La colección cuenta con copias en soporte papel del Expediente 890 caratulado "Colegio de Abogados Depto. Jud. Mar del plata y otros s/ denuncia s/ Desaparición Forzada de Personas” conocido como Juicio por la Verdad de Mar del Plata.
A 24 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, "surgió en Mar del Plata la necesidad de realizar un Juicio por la Verdad que permitiese avanzar en el esclarecimiento de los hechos de represión ocurridos durante la dictadura militar. La amplia convocatoria realizada en ese momento por los organismos de Derechos Humanos tuvo una gran aceptación. Es así que el conjunto de la sociedad, comprometiéndose a colaborar y participar en el mismo, expresó su intención de saldar la trágica historia vivida en la ciudad y su zona de influencia". Participaron de esta convocatoria más de cincuenta instituciones representativas de la sociedad en lo político, cultural, religioso, laboral y social y educativo.
En diciembre de 2000 se dio inicio al Juicio por la Verdad en la ciudad de Mar del Plata, interponiéndolo como una acción de amparo por parte de familiares y víctimas del terrorismo de Estado. La presentación se hizo ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, solicitando a la Justicia que dispusiera lo necesario para la averiguación de la verdad con relación a la desaparición forzada de personas, y que se declarase el derecho de las familias de las víctimas y de la sociedad toda a conocer cuáles fueron las circunstancias de las desapariciones y, en su caso, dónde yacen los restos de las personas desaparecidas.

La colección reúne dos expedientes producidos por Ramón Horacio Torres Molina en el cumplimiento de sus funciones como abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Refieren a dos casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso 10.181 y caso 10.147, por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), vinculados a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente.

La colección contiene documentos recopilados y/o producidos por Aurora Gómez Otero y Norberto Giménez, padres de Silvia Noemí Giménez (detenida-desaparecida), en el marco de las acciones impulsadas para encontrar su paradero. Silvia Noemí Giménez tenía 23 años cuando se la llevaron secuestrada junto a su pareja Raúl en Mar del Plata el 19 de junio de 1976. Ambos eran estudiantes de Agronomía, trabajaban y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y tenían un hijo llamado Emiliano. Al momento del secuestro Emiliano tenía 1 año y 3 meses, fue dejado junto con una vecina; luego de unos meses después, fue llevado junto a sus abuelos. El cuerpo de Silvia fue encontrado en una fosa individual en el Cementerio de Avellaneda, e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2005.
Pueden encontrarse dentro de la colección folletos, volantes y correspondencia de las Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Además, un listado en blanco para completar con información sobre la desaparición de una persona y la solicitada de la APDH (y adherentes) a Jorge Rafael Videla por una ""navidad con paz y justicia"" solicitando el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.
A su vez, la colección contiene sobre de cartas dirigidos a Norberto Giménez en Zelarrayán 1196 (ciudad de Bahía Blanca) proveniente de diferentes remitentes, tales como la Conferencia Episcopal Argentina, Arzobispado de Santa Fe, Nunciatura Apostólica y del exterior del país, como Francia y Suiza. En algunos casos pueden encontrarse las notas de respuestas enviadas por estas instituciones. También notas y borradores manuscritos de correspondencia dirigidas a distintas autoridades del gobierno militar argentino, la Iglesia Católica Argentina y organismos internacionales de recepción de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, recortes y apuntes con direcciones de contacto de periodistas, autoridades del gobierno y organizaciones de Derechos Humanos, como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Comisión Permanente por los Derechos Humanos.
Documentos vinculados a la vida personal de Aurora, como cartas de sus amistades, una tarjeta de saludo navideño, comprobantes de pago de préstamo personal de índole económica y social del Banco Nación.
Copias en papel de fotografías de tres niña (sin identificar).
Recortes de prensa del diario Clarín de abril y mayo de 1982 vinculados con la Guerra de Malvinas
Un prendedor de la agrupación H.I.J.O.S.
Por último, puede encontrarse un cuaderno con dibujos del hijo de Silvia, datos de personas y organizaciones para denunciar la desaparición, y borradores de cartas enviadas solicitando información sobre su hija.

Expediente de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso 10.181 por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Vinculados a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en el caso de Silvia Mabel Isabella Valenzi, en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente. Contiene correspondencia de Torres Molina y su patrocinada, Rosario Isabella Valenzi de Sanchez, con la CIDH, presentaciones ante la Comisión, un informe del año 1992 de ésta y copias del expediente judicial.

Expediente de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso 14.147 por el incumplimiento por parte del Estado argentino de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Vinculado a la anulación de sentecias a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en los casos de Rodolfo Omar Farias y Glasdys Noemí Musante, en el marco de la aplicación de las leyes 23.492 y 23. 521 conocidas con Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida respectivamente. Contiene correspondencia deTorres Molina y su patrocinada Alicia Consuelo Herrera, con la CIDH, presentaciones ante la Comisión, un informe del año 1992 de ésta y copias del expediente judicial.

Libro "Luna Roja. Desaparecidos de las playas marplatenses", escrito por Carlos Bossi

Esta serie reúne correspondencia enviada y recibida por la CONADEP. Hay una gran cantidad de cartas recibidas por la Comisión desde organismos estatales y de la sociedad civil de otros países como Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Francia, Bélgica, Italia, Holanda, Alemania, Suiza, Suecia, Austria, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Japón y Estados Unidos, entre otros, en las que mayormente se solicita información sobre el paradero de personas de esos países detenidas y desaparecidas en Argentina, o bien se manifiesta el apoyo a la labor de la CONADEP o se solicita copia del informe final elaborado por la Comisión como resultado de su labor investigativa. Entre estas cartas se encuentran también aquellas de organismos internacionales como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Además, la serie contiene cartas enviadas y recibidas por la CONADEP de distintos organismos estatales de Argentina con el objeto de solicitar y remitir información necesaria para las investigaciones llevadas adelante como parte central de sus tareas. Hay también correspondencia con distintos organismos de la sociedad civil así como con particulares, cartas entre la Comisión y el Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y muchas misivas dirigidas al Presidente de la Nación sobre el funcionamiento de la CONADEP y remitidas luego a la misma. A través de esta gran cantidad de comunicaciones durante el tiempo que funcionó la CONADEP se evidencia el impacto nacional e internacional que la creación de esta Comisión tuvo para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad comentidos durante la dictadura cívico militar. Una vez finalizada la CONADEP se agregaron a esta serie algunas cartas e informes hasta 1997.

Esta serie reúne ejemplares del informe final elaborado por la CONADEP en el que se condensó toda la labor investigativa de la Comisión vinculada con las denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura, el destino de los desaparecidos y desaparecidas así como sobre el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. El 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, el informe fue entregado al presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA.
La serie cuenta con una copia de los tres tomos firmada y sellada por Eduardo Rabossi y una fotocopia de ese mismo ejemplar. Por otro lado, se incluyen carpetas numeradas sucesivamente las cuales contienen una copia previa del informe "Nunca Más" que no se encuentra firmada ni sellada así como diversa documentación que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación fue añadiendo una vez finalizadas las funciones de la CONADEP y creada la SDH cuya misión era completar los trabajos que la Comisión había podido concluir al finalizar su mandato. Entre esta documentación se encuentra el informe "La Subsecretaría de Derechos Humanos y la CONADEP: Informe sobre las tareas realizadas" que evidencia el traspaso de funciones de un organismo a otro al tiempo que detalla el tratamiento que recibió el archivo de la CONADEP y sus usos posteriores. Se encuentran también algunas correspondencias de personas que, una vez publicado el Informe, se pusieron en contacto con la SDH para rectificar errores sober sus situaciones personales. Además de añadir documentación, la Subsecretaría agregó en estas carpetas los documentos recibidos por las delegaciones provinciales de la CONADEP como la de Santa Fe, así como los informes finales de las delegaciones de Bahía Blanca, Santa Fe, Mar del Plata y el certificado del depósito en un banco de los documentos de la delegación de Córdoba. Finalmente una gran parte de estas carpetas se corresponden con documentos que fueron enviados a la CONADEP por el Ministro de Educación y Justicia , Dr. Carlos R. S. Alconada Aramburu, consistentes en fichas de los procesados (condenados o no), sometidos a juicio por Tribunales Militares o Civiles acusados de actividades subversivas a partir de 1975.

Testimonio del inspector retirado de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Peregrino Fernández, titulado "Ex Ayudante del General Harguindeguy acusa", sobre la estructura de la represión ilegítima en Argentina, brindado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en Madrid en marzo de 1983. En este testimonio se mencionan temas tales como: el desarrollo cronológico del aparato represivo ilegal en Argentina; el asesinato de Ortega Peña; la represión ilegal en Villa Constitución; las relaciones entre la Alianza Anticomunista Argentina (AAA ) con grupos represivos en Bolivia; las vinculaciones del Ejército con la Alianza Anticomunista Argentina (AAA); la doctrina de guerra y la orden de batalla del 24 de marzo de 1976; la estructura orgánica del terrorismo de Estado; la participación del Ministerio del Interior en el esquema represivo y el caso de Lucía Cullen. También se mencionan los Grupos de Tareas; el personal auxiliar y diplomático vinculado a la represión ilegal; el pacto de sangre; la muerte del obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli y otros hechos represivos contra miembros de la Iglesia Católica; los asesinatos de Zelmar Michelini, H. Gutiérrez Ruiz, G. Whitelock Blanco y María del Rosario Barredo y los miembros de las fuerzas de seguridad muertos en hechos ajenos a la lucha antisubversiva. Se incluye la resolución de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) N 104/1983-T donde se decide elevar el testimonio de Rodolfo Peregrino Fernández al Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas así como documentos personales y fotografía de Rodolfo Peregrino Fernández.