Síntesis de testimonios de sobrevivientes de campos clandestinos de detención. Se incluyen testimonios de Graciela Fernández Meijide, Alberto Samuel Falicoff, Marcelo Parrili, María Elisa Hachman de Landin, Adolfo Pérez Esquivel, Ana María Moreyra, Hebe Pastor de Bonafini, Emilio Mignone, Alfredo Bravo, Sergio Hugo Schilman; Remy Vensentini, Mabel Gutiérrez y María Angélica Vallejos. También hay un testimonio sobre el secuestro, tortura y asesinato del teniente coronel Argentino del Valle Larrabure.
Sección Derechos Humanos de la publicación "Argentina día por día" con testimonio de Lisandro Raúl Cubas titulado "Los desaparecidos empiezan a hablar". Este testimonio aparece en forma de entrevista a Cubas, quien fue secuestrado y desaparecido el 20 de octubre de 1976 y, tres años más tarde, liberado, saliendo al exilio en 1979. Además del testimonio se inlcuyen otros dos artículos periodísticos:
Artículo de Clarín titulado "Un Informe Revelador. Detenciones Clandestinas" y se trata de un informe elaborado por ocho ex detenidos del centro clandestino de detención La Cacha, redactado en un convento de San Pablo. Incluye lista de 75 personas que pasaron por La Cacha.
Artículo de La Nación con el título "La Libertad para Subversivos" que trata sobre la sanción del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley 22.980 con la que se deroga la ley 22.156 y se modifica los artículos 13 y 53 del Código Penal.
Artículo de La Nación "Situación Procesal del Almirante Massera".
Artículo de Clarín "Recurso Diplomático" sobre el Habeas corpus en favor de 27 españoles desaparecidos. Incluye el relato sobre españoles detenidos ilegalmente en distintos centros clandestinos de detención, proveniente de un escrito presentado por el ministro encargado de la sección Asuntos Consulares de la Embajada de España.
Artículo de Clarín "Internaron a Emilio Massera", que refiere a la ausencia de Eduardo Massera en la absolución de posiciones convocada por el juez de sentencia Ricardo José Galli debido a problemas de salud.
Expediente de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso 14.147 por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Vinculado a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en los casos de Rodolfo Omar Farias y Glasdys Noemí Musante, en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente. Contiene correspondencia deTorres Molina y su patrocinada Alicia Consuelo Herrera, con la CIDH, presentaciones ante la Comisión, un informe del año 1992 de ésta y copias del expediente judicial.
Expediente de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso 10.181 por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Vinculados a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en el caso de Silvia Mabel Isabella Valenzi, en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente. Contiene correspondencia de Torres Molina y su patrocinada, Rosario Isabella Valenzi de Sanchez, con la CIDH, presentaciones ante la Comisión, un informe del año 1992 de ésta y copias del expediente judicial.
La colección reúne dos expedientes producidos por Ramón Horacio Torres Molina en el cumplimiento de sus funciones como abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Refieren a dos casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso 10.181 y caso 10.147, por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), vinculados a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente.
