Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064199/2011 vinculado a una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064201/2011 en referencia al caso N° 10.436 tramitado por la CIDH sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales bajo condiciones inhumanas durante la dictadura cívico-militar que rigió en Argentina entre 1976 y 1983.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064200/2011 sobre la designación de funcionario para asistir a la audiencia en los Casos N° 10.181 de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y N° 10.147 de Alicia Consuelo Herrera en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064327/2011 sobre solicitud de información sobre la sentencia del juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada para ser remitida al Centro de Derechos Humanos y su posterior elevación al Presidente del Comité contra la Tortura.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064310/2011 sobre solicitud de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso N° 10.496 Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976.

Copia fiel de expediente del Ministerio de Justicia S04:0020645 sobre solicitud de informe sobre el caso N° 10.862 sobre Julio y Luis María Armesto tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064324/2011 que contiene la comunicación recibida por el Centro de Naciones Unidas por parte de la comunidad guaraní Fortín Mboraré relativa a la vulneración de sus derechos humanos. Esta comunicación, fue a su vez remitida por el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la Misión Permanente de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y, por su intermedio y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, fue recibida por el entonces Ministerio de Educación y Justicia.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064302/2011 sobre comunicación referente al caso N° 10.506 que tramita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en referencia a María Arena en el que se denuncia a las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal que, alegando razones de seguridad, practican revisiones e inspecciones vaginales a las mujeres familiares de presos detenidos en los establecimientos bajo su control.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064325/2011 en relación a la comunicación 1131/89 de la Misión Permanente de la República Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra la cual remite una carta del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en la que da cuenta del 28 período de sesiones de dicho grupo, informa que el Grupo de Trabajo examinó y dio por aclarados los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado, al tiempo que solicita información para la solución de casos de desapariciones aún no resueltos.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064202/2011 el cual contiene copias de las sentencias sobre indemnización compensatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de los hondureños "Velázquez Rodríguez " y "Godinez Cruz". Asimismo se incluye una copia de la Opinión Consultiva (OC-10) adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de julio de 1989.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064204/2011 sobre la copia de la nota G/SO N°271 del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias de Emiliano Castro Tortrino y otros (el niño Antonio Villanueva, María del Carmen Tortrino de Castro, Carlos Enrique Balbino Castro, Emilio Guillermo González, María Elena Grasa, Félix Roberto López, Elena Feldman Ferreryra, José Morales, Luis Alberto Morales, Beatriz Nidya Saenz, José Ramón Morales).

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064205/2011 sobre las desiciones adoptadas por el Comité de Derechos Humanos el 26 de marzo de 1990 sobre comunicacaciones 343, 344 y 354/88 de la señora Raquel Altamira de Vaca Narvaja y otros (Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064186/2011 del Ministerio de Justicia sobre la comunicación 275/88 de la señora Sofía de Apelbaum ante el Comité de Derechos Humanos en relación a la compensación por parte del Estado por la desaparición de sus hijos.

La colección reúne copias autenticadas de 17 expedientes de personas de ciudadanía argentina secuestradas y asesinadas en Uruguay. También se incluye un listado de las personas detenidas desaparecidas con una breve información biográfica de cada una que fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Al interior de cada uno de estos expedientes se encuentran distintos tipos de documentos como artículos de prensa, informes secretos de las personas, seguimientos de causas, entre otros, los cuales están detallados en una lista adjunta a la carátula de cada expediente, donde se consignan datos como código de referencia de la institución de origen, título, fechas extremas, volumen, productor y nivel de descripción.

Contiene copias de los cuerpos de la causas judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Argentina entre 1974 y 1983. Dichas causas se iniciaron a partir de año 2005, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064189/2011 vinculado a la entrevista de la Embajada Argentina en Francia con la señora Victoria Melgar solicitando información sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064198/2011 relacionado a la denuncia de Ernesto Máximo Rodriguez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por habérsele impuesto una sanción que afecta a su honor y dignidad pudiendo comprometer sus posibilidades futuras de trabajo.

Expediente del Ministerio de Justicia S04:0064319/2011 relativo a la comunicación 400/1990 presentada por Darwinia Rosa Monaco de Gallicchio por caso Ximena Vicario o Romina Paola Siciliano. Su hija Stella Maris Gallicchio de Vicario junto a su hija Ximena de 9 meses de edad fue a la Jefatura de la Policía Federal Argentina a gestionar su pasaporte. Fueron secuestradas junto a Jorge Luján González y Osvaldo Castillo y ese mismo día secuestraron a su esposo, Juan Carlos Vicario. Ximena fue encontrada en 1984 en poder de Susana Siciliano, la niña fue devuelta a su familia de origen pero los victimarios solicitaron régimen de visitas siendo apoyados por el Estado Nacional.