1976 y 1984. Además de sus responsabilidades en la delegación en México de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) y en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), González Gartland estableció múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior, de manera que fue reuniendo documentos tales como panfletos, comunicados, volantes, artículos de prensa, proclamas e informes, que dan cuenta de su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina así como del accionar de estas organizaciones. Estos documentos, agrupados por González Gartland en cajas rotuladas ""Documentos y publicaciones del exilio en general"", constituyeron la base que permitió a la CADHU la creación en 1980 del Centro de Información y Documentación del Exilio Argentino (CIDEA) en 1980, en centro especializado en los problemas argentinos, orientado a los aspectos vinculados con los derechos humanos. En ese momento, el CIDEA no logró obtener financiamiento más allá del propio de la CADHU de manera que se puso en funcionamiento en condiciones precarias dependiendo del trabajo voluntario de colaboradores no especializados, lo que devino en que no pudiera darse un tratamiento adecuado a la documentación. A pesar de ello, el CIDEA prestó servicios de consulta a familiares de víctimas de la represión, organismos de solidaridad del exilio, investigadores y a los organismos de derechos humanos y de familiares que actuaban en Argentina. Además, en base al material que reunía, editó un boletín mensual a través del Servicio de Información Comentada de Argentina (SICA), el cual fue distribuido gratuitamente a diarios y revistas de América con el fin de contribuir al mejoramiento de los derechos humanos en Argentina. Con el retorno del exilio a Argentina de los colaboradores del CIDEA y de los miembros de la CADHU a partir de diciembre de 1983, el Centro de Información no pudo seguir adelante con sus tareas. Como se consecuencia, se comenzó a pensar en trasladar la documentación a Argentina realizando previamente una microfilmación de los documentos reservados u originales. Para llevar adelante esta tarea se tiene registro de que, al menos, se pidió financiamiento al Consejo Mundial de Iglesias. Si bien se desconoce si se llevó adelante algún tipo de microfilmacion, la documentación perteneciente al CIDEA fue efectivamente trasladada a Argentina.
Parte de esta sección reúne los documentos recopilados para el CIDEA aunque no es posible determinar si la totalidad de ellos formaron parte de este Centro de Información.

Esta serie reúne las cuarenta y dos actas de funcionamiento general de la CONADEP escritas a mano en un libro de actas. Las mismas se encuentran fechadas entre el 22 de diciembre de 1983 y el 11 de septiembre de 1984. Asimismo, la serie comprende todos los borradores de estas actas y fotocopias de algunas de las actas del libro.
Por otra parte, se encuentran también las actas del Comité Ejecutivo de la CONADEP, instituido el 29 de diciembre de 1983 en el acta N°3 de la Comisión dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. El funcionamiento del Comité Ejecutivo, entre el 5 de enero y el 26 de julio de 1984, se encuentra plasmado en once actas manuscritas contenidas en un libro de actas. También hay borradores de esas actas.

Carta de Carlos González Gartland y Hugo Cardozo para el Embajador de Uruguay ante los Estados Unidos Mexicanos con motivo de la asunción del Presidente electo Raúl Alfonsín. En ese sentido solicita al gobierno peruano que le solicite al gobierno argentino entrante la libertad a los detenidos desaprecidos; la entrega de niños secuestrados y bebés nacidos en cautiverio a sus familias; la libertad a los presos políticos; y el retiro de asesores militares y policiales en Centroamérica y Sudáfrica.

Borrador de acta de la catorceava reunión de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP). Se menciona la incorporación de tres diputados nacionales como miembros plenos de la Comisión: Hugo Diógenes Piucill, Horacio Huarte y Santiago Marcelino López. En el marco del informe del Comité Ejecutivo se alude a reuniones y entrevistas sostenidas por la Comisión así como a una conferencia de prensa en la que se aclaró la situación respecto de difusión de noticias erróneas sobre presuntos impedimentos presentados por sectores militares a un procedimiento en Olavarría.
Asimismo se informa sobre la perspectiva de realización de procedimientos en III Cuerpo del Ejército con sede en Córdoba y sobre el reconocimiento con el testigo Solanille en La Perla y Loma del Torito en Córdoba, por enterramientos de víctimas de la represión. Se menciona que este procedimiento fue suspendido por orden de un juez militar y se decide oficiar al Ministerio de Defensa para continuarlo. Se hace referencia también a la participación en la reunión de integrantes de la delegación Córdoba de la Comisión. A continuación se detallan los informes de las diferentes secretarías, entre las cuales la de Asuntos Legales expone el avance de las gestiones para realizar un procedimiento en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se ranscribe un texto de resolución que se aprueba con el objeto de aportar a la validez instrumental de los documentos producidos por la Comisión, en particular los procedimientos. En tal sentido se deja asentado que la Comisión remitirá a la justicia los originales conservando copias autenticadas de la documentación recabada.

Borrador de acta de la decimosexta reunión de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP). Se menciona el viaje de Marshall Meyer a Europa y un informe del Dr. Haas sobre identificación de niños. Respecto de la Perla se hace referencia a una entrevista mantenida con el Dr. Jaunarena sobre procedimiento de excavación en ese lugar y también se menciona el viaje del Obispo Gattinoni a la provincia de Córdoba y su visita a La Perla junto a Raúl Aragón, el arquitecto Luis Rébora, el fotógrafo de la Comisión (es la primera vez que se le menciona) y el testigo José Julián Solanille. Señala que fueron llevados engañados, que fueron muy mal recibidos por el Jefe del Destacamento (Gral. Mansilla) y que el testigo fue separado del grupo y fue interrogado por más de cinco horas recibiendo amenazas.
Se deja asentado el ingreso a la reunión del Diputado Provincial de Córdoba, Dr. Becerra, con quien se trató el tema de la adhesión y colaboración del gobierno provincial al accionar de la Comisión apoyo que, segú Rabossi fue tal hasta la organización de la delegación cordobesa pero que luego no hubo colaboración efectiva.
Además, se deja asentado que los Generales Olivera Rovere, Reston y Menendez solicitaron que se los dispense de la medida precautoria impulsada por la Comisión en enero (salida del país). Al respecto deciden enviar cuestionarios con preguntas para los Generales “para que una vez contestado, el Ministerio resuelva en consecuencia lo que considere procedente”. Se hace referencia a la demora en el análisis del libro de la morgue de Córdoba y a la remisión al Juez Federal la información reunida sobre la desaparición de María Salto. Finalmente, se deja asentado que el Dr. Mansur pide que se lo releve de la responsabilidad de confeccionar las actas de las reuniones tal como viene ocurriendo hasta el momento y que, a partir de allí la responsabilidad será rotativa entre los cuatro secretarios letrados.