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La colección reúne principalmente documentación vinculada a Valentina Noemí Keheyan, quien fue secuestrada el 12 de mayo de 1976 de su domicilio en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires, y aún permanece desaparecida. Valentina provenía de una familia de origen armenio, al momento de su desaparición tenía 21 años y era estudiante de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González. Su hermana Mónica reunió documentación personal de Valentina y de la familia Keheyan, así como también documentación judicial, Habeas Corpus y distintos recursos interpuestos en su búsqueda ante organismos nacionales e internacionales, documentación relacionada a las campañas de denuncia lideradas por Organismos de Derechos Humanos y otras instituciones civiles y eclesiásticas. Por otro lado, la colección también está compuesta por artículos periodísticos recopilados por la productora sobre la temática de la última dictadura cívico militar (1976-1983), el terrorismo de Estado, el proceso de Justicia por delitos de lesa humanidad en Argentina, la política pública en Derechos Humanos, la creación de Espacios de Memoria, entre otros.

La colección es una única publicación: "Juicio Monte Pelloni: Cobertura periodística de las agencias de noticias Comunica y Zum" (2015) escrito por Juan Cachero, Santiago Wiggenhauser y Jonatan Salazar, compilado por Carolina Ferrer, Francisco Delfino y Laura Hoffman y editado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Trata sobre la causa Monte Peloni, elevada a juicio el 4 de julio de 2012, que se constituyó en el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad realizado en Olavarría.

La colección consta de 75 denuncias de violación a los derechos humanos que familiares de víctimas de la última dictadura realizaron ante el Comité de Convenciones y Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La colección se compone de diversas entrevistas realizadas a familiares y testigos, abogados y personajes locales de la ciudad de Trelew y Rawson quienes se comprometieron en la lucha por el esclarecimiento de los hechos acontecidos en la Masacre de Trelew, muchas de las cuales fueron elaboradas y posteriormente utilizadas para el documental "22 de agosto: la causa" realizado por Diego César Pauli. Por otro lado, se encuentra el registro del juicio y sentencia a los responsables de la Masacre de Trelew que tuvo lugar en el año 2012 por medio del cual se condenan a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas de homicidio.

La colección reúne documentación recopilada por Eugenia Izquierdo para la producción y dirección del documental sobre la familia Pujadas "Fotos de Familia" realizado en 2011. En este documental Víctor Pujadas reconstruye la historia de su familia, secuestrada y asesinada en la ciudad de Córdoba el 14 de agosto de 1975.
Los Pujadas, catalanes de origen, vivían en Córdoba desde 1953 por el terror impuesto por el franquismo en España. Tuvieron seis hijos uno de los cuales, Mariano Pujadas, se encontraba preso en Trelew y fue uno de los fusilados allí en 1972 durante el hecho conocido públicamente como la “Masacre de Trelew”. El 15 de agosto de 1972, durante el gobierno de facto del general Alejandro Lanusse, las y los presos políticos del penal de la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, iniciaron una maniobra con el objetivo de darse a la fuga. La planificación estuvo a cargo de los miembros de las conducciones de las tres organizaciones revolucionarias armadas más grandes del país: el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros. El plan consistía en llevar al aeropuerto de la ciudad de Trelew a los 110 presos políticos para huir del país en avión. Sin embargo, el plan se vio frustrado por fallas logísticas y de comunicación para el traslado hacia el aeropuerto y sólo 6 integrantes del “comité de fuga”, todos altos dirigentes de sus organizaciones, lograron llegar al avión secuestrado. Durante la madrugada del 22 de agosto de 1972, los detenidos y detenidas salieron de sus celdas y formaron en el pasillo por orden del teniente de corbeta Roberto Bravo. Una vez que lo hicieron, los guardias dispararon sobre ellos. El saldo fueron 16 muertos, entre los que se encontraba Mariano Pujadas, y 3 heridos.
Tres años después de la Masacre de Trelew, el Comando Libertadores de América, organización formada por militares, policías y civiles que operaban bajo las órdenes del militar retirado del Ejército Héctor Vergez, alias “Capitán Vargas”, y un suboficial de la Aeronáutica, Pedro Raúl Telleldín, ingresó al domicilio de la familia Pujadas durante la madrugada. En la casa estaban Josefa Badell y su esposo José Pujadas, sus hijos José María, María José y Víctor, la esposa de José María y la hijita de ellos, María Eugenia. Los otros dos hijos, Ricardo y Ángeles no estaban en la casa familiar dado que se habían casado y vivían con sus respectivas familias. De los presentes se salvaron Víctor, la esposa de José María, que falleció poco después a causa de las secuelas, y María Eugenia y los hermanos que quedaron, junto a sus familias, se exiliaron en España.
Entre los documentos de la colección que recuperan información sobre estos dos episodios de crímenes de lesa humanidad, se encuentra una investigación sobre la Masacre de Trelew titulada "Trelew, ¿Recurso del Antiperonismo?", escrita poco después de los hechos. Esta investigación, plasmada en un folleto, relata el plan de fuga y la sucesión de hechos que desencadenaron en la masacre el 22 de agosto, incluyendo testimonios de los sobrevivientes.
Además, la productora confeccionó una carpeta en la que incluyó distintos artículos periodísticos tanto sobre la Masacre de Trelew como del asesinato de la familia Pujadas de medios tales como La Voz del Interior, Diario Córdoba, Clarín, La Opinión, entre otros. Otros artículos están vinculados con el contexto político más general de la época. Además, hay varios artículos que tratan sobre la guerra civil española, contexto de exilio de la familia Pujadas a Argentina. Adicionalmente a los artículos de prensa, hay algunas notas manuscritas y poemas. Otra parte de la carpeta está constituida por fotocopias de la prensa recopilada por la propia familia sobreviviente en España y que fueron entregados a Eugenia Izquierdo en Barcelona y una última parte contiene un dossier sobre Mariano Pujadas armado por Roberto Baschetti que, además de artículos periodísticos incluye una copia del certificado de las pericias realizadas post mortem al cuerpo de Mariano Pujadas, una conferencia de prensa de los abogados defensores de María Antonia Berger, Ricardo René Haidar y Alberto Miguel Camps, sobrevivientes de la Masacre así como testimonios de cada uno de ellos.
La colección cuenta también con un extracto del ""Diccionari dels catalans d´Amèrica: Contribució a un inventari biogràfic, topnímic i temàtic"" de 1992 en el cual se encuentra subrayado el nombre de Josep María Ribera i Faig identificado como la persona que escribió la biografía de los Pujadas.
Finalmente la colección reúne copias fotográficas e impresiones de fotografías que conforman un primer corpus fotográfico de la investigación para la producción Fotos de Familia. Entre estas imágenes se registra a los distintos miembros de la familia Pujadas así como algunos acontecimientos y lugares por los que transitaron. Entre las fotos, hay también una impresión de una fotografía de María Antonia Berger, Mariano Pujadas y Pedro Rubén Bonet en el aeropuerto de Trelew.

Esta colección reúne expedientes del Ministerio de Justicia caratulados en 2011 y 2012 pero tramitados hacia finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 por la entonces Secretaría de Justicia a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Subsecertaría de Derechos Humanos y de la Mujer) como intermediario de los organismos internacionales ante los cuales los casos por violaciones de derechos humanos eran tramitados. Entre los organismos internacionales se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayor parte de los expedientes se encuentran vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar de 1976 a 1973, como detenciones y desapariciones forzadas así como apropiación de menores y sustitución de sus identidades. Entre estos casos se encuentran el caso sobre Irma Carolina Ferrero de Fierro y su esposo José Enrique de Fierro así como también sobre Marta Ester Gatica de Giulani todos quienes sufrieron detenciones ilegales; los casos de Rosario Isabella Valenzi de Sánchez y Alicia Consuelo Herrera; el caso de Guillermo Rolando Puerta; el de Josefina Prat Gómez Lencinas, Hilda Susana Dillon de Ales, María del Carmen Boll de Vanella, Antonio Zorrilla, Pascual Ariño y Aurora María Paulina Tosoratto de García; el caso presentado por Darwiniana Rosa Monaco de Gallicchio por la desaparición de su hija y la apropiación de su nieta; el caso de desaparición forzada de Emiliano Carlos Castro Tortrino y otros; el caso de Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Olga del Valle Marquez de Aredez, Luis Baronetto y Cristina Díaz; los casos de Pedro Luis Mazzocchi y de la niña Laura Dorado; el caso de Graciela Cristina Chein; el de Bernardo Bartoli y Rubén Héctor Padula que fueron detenidos forzosamente entre 1975 y 1976; el caso de José Mariano Torregiani; el de Sofía de Apelbaum por la desaparición de sus hijos; el caso sobre la detención del señor Jorge Altamira y otros; y los casos Rosario Isabella Valenzi y Alicia Consuelo Herrera.
Otros expedientes, por su parte, se encuentran relacionados a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros períodos como es el caso del expediente que contiene las denuncias de la comunidad guaraní Fortín Mboraré; la denuncia de Ernesto Máximo Rodríguez; una encuesta sobre la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1989) solicitada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Raúl Sánchez Abelenda; el caso de María Arena por abusos cometidos por las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal; el caso referido al juicio a los atacantes del regimiento de la Tablada; el caso sobre Julio y Luis María Armesto; la denuncia del señor Carlos Alberto Wuesen ante la CIDH; informe anual de la CIDH 1989-1990 a la asamblea general; la nota y anexos del Centro de Derechos Humanos en el orden internacional sobre "Principios y garantías para la protección de las personas recluidas por mala salud mental o padecer trastornos mentales"; y la denuncia de Horacio Verbitsky al Estado Argentino por violación a disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica.

La colección reúne recortes originales de medios periodísticos fechados entre 1981 y 1986, recopilados por un periodista estadounidense. Los artículos corresponden a medios nacionales como La Prensa, La Razón, Clarín, La Voz, Buenos Aires Herald, Crónica, Diario Popular, Tiempo Argentino, Ámbito Financiero, La Nación, Siete Días, La Semana y Gente; agencias como Diarios y Noticias (DyN) y Noticias Argentinas (NA) y el medio internacional The New York Times. Los artículos están vinculados a denuncias e imputaciones a perpetradores de crímenes de lesa humanidad, relatos de casos de personas detenidas desaparecidas, casos de personas asesinadas, nóminas de obreros desaparecidos por la dictadura cívico-militar, testimonios y entrevistas a víctimas del terrorismo de Estado, casos de apropiación de menores, fragmentos de las crónicas de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), memorias de "La Noche los Lápices", noticias sobre denuncias de los organismos de derechos humanos. Otros artículos tratan sobre la detención y desaparición de ciudadanos y ciudadanas españoles, italianos, bolivianos, paraguayos y uruguayos y, también, sobre el hallazgo de cadáveres NN en cementerios y fosas comunes así como en las costas uruguayas, además de las exhumaciones realizadas en distintos puntos del país.
Hay además comunicados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y publicaciones vinculadas a la democracia, la educación y la promoción de los derechos humanos.

El fondo reúne la documentación producida y recopilada por Sara Solarz de Osatinsky, militante por los derechos humanos, tras la detención y desaparición de su marido, Marcos Osatinsky, quien fue secuestrado en 1975, permaneció en el Centro Clandestino de Detención “Departamento N°2 de Inteligencia de la Provincia de Córdoba (D2)” y fue asesinado el mismo año. En 1976 su hijo mayor, Mario Osatinsky, y su compañera embarazada Rosa Ocampo así como su hijo menor José Osatinsky fueron asesinados en distintas localidades de la provincia de Córdoba. Sara fue secuestrada en 1977 en Capital Federal y permaneció cautiva durante dos años en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada donde asistió a más de quince partos de personas secuestradas. En 1979 fue liberada bajo un régimen de “libertad vigilada” y obligada a exiliarse a España donde permaneció el resto de su vida. Junto a Alicia Millia y Ana María Martí, quienes también habían estado secuestradas en la ESMA, elaboraron un testimonio que fue presentado ante distintos organismos internacionales, constituyendo una denuncia pionera sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención.
El fondo reúne alguna documentación personal de Sara como pasaporte, un currículum vitae, carnet de conducir y carnet de salud así como también fotografías familiares tanto de su familia como de la familia Osatinsky, algunas de las cuales se encontraban originalmente enmarcadas, y correspondencia de Sara escrita en español y en francés entre las cuales se incluye copia de una carta de José en la que realiza un relato del noviazgo de Sara con Marcos.
Otra documentación se refiere a la desaparición y asesinato de su marido así como de sus dos hijos y su nuera embarazada y las gestiones realizadas por Sara ante diversos organismos nacionales e internacionales. Entre estos documentos se destaca una nota recibida por Sara Solarz de parte de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) el 27 de enero de 1984, acompañada de declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, copias de notas del Diario Página 12 y correos electrónicos impresos. También, se encuentran los diversos testimonios que Sara dio: una copia del testimonio de Sara en Buenos Aires el 14 de junio de 2007, el testimonio de Sara Solarz y María Marti ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra el 22 de febrero de 1982 y de agosto de 1983, el testimonio de Sara Solarz y María Marti sobre Alicia Elena Alfonsín de Cabandie ante la Asamblea Nacional Francesa el 12 de octubre de 1979, el testimonio “Parir en la ESMA” de Sara Solarz como testigo de la apropiación de bebés. Hay también otras fotografías, vinculadas a la militancia de Marcos como por ejemplo una en la que se encuentra junto a Fernando Vaca Narvaja. Gran parte de la documentación son copias de artículos de publicaciones periódicas, de prensa y algunos artículos de investigación y libros sobre los crímenes de lesa humanidad comentidos por la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983 así como de los juicios de condena de estos delitos. Algunos de los artículos de prensa refieren específicamente a las novedades sobre los avances en las causas de los familiares de Sara detenidos desaparecidos asesinados como por ejemplo cuando se identificó el cadáver de Mario en 1999. Por su parte, algunos de los textos de investigación son de Sara Solarz como el libro "ESMA “Traslados” Testimonio de tres liberadas", escrito por por ella junto a Ana María Marti y María Alicia Milia de Pirles editado por Ediciones Abuelas Plaza de Mayo en 1995. Finalmente, hay impresiones de correos electrónicos de Sara así como algunos documentos vinculados a la reparación de Sara por parte del Estado Argentino como la resolución que otorga beneficio económico a Sara Solarz del 07 de Junio de 2005, la petición de beneficio de la Ley reparatoria Nacional de 2015.

La colección está integrada por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Federal y contiene legajos de personal del Servicio principalmente.

La colección está integrada por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y contiene legajos y fojas de servicios de sus integrantes y listados de profesionales de la medicina de sexo femenino, pertenecientes al SPF, que prestaron servicios en unidades penales dentro de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires entre los años 1974 y 1983.

La colección está integrada, principalmente, por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contiene legajos de integrantes del SPB.

La colección está integrada por copias de documentación obrante en archivos del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La colección contiene documentos recopilados y/o producidos por Aurora Gómez Otero y Norberto Giménez, padres de Silvia Noemí Giménez (detenida-desaparecida), en el marco de las acciones impulsadas para encontrar su paradero. Silvia Noemí Giménez tenía 23 años cuando se la llevaron secuestrada junto a su pareja Raúl en Mar del Plata el 19 de junio de 1976. Ambos eran estudiantes de Agronomía, trabajaban y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y tenían un hijo llamado Emiliano. Al momento del secuestro Emiliano tenía 1 año y 3 meses, fue dejado junto con una vecina; luego de unos meses después, fue llevado junto a sus abuelos. El cuerpo de Silvia fue encontrado en una fosa individual en el Cementerio de Avellaneda, e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2005.
Pueden encontrarse dentro de la colección folletos, volantes y correspondencia de las Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Además, un listado en blanco para completar con información sobre la desaparición de una persona y la solicitada de la APDH (y adherentes) a Jorge Rafael Videla por una ""navidad con paz y justicia"" solicitando el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.
A su vez, la colección contiene sobre de cartas dirigidos a Norberto Giménez en Zelarrayán 1196 (ciudad de Bahía Blanca) proveniente de diferentes remitentes, tales como la Conferencia Episcopal Argentina, Arzobispado de Santa Fe, Nunciatura Apostólica y del exterior del país, como Francia y Suiza. En algunos casos pueden encontrarse las notas de respuestas enviadas por estas instituciones. También notas y borradores manuscritos de correspondencia dirigidas a distintas autoridades del gobierno militar argentino, la Iglesia Católica Argentina y organismos internacionales de recepción de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, recortes y apuntes con direcciones de contacto de periodistas, autoridades del gobierno y organizaciones de Derechos Humanos, como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Comisión Permanente por los Derechos Humanos.
Documentos vinculados a la vida personal de Aurora, como cartas de sus amistades, una tarjeta de saludo navideño, comprobantes de pago de préstamo personal de índole económica y social del Banco Nación.
Copias en papel de fotografías de tres niña (sin identificar).
Recortes de prensa del diario Clarín de abril y mayo de 1982 vinculados con la Guerra de Malvinas
Un prendedor de la agrupación H.I.J.O.S.
Por último, puede encontrarse un cuaderno con dibujos del hijo de Silvia, datos de personas y organizaciones para denunciar la desaparición, y borradores de cartas enviadas solicitando información sobre su hija.

La colección reúne la documentación perteneciente al avión utilitario Short SC.7 Skyvan N° de serie SH1888, utilizado para los "vuelos de la muerte" durante la última dictadura cívico militar. E l ShortSkyvan SC-7 perteneció a la Prefectura Naval Argentina bajo la denominación PA-51 y fue utilizado para realizar el "vuelo de la muerte" en el que se asesinó y buscó eliminar los cuerpos de las víctimas del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 por miembros de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
En 1995 el marino Adolfo Scilingo confesó haber participado en "vuelos de la muerte". Así se supo el modelo de los aviones empleados por la Armada y la Prefectura en el exterminio de personas. Enre 2004 y 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó, a través de pruebas de ADN, a cinco de los cuerpos hallados en las costas bonaerenses entre el 20 y el 27 de diciembre de 1977 que pertenecían a Ángela Auad, Léonie Duquet, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor, comprobándose que habían sido víctimas de los "vuelos de la muerte". En 2009, a partir de una investigación de "Telenoche investiga", desarrollada en simultáneo y en contacto con el trabajo de los periodistas Miriam Lewin y Giancarlo Ceraudo, fue posible hallar a uno de los aviones Skyvan que todavía estaba en uso en Fort Lauderlade, en el estado de Florida, Estados Unidos. Un año después, la justicia argentina obtiene de la Prefectura documentación de cuatro de sus cinco aviones Skyvan del período 1976-1978. En las planillas de vuelo, que fueron analizadas por especialistas, se destacó la presencia de registros extraños e irregulares. En particular, un viaje realizado por el Skyvan PA-51 el día 14 de diciembre de 1977 por la noche, día en el que fueron vistas por última vez las víctimas del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz dentro de la ESMA.
En noviembre de 2017, la justicia argentina, consideró probada la utilización del avión en los "vuelos de la muerte". El fallo se nutrió de indagaciones previas que recogieron las denuncias e investigaciones de organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura, periodistas y de los aportes realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En 2023, el avión fue repatriado por el Estado Nacional.
La documentación hallada en el avión consiste en libros de modificaciones del avión con fechas entre su construcción en 1971 y 2012, fichas de arreglos e índices de revisiones, fichas con las horas de vuelo y nombres de pilotos del mismo, resúmenes de inspecciones, placas del avión, así como diversas guías de piloto y manuales de vuelo.

La colección reúne documentos en relación a la causa 6859/98 “González Naya, Arturo Félix y otros s/ privación ilegítima de la libertad” llevada adelante en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 por la cual fueron imputados miembros del Ejército y la Policía. La colección consta de 11 sobres que corresponden a cada una de las entregas fue realizando la SIDE al Juzgado entre noviembre de 2011 a febrero de 2013 que contienen información sistematizada respecto a las consultas realizadas a una base de datos propia del Departamento de Antecedentes de la SIDE sobre la información producida por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino y del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea que tienen así identificada. Cada entrada contiene ficha de antecedentes de personas con sus datos personales, familiares, antecedentes, partes de información y grado de valoración de la información.
El Servicio de Inteligencia Aérea (SIFA) fue creado el 18 de julio de 1977, mediante Resolución Nº 256/77 publicada en el Boletín Aeronáutico Reservado 1964, con dependencia de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Su misión era la de “reunir y trasmitir la información de interés de los distintos marcos de responsabilidad de la Fuerza Aérea; realizar las actividades de contrainteligencia que se le ordenen y ejecutar las tareas específicas de la especialidad.”
El Batallón de Inteligencia 601 se creó en 1968 en el marco de una “Reestructuración Orgánica del Área de Inteligencia” del Ejército, tal como quedó plasmado en el Boletín Confidencial Nº 374 del 1 de enero de ese año. Físicamente, esta dependencia funcionó en la calle Viamonte 1814/16, esquina con la avenida Callao. El Batallón, además, dependía en forma directa del Comando General del Ejército. En el año 1975, Directiva 1/75 del Consejo de Defensa y Directiva 404/75 del Comando General del Ejército plantearon la necesidad de que las acciones de inteligencia de todo el territorio nacional se centralizaran en la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército. Esta, a su vez, definió como el órgano de ejecución al Batallón 601, que se convirtió así en la dependencia de inteligencia de mayor jerarquía del país. A partir de entonces se estructuró un sistema de información a escala nacional que, a través de la Central de Reunión de Información, hacía confluir en el Batallón los datos recabados por las agencias de inteligencia provinciales. Dicha Central estaba compuesta por personal de la Fuerza Aérea, la Armada, Institutos Penales, Superintendencia de Seguridad Federal, Prefectura, SIDE y del propio Batallón.
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Batallón 601 se desempeñó en apoyo del Comando del I Cuerpo de Ejército, cuyo asiento estaba en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. A su vez, la Directiva 405/76 determinó el establecimiento de una sección de inteligencia del Batallón en el Comando de la Zona IV, correspondiente a Institutos Militares, ubicado en la guarnición militar de Campo de Mayo. En ambas unidades del Batallón destinó personal propio de manera permanente. En los restantes Cuerpos de Ejército, en cambio, lo enviaba a pedido de los jefes de cada uno de los Comandos. Durante el transcurso de a dictadura, el Batallón constituyó la principal usina de inteligencia a nivel nacional, y además tuvo a cargo acciones de control en las fronteras y realizó algunas operaciones en el extranjero. El 25 de diciembre de 1985, el Boletín Reservado del Ejército 5082 determinó la disolución del Batallón 601, que fue reemplazado en sus funciones por la Central de Reunión de Inteligencia Militar, con asiento en Campo de Mayo.
Tanto el SIFA, como el Batallón de Inteligencia 601 de Ejército y la SIDE, formaron parte de lo que se conoció como la Comunidad Informativa. Se conoce la Comunidad Informativa como el agrupamiento e intercambio de información entre los diferentes servicios y agencias de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y la SIDE. La circulación de información entre los diferentes organismos para coordinar las acciones de inteligencia desplegadas a lo largo de todo el país e intercambiar la información recopilada, está registrada en distintos documentos a través de los Distribuidores (listado de dependencias a dónde se remitían las copias de un mismo documento) así como en el fondo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que formaba parte de dicha Comunidad Informativa.