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Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064310/2011 sobre solicitud de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso N° 10.496 Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064207/2011 en referencia a la comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso 10.644 de la señora Graciela Cristina Chein.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064202/2011 el cual contiene copias de las sentencias sobre indemnización compensatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de los hondureños "Velázquez Rodríguez " y "Godinez Cruz". Asimismo se incluye una copia de la Opinión Consultiva (OC-10) adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de julio de 1989.

La colección reúne principalmente documentación vinculada a Valentina Noemí Keheyan, quien fue secuestrada el 12 de mayo de 1976 de su domicilio en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires, y aún permanece desaparecida. Valentina provenía de una familia de origen armenio, al momento de su desaparición tenía 21 años y era estudiante de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González. Su hermana Mónica reunió documentación personal de Valentina y de la familia Keheyan, así como también documentación judicial, Habeas Corpus y distintos recursos interpuestos en su búsqueda ante organismos nacionales e internacionales, documentación relacionada a las campañas de denuncia lideradas por Organismos de Derechos Humanos y otras instituciones civiles y eclesiásticas. Por otro lado, la colección también está compuesta por artículos periodísticos recopilados por la productora sobre la temática de la última dictadura cívico militar (1976-1983), el terrorismo de Estado, el proceso de Justicia por delitos de lesa humanidad en Argentina, la política pública en Derechos Humanos, la creación de Espacios de Memoria, entre otros.

Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.