Esta colección reúne copias digitales de fotografías tomadas por el fotógrafo Julio Menajovsky. El 6 de septiembre de 1974 fue secuestrado y al día siguiente legalizado en la cárcel de Villa Devoto. Estuvo preso en distintas cárceles del país entre 1974 y 1982, exiliándose ese año en Francia para regresar definitivamente al país en 1985. La extensa trayectoria profesional de Julio se plasma en esta colección
La colección está constituida por registros fotográficos que documentan acontecimientos políticos, sociales y culturales de la Argentina, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, entre los años finales de la última dictadura cívico-militar y la consolidación del período democrático, con proyecciones hasta la década de 1990. El conjunto ofrece un testimonio visual significativo sobre los procesos de transición democrática, la conflictividad político-militar y las luchas por memoria, verdad y justicia.
Las imágenes registran el clima social previo a las elecciones presidenciales de 1983 y diversos acontecimientos relevantes del período, incluyendo manifestaciones y acciones de organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, tanto en el ámbito local como internacional, así como movilizaciones, marchas y actos públicos vinculados a reclamos de justicia, aparición con vida y denuncia de las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, la colección documenta instancias clave del proceso judicial y político de la posdictadura, tales como el Juicio a las Juntas, actuaciones del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA), y manifestaciones sociales en torno a estos procesos. También se registran episodios de conflictividad institucional, como los levantamientos militares carapintadas de 1987 y 1988 encabezados por Aldo Rico durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
El conjunto incluye además registros de movilizaciones sindicales, actos políticos de diversas corrientes ideológicas, manifestaciones religiosas y debates públicos en torno a la ampliación de derechos civiles, así como expresiones culturales vinculadas a la memoria, como homenajes a figuras relevantes, entre ellas el obispo Enrique Angelelli, y actividades artísticas.
Finalmente, la colección incorpora fotografías de acontecimientos de alto impacto social, como el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994, así como registros vinculados a la recuperación de espacios de memoria, incluyendo visitas e inspecciones en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) por parte de organismos de derechos humanos, funcionarios y actores judiciales, entre ellos el juez Baltasar Garzón.
En su conjunto, las fotografías ofrecen un vasto registro de las acciones de movilización social, las disputas políticas, los procesos judiciales y las políticas de memoria en el período.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Fotografía de acceso al sótano y a un lado la playa de estacionamiento tomada por Enrique Ezequiel Shore durante la inspección ocular realizada en el ex Centro Clandestino de Detención Escuela de Mecánica de la Armada por el equipo de investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). En esta inspección participaron, por la CONADEP, la Sra. Magdalena Ruiz Guiñazú, el Dr. Eduardo A. Rabossi y el Diputado Nacional Santiago Marcelino López, el Secretario de Pocedimientos Dr. Raúl Aragón, el Dr. Albor Ungaro, el arquitecto Carlos Ocampo y el fotógrafo Enrique Ezequiel Shore; y los testigos Sergio Martín Bejerman, Osvaldo Rubén Cheula, Laura Alicia Reboratti, Silvia Mabel Gallegos, Alejandro Hugo López y Carlos Muñoz. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.