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Esta serie reúne las gestiones realizadas por la CONADEP para la solicitud de asistencia social a familiares o víctimas del terrorismo de Estado. Entre la documentación se encuentran fichas con los datos de las personas para el acceso a las cajas que se entregaban a través del Plan Alimentario Nacional (PAN), una política del gobierno de Raúl Alfonsín para enfrentar el hambre y la pobreza. Asimismo, hay notas y derivaciones para atender problemas de salud y especialmente de salud mental así como diversas gestiones para solicitar subsidios, pensiones, recursos económicos y laborales. Estas gestiones se materializaron a través de diversas comunicaciones de la CONADEP con organismos e instituciones del Estado tales como el Ministerio del Interior, la Intendencia de la Matanza, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Promoción Social, la Cámara de Diputados, la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamentos, la Subsecretaría de Promoción Social, la Subsecretaría de Salud Social, el Hospital Argerich, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, el Centro Cultural General San Martín, el Ministerio de Salud y Acción Social, la Subsecretaría de Seguridad Social, Aerolíneas Argentinas, entre otros. También la CONADEP gestionó asistencia mediante otras organizaciones de la sociedad civil y empresas, encontrándose comunicaciones por ejemplo con el Movimiento SoliDarío de Salud Mental, el Instituto Oral Modelo, el Instituto de Rehabilitación "Rocca", el Partido Comunista, el Presidente del Banco Nacional de Desarrollo, Cáritas; el Hotel Reina y el CEMIC.

Esta serie reúne las elevaciones de denuncias realizadas por la CONADEP a la Justicia a partir de su labor investigativa y con el objeto de solicitar que se arbitren las medidas necesarias en relación a ellas. Estas elevaciones fueron presentadas ante distintas dependencias judiciales del país correspondientes a las localidades donde ocurrieron los hechos denunciados vinculados con la detención y desaparición forzada de personas. A cada una de las elevaciones se le añadieron las respuestas recibidas por parte de la Justicia así como otras tramitaciones vinculadas a ellas, como por ejemplo la reiteración de respuestas en cuanto al estado de estas elevaciones realizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos a esas dependencias judiciales en 1985.