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Esta colección está conformada por documentos sobre personal cesanteado del Banco Provincia de Buenos Aires en las décadas de 1970 y 1980. Durante la dictadura cívico-militar tras el golpe de Estado de 1976, 26 empleados del Banco Provincia (casa central y sucursales) fueron detenidos y desaparecidos quedando resgistrados en sus legajos como renunciantes o sancionados por abandono de tareas.

Esta colección reúne copias de documentos de la Comisión de Solidaridad con Familiares de Presos y Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) recopiladas por Alicia Carriquiriborde. Registra las actividades de COSOFAM en México y reúne testimonios y denuncias de los prisioneros políticos recluidos en Argentina, fichas de identificación de personas desaparecidas entre las que destaca el rastreo de mujeres embarazadas detenidas y desaparecidas, así como mujeres que al ser detenidas llevaban consigo a sus bebés, muchos de los cuales fueron apropiados por militares argentinos. Además se incluye un seguimiento de prensa de las actividades de las organizaciones de resistencia y oposición a la dictadura al interior de Argentina y de organizaciones mexicanas de solidaridad con las resistencias, así como las acciones de otros exilios latinoamericanos. Se registran finalmente, algunos crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.

Documentos generados en el marco de una investigación titulada “La voz de nuestros desaparecidos” por la Escuela de Educación Técnica N° 2 de Tandil y que fue presentada en la XXXI Feria Nacional de Ciencias y Tecnología de esa ciudad en 2003. Se trata de un estudio de caso de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar que fueron ex estudiantes de la escuela. A través de testimonios orales, legajos escolares y diarios de la época, se reconstruyen las historias de vida y militancia de Ricardo Gabriel del Río, Santiago Vergara, Ricardo Cuesta y Omar Marocchi.

La colección perteneciente a María Antonieta Alessandro consiste en un documento producido por Abuelas de Plaza de Mayo con el objetivo de coadyuvar en las búsquedas de nietos y nietas desaparecidos y apropiados durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Se trata de un informe mayormente mecanografiado titulado "Niños desaparecidos en la República Argentina desde 1976" que contiene una lista de niños desaparecidos, solicitadas publicadas, testimonios sobre niños desaparecidos, testimonios sobre bebés que nacieron en cautiverio, trámites realizados y algunos ejemplos de casos de niños desaparecidos y localizados. En muchas de las fichas con información personal de los niños, niñas y sus familias, se incluyeron fotografías originales en soporte papel y, en otros casos, fotocopias de fotos.
Este documento forma parte de una serie de documentos similares, llamados por la institución productora "Carpetas madre", las cuales constituyen el primer registro sistematizado de Abuelas de Plaza de Mayo sobre niños y niñas desaparecidas o mujeres secuestradas embarazadas basado en las denuncias y los testimonios de los familiares. Si bien se desconoce la fecha exacta de la elaboración de este documento, por relatos de las protagonistas, estas carpetas se comenzaron a confeccionar en la década de 1980 con la finalidad de centralizar y organizar las informaciones que durante la década de 1970 las Abuelas habían ido recopilando informalmente, pero también con el objetivo de poder formalizar procesos de búsqueda.

La colección es una única publicación: "Juicio Monte Pelloni: Cobertura periodística de las agencias de noticias Comunica y Zum" (2015) escrito por Juan Cachero, Santiago Wiggenhauser y Jonatan Salazar, compilado por Carolina Ferrer, Francisco Delfino y Laura Hoffman y editado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Trata sobre la causa Monte Peloni, elevada a juicio el 4 de julio de 2012, que se constituyó en el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad realizado en Olavarría.

El fondo reúne documentos recopilados y producidos por María Adela Gard de Antokoletz que dan cuenta de su labor en defensa de los derechos humanos. María Gard de Antokoletz fue una de las 14 mujeres que fundaron el movimiento Madres de Plaza de Mayo en 1977. En el año 1976 su hijo Daniel Víctor Antokoletz fue secuestrado de su hogar con su compañera. Daniel era abogado, profesor universitario, doctor en derecho internacional y defensor de detenidos políticos; permaneciendo hasta el día de hoy en condición de detenido desaparecido. María Adela impulsó las marchas de los jueves en Plaza de Mayo llevando siempre la foto de su hijo. Se convirtió en una de las principales referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Al morir en el año 2002 sus restos fueron velados en la sede de la Federación Judicial Bonaerense, ámbito judicial en que se desempeñaba laboralmente. Sus cenizas fueron arrojadas al Río de la Plata siguiendo sus últimos deseos, lugar donde se cree que se encuentran los restos de su hijo Daniel.
Los documentos registran sus actividades en los espacios por los que transitó y los diferentes premios y reconocimientos que le fueron entregados por diversas instituciones por su defensa de los derechos humanos. Entre ellos se destacan la medalla y diploma concedidos por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 1997, el reconocimiento por el “Día de los Mayores Notables Argentinos” y la placa conmemorativa Premio Dignidad 2001 entregado por la Comisión de la Mujer de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Además se encuentra la constancia de expositora en el Seminario sobre Derechos Humanos Marco Jurídico Internacional, Memoria, Verdad y Justicia del año 2006, así como distintos certificados de asistencia a otras conferencias vinculadas a los derechos humanos. Asimismo, forma parte del fondo la copia fiel del legajo de seguimiento de inteligencia realizado por la DIPBBA a María Adela y otros documentos personales. Son parte de la donación un grupo de 14 libros con dedicatorias de los autores y un obsequio de cerámica con dedicatoria de José Federico Westerkamp y Ángela Muruzabal de Westerkamp.

El fondo está conformado por documentos reunidos por Mabel Penette de Gutiérrez, militante de derechos humanos tras la desaparición de su hijo Alejandro Gutiérrez en 1978. Este fondo recorre la vida personal de Mabel como así también la de su participación en diferentes organismos de derechos humanos: fue miembro y luego presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y desarrolló su lucha participando también en espacios como la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM); el Ente Espacio para la Memoria, la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos, el ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio Escuela Superior de Mecánica de la Armada; el Instituto Espacio para la Memoria (IEM); la Comisión Pro Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado y el Capítulo Argentino de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
Entre los documentos que registran su actividad se encuentran recortes de prensa, documentos relacionados con el Plan Nacional de Derechos Humanos y con la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, proyectos de monumentos y de la utilización del predio de la ex-ESMA, documentos relacionados con la actividad académica de Mabel Gutiérrez, así como también entrevistas, libros, folletos, fotografías, CD, disquetes, filminas y VHS. Asimismo se incluyen otros documentos de carácter más personal. Además, Mabel ha recopilado publicaciones de otras agrupaciones y publicaciones varias que forman parte de una pequeña biblioteca. La proporción de documentos es ampliamente mayor para el período posterior a la desaparición de su hijo Alejandro Gutiérrez de quien, en sus propias palabras, tomara el apellido para pedir por su aparición con vida tras su secuestro en 1978.

El fondo comprende la totalidad de las audiencias orales (530 horas) producidas en el marco del proceso judicial conocido como Juicio a las Juntas Militares, en el que se juzgó a los nueve miembros de las tres primeras Juntas Militares como responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la dictadura cívico-militar durante los años 1976 y 1983.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 tuvieron lugar las audiencias orales del juicio en las que prestaron declaración testimonial 833 personas citadas por las defensas y por el Ministerio Público. Entre agosto y septiembre se dio lectura a la acusación presentada por la Fiscalía y entre los meses de octubre y noviembre tuvieron lugar los alegatos de las defensas de los ex comandantes. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictó sentencia fundada en el análisis de 709 casos presentados. Como material complementario fueron digitalizadas las actas mecanografiadas del juicio.

Este fondo personal reúne copias digitales de fotografías de Daniel García, tomadas en el transcurso de su trayectoria como fotógrafo y fotorreportero. Daniel trabajó en prensa en diversos medios tales como la agencia privada Noticias Argentinas (desde 1977), la agencia Diarios y Noticias (a partir de 1982) y la agencia France Presse, empezando en 1985. En el campo del deporte cubrió numerosos eventos de importancia, entre lo cuales está el Mundial de Fútbol de 1978, y en lo político también cubrió acontecimientos centrales para la historia argentina y regional, siendo la Guerra de Malvinas uno de los más destacados. Siendo miembro de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), fue uno de los creadores de "El Periodismo Gráfico Argentino", una muestra que, en 1981, desafía la censura de la dictadura cívico-militar mostrando fotografías que los medios no publicaban.
Todas las series incluidas en este fondo se encuentran vinculadas a la lucha y el movimiento de derechos humanos, a las memorias del terrorismo de Estado y de la guerra de Malvinas. Las series están compuestas por fotografías de prácticas represivas durante la última dictadura cívico-militar; de la histórica ronda de Madres de Plaza de Mayo y manifestaciones frente al Congreso de la Nación; de soldados conscriptos en las Islas Malvinas durante la guerra de 1982, de Lilia Jons, madre de Daniel y Guillermo Orfanó, quienes fueron secuestrados y desaparecidos por la última dictadura cívico-militar en 1976, y una de las fundadoras de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

La colección BDIC-TYSAE fue creada por la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), y contiene documentación vinculada a los Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE) organización conformada por distintos grupos político-sindicales pertenecientes a las izquierdas y al peronismo clasista en el exilio, de tendencia internacionalista con sede en París, Francia, reunidos como consecuencia del terrorismo de Estado en Argentina y el exilio. Se conformó en agosto de 1978 y fue formalmente constituida en enero de 1979, como un organismo internacional de solidaridad y denuncia, con el objetivo central de “luchar en el plano de la agitación, la propaganda y la organización de los trabajadores y sindicalistas argentinos exiliados”. Entre sus propósitos se puede señalar: el apoyo a las luchas obreras y populares desarrolladas en la Argentina con la perspectiva del derrocamiento de la dictadura militar, la exigencia de la libertad de todos los presos políticos y sindicales, la aparición con vida de todos los desaparecidos, el levantamiento de la intervención sindical de la CGT, federaciones y sindicatos y  la reunificación y reorganización democrática de la CGT y de todo el movimiento obrero. Entre sus actividades e iniciativas se destaca la creación de un Boletín Informativo de las luchas obreras en la Argentina, el desarrollo de campañas de denuncia respecto presos políticos, facilitar el otorgamiento de visas, refugios a posible exiliados y actos y manifestaciones en los distintos países europeos.
La colección BDIC contiene documentación vinculada a las actividades de la TYSAE, cuenta con correspondencia de la organización con diversas entidades, listados de trabajadores y sindicalistas argentinos en el exilio, numerosas denuncias por casos de personas detenidas desaparecidas y documentación sobre la campaña por la libertad de Alberto Piccinini, un trabajador de la empresa Acindar (Industria Argentina de Aceros SRL) y dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica Villa Constitución (UOM V.C.), quien fue detenido en Villa Constitución por el operativo “Serpiente Roja del Paraná” en 1975 y liberado en 1981. También se incluyen publicaciones, coberturas de prensa y otros documentos organismos como Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), Centro Argentino de Información y Solidaridad (CAIS), Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM), Comité contra la Represión en Latinoamérica (CCRLA), Comité belge contre la répression en Argentine, Amnistía Internacional, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Legales y Sociales (CELS), Familiares de Desaparecidos Y Detenidos por Razones Políticas, Partido Obrero, Partido Socialista de los Trabajadores, Movimiento al Socialismo (MAS), Liga Socialista Revolucionaria de Argentina, Orientación Socialista, Unión de Juventud por el Socialismo (UJS), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Frente Revolucionario 17 de octubre, Partido Obrero Revolucionario, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Grupo Obrero Marxista, entre otros. Se incluyen también coberturas de prensa a las actividades de Madres de Plaza de Mayo y entrevistas a sus dirigentes entre 1984 y 1985 así como diversos contra la Organización del Mundial de Fútbol en Argentina en 1978 del Comité pour le Boycott de l'Organisation par l'Argentine de la Coupe du Monde de Football (COBA) y el Comité de Soutien aux Luttes du Peuple Argentin (CSLPA).

El fondo reúne 2.000 fotografías tomadas por Martín Kraut en su carácter de fotógrafo y trabajador del CIJ. El CIJ es un organismo creado por la Corte Suprema con el fin de generar un nuevo puente de comunicación entre la Justicia y la comunidad. Surgió como una de las conclusiones de la Primera Conferencia Nacional de Jueces que se realizó en Santa Fe en el año 2006 y desde su creación se convirtió en un espacio de comunicación entre los miembros del Poder Judicial y entre éste y la comunidad. Las imágenes retratan algunos de los juicios juicios por Crímenes de Lesa Humanidad desarrollados entre 2009 y 2011, y CCDyT de Caba y diferentes provincias del país. Entre los juicios registrados fotográficamente se encuentran la Audiencia Judicial por el caso Noble Herrera, el juicio oral por la Masacre de Cromañón, Juicio Esma, Juicio por apropiación de niños, Juicio a Reynaldo Bignone, Juicio a Luis Patti, Juicio Automotres Orletti, Juicio Vesubio, sentencia del Juicio ABO (Club Atlético – Banco - Olimpo), Juicio Arsenales y Pozo de Vargas (Tucumán), y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 en el marco del 30 aniversario de la visita de la Comisión en 1979. En relación a las fotografías de los CCDyT, el fondo cuenta con imágenes de Olimpo, Club Atlético, Esma, Automotores Orletti, Virrey Cevallos (CABA), Campo de Mayo, Mansión Seré, Unidad 9, Pozo de Arana, Comisaría 5ta, Comisaría 8, Pozo de Banfield, La Cueva, Base Naval, ESIM (Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina), La Escuelita, Baterías 7 (Provincia de Buenos Aires), Brigada de Investigaciones (Chaco), Regimiento 9 (Corrientes), Comisaría 4, Guardia de Infantería Reforzada, Servicio de Informaciones /Jefatura de Policía, La Calamita, Fábrica de Armas Domingo Matheu (Santa Fe), La Perla / La Universidad, La Ribera, D2 (Córdoba), Arsenales 5, Jefatura de Policía, La Escuelita (Tucumán).

Según la Ley Orgánica de la Provincia de San Juan Nº 3612, de 1970, la estructura de la policía provincial de la provincia de San Juan se componía de cinco departamentos, el D2 correspondía a Informaciones Policiales. Esta estructura se replicaba a nivel de las Fuerzas Armadas y de otras policías provinciales (D1 Personal, D2 Informaciones/Inteligencia, D3 Operaciones, D4 Logística, D5 Judicial en el caso de San Juan, también podía ser Asuntos Civiles o Territoriales en otras provincias). Los representantes del Ministerio Público Fiscal que investigaron su funcionamiento consideraron que el D-2 "realizaba el trabajo de inteligencia, y también intervenía en lo operativo"; el D-3 "prestaba el apoyo operativo a las acciones del D-2"; el D-4 "acompañaba con la logística", y el D- 5 "manejaba la información judicial existente de todas las víctimas, no así la política, que la obtenía, seleccionaba y utilizaba el D-2". A partir de la Directiva del Consejo de Defensa 1/75 del 15 de octubre de 1975, las policías provinciales quedaban bajo control operacional de las Fuerzas Armadas. En el territorio de San Juan, la policía provincial quedaba bajo las órdenes del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 22 del Ejército.
El fondo se compone de los documentos producidos por el Departamento 2 de la Plana Mayor de la Policía Provincial, en el cumplimiento de sus funciones. Se encuentra en proceso de identificación las series documentales que lo integran. Por lo tanto, por el momento, se puede constatar solamente la existencia de fichas e informes de antecedentes y recortes periodísticos vinculados al seguimiento de personas y actividades de universidades, partidos políticos, gremios, sindicatos, entidades religiosas, entre otros.
El fondo reúne los siguientes biblioratos, que contienen lo que se detalla a continuación:

• "Antecedentes de Personas (V25)": notas vinculadas a solicitudes y remisiones de antecedentes de personas, e informes de antecedentes. Se incluyen formularios con datos personales, educativos, laborales, ideológicos, gremiales, religiosos y /o judiciales.
• "Gremios": comunicaciones, notas, recortes de prensa, volantes, artículos periodísticos, listados de comisiones directivas de distintos sindicatos, listados de organizaciones gremiales, invitaciones, designaciones, notas de peticiones de permiso para asambleas.
• "Movimientos universitarios": recortes periodísticos de temas universitarios, certificados de alumno regular, ordenanzas internas, organigramas, listados de autoridades de universidades y folletos.
• "Partidos políticos": recortes de prensa, listado de autoridades de los partidos, informes de inteligencia, informes de actividades, declaraciones de figuras políticas, listados de Comisiones Directivas de los partidos, volantes, boletines, listas de candidatos y volantes de votaciones.
• "Subversión": partes de inteligencia semanales, recortes de prensa, nóminas de pasajeros, volantes, revistas, listados de automóviles que ingresan a la provincia.
• "Entidades religiosas": Recortes de prensa, notificaciones, publicaciones y peticiones de autorizaciones.
• "Residentes extranjeros": Recortes de prensa, solicitudes de informes de antecedentes, informes de antecedentes, cartas de ciudadanía, censos.
• "Medios de comunicación": Listado de periodistas acreditados por el Mundial 78, artículos, recortes periodísticos sobre canales de TV, repetidoras, notas vinculadas a la prohibición de libros, y programación de medios.
• "Personal de Informaciones policiales": Informes de novedades, memorandos, listados con nombres de personas
• "Alta. Promoción. Baja personal policial": partes informativos semanales y Órdenes del día.
• "Organismos de Derechos Humanos": recortes de prensa, informes de inteligencia, listados de personas desaparecidas en San Juan, volantes y folletos.
  Además, hay legajos policiales de detenidos a disposición del PEN, recortes de prensa sobre la Asocicación Amigos Sanjuaninos, memos e informes varios de los años 2002 a 2003.
  Por último, forma parte del fondo, un fichero donde figuran, ordenadas alfabéticamente, antecedentes de personas.

La colección reúne documentos audiovisuales y fotográficos producidos y recopilados por Martín Espina para la realización de la película documental de su autoría “Los nuestros (y de todos)”. El documental narra, a través de la voz de familiares, amigos y conocidos, la historia de vida y las circunstancias de la desaparición forzada de seis personas oriundas de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de Sergio Yovovich, Andrea Tedesco, Mario Miquel, María de los Milagros Baleriani, Mario Romero y Adriana Ortega. Con testimonios de familiares y amigos. Dirigida por Matías Jesús Espina y el auspicio del trabajo conjunto entre la Asociación Civil G Tres y la Comisión por la Memoria Foro Rojas
Entre los documentos que forman parte de la colección hay fotografías, las entrevistas en crudo realizadas y la película documental.

La colección contiene documentos recopilados y/o producidos por Aurora Gómez Otero y Norberto Giménez, padres de Silvia Noemí Giménez (detenida-desaparecida), en el marco de las acciones impulsadas para encontrar su paradero. Silvia Noemí Giménez tenía 23 años cuando se la llevaron secuestrada junto a su pareja Raúl en Mar del Plata el 19 de junio de 1976. Ambos eran estudiantes de Agronomía, trabajaban y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y tenían un hijo llamado Emiliano. Al momento del secuestro Emiliano tenía 1 año y 3 meses, fue dejado junto con una vecina; luego de unos meses después, fue llevado junto a sus abuelos. El cuerpo de Silvia fue encontrado en una fosa individual en el Cementerio de Avellaneda, e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2005.
Pueden encontrarse dentro de la colección folletos, volantes y correspondencia de las Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Además, un listado en blanco para completar con información sobre la desaparición de una persona y la solicitada de la APDH (y adherentes) a Jorge Rafael Videla por una ""navidad con paz y justicia"" solicitando el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.
A su vez, la colección contiene sobre de cartas dirigidos a Norberto Giménez en Zelarrayán 1196 (ciudad de Bahía Blanca) proveniente de diferentes remitentes, tales como la Conferencia Episcopal Argentina, Arzobispado de Santa Fe, Nunciatura Apostólica y del exterior del país, como Francia y Suiza. En algunos casos pueden encontrarse las notas de respuestas enviadas por estas instituciones. También notas y borradores manuscritos de correspondencia dirigidas a distintas autoridades del gobierno militar argentino, la Iglesia Católica Argentina y organismos internacionales de recepción de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
Asimismo, recortes y apuntes con direcciones de contacto de periodistas, autoridades del gobierno y organizaciones de Derechos Humanos, como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Comisión Permanente por los Derechos Humanos.
Documentos vinculados a la vida personal de Aurora, como cartas de sus amistades, una tarjeta de saludo navideño, comprobantes de pago de préstamo personal de índole económica y social del Banco Nación.
Copias en papel de fotografías de tres niña (sin identificar).
Recortes de prensa del diario Clarín de abril y mayo de 1982 vinculados con la Guerra de Malvinas
Un prendedor de la agrupación H.I.J.O.S.
Por último, puede encontrarse un cuaderno con dibujos del hijo de Silvia, datos de personas y organizaciones para denunciar la desaparición, y borradores de cartas enviadas solicitando información sobre su hija.

El fondo refleja la actividad solidaria y de denuncia que desarrolló Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, quien debió exiliarse del país junto con una de sus hijas y sus nietos como consecuencia de la persecución y desaparición de varios familiares (sus hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y sus yernos Mario Rodríguez, Arnaldo del Valle Moyano y Samuel Leonardo Slutzky) durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el allanamiento de los domicilios de sus hijas Raquel Herminia Drangosch y Susana Drangosch, y con el objetivo de garantizar su seguridad y la de su familia. Gracias a la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se asiló primero en Brasil y luego viajó a Holanda donde permaneció varios años. Durante su estadía en Holanda fundó y presidió la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) cuyo objetivo fue la promoción y realización de acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado tanto en Argentina como en América Latina. Esta tarea fue realizada en constante colaboración con otros organismos de Derechos Humanos. Durante su exilio en Europa, Alicia también fue representante de Madres de Plaza de Mayo.
En este sentido, el fondo reúne documentos tales como fotografías, correspondencia entre las distintas instituciones que desde el exilio realizaron acciones a favor de los desaparecidos, denuncias, testimonios de detenidos en Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, listados de detenidos-desaparecidos, publicaciones relativas a la lucha por los derechos humanos, boletines, comunicados de prensa, declaraciones, informes, folletos, invitaciones, y una gran cantidad de afiches que formaron parte de la campaña gráfica desde el exilio de denuncia del terrorismo de estado en Argentina y América Latina.

La colección está organizada por años en función de las diferentes tandas de entrega de documentos (2002, 2016 y 2019)
La primera tanda, de 2002, consiste en 4600 documentos aproximadamente, de 16.000 fojas, del Departamento de Estado (agencia gubernamental dedicada a la política exterior), datados del 1 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1984. Se encuentran divididos en 34 agrupamientos (volúmenes) de 500 folios aproximadamente cada uno. Pueden encontrarse diferentes comunicaciones (cables, telegramas, telex) entre las embajadas norteamericanas en diferentes países, principalmente la embajada argentina, sobre distintos hechos y personas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Desde informes de reuniones con diferentes autoridades del gobierno de facto, como solicitudes de organizaciones de la sociedad civil que solicitan información sobre el paradero de detenidos-desaparecidos; en muchos casos adjuntan informes, panfletos, listados, proclamas y otros tipos de documentos de organizaciones denunciando estos hechos.
El segundo agrupamiento, de 2016/2017, está subdivido en tres entregas. Las fecha extremas de los documentos van del 1975 a 1987. La primera de agosto de 2016 que consta de un total de 1087 fojas donde se pueden encontrar documentos de las presidencias de Carter, Reagan y Bush. La segunda, de diciembre de 2016, dividida entre reportes, memorándums y brief diarios (breves informes diarios de inteligencia) para los Presidentes donde se puede observar aspectos de la relación del gobierno de Estados Unidos con las diferentes Juntas Militares de Argentina, así como las presiones que se producían por la liberación de ciertos detenidos que cobraban relevancia internacional, informes sobre distintos temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos en Argentina, veto de venta de armas, Plan Cóndor, conflictos entre diferentes autoridades del gobierno militar e incluso ya en democracia sobre el levantamiento militar de abril de 1987. Hay también informes generales sobre la situación en diferentes países, los cuales se encuentran completamente tachados, excepto lo de Argentina. Finalmente, la entrega de abril de 2017, ya con Trump como Presidente de Estados Unidos, contiene 813 documentos del Departamento de Estado desclasificados en el 2002 los cuales fueron revisadas las tachaduras, más 119 documentos seleccionados por la Oficina del Historiador (Office of the Historian) por su relevancia para un capítulo sobre Argentina, de un volumen sobre América Latina, en una publicación sobre la Política Exterior de Estados Unidos entre 1977 y 1980.
Finalmente, la última entrega, de 2019 contiene documentos provenientes no sólo de los documentos presidenciales y del Departamento de Estado, sino que incluye otras agencias gubernamentales como la CIA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, el FBI y del NARA (Archivos Nacionales y Administración de Archivos).
En total se entregaron 5600 documentos, 2100 del Departamento de Estado, 50.000 páginas, que aún hoy están siendo analizadas.

Esta colección contiene 226 carpetas de cada persona ítalo-argentina identificada como víctima de desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Cada carpeta contiene copia de las notas cursadas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina y de Italia en relación a cada caso.
La Red Diplomático-Consular italiana se organiza en cada país que cuente con una alta densidad de residentes italianos. Para los italianos residentes en el exterior y, en algunos países, también para los italianos que residen temporalmente, las Oficinas Consulares tienen la facultad de ejercer algunas de las funciones que en el territorio nacional son cumplidas por los organismos pertenecientes a la Administración Pública. En Argentina, además de la Embajada, existen nueve Oficinas de Primera Categoría (Consulados Generales y Consulados).

La colección está constituida por dos documentos producidos por la Universidad Nacional de Córdoba en el ejercicio de sus actividades y funciones. El primer documento es una copia de la publicación “Los dolores que nos quedan son los compañeros que nos faltan: Informe sobre personas desaparecidas o asesinadas ligadas a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba”. El informe es el resultado de una investigación que comenzó en el 2011 por Nora Britos; Angélica Paviolo (directoras) con colaboración de María Mercedes Laje y publicado en el 2014.
El segundo documento es un informe de trabajo del Aula Abierta de Montaña (AAdeM) y EsCalera de la Universidad Nacional de Córdoba sobre la “Propuesta ciudadana Parque Nacional de la Memoria - Reserva Natural Militar, La Calera - Espacio para la Memoria y Promoción de los DDHH La Perla (2012). El documento fue elevado al Congreso de la Nación para su aprobación, por distintas organizaciones sociales, universidad y organismos de derechos humanos.

Esta colección contiene documentos personales y de la vida profesional y política de José Federico Westerkamp, principalmente aquellos vinculados a su participación en distintos organismos defensores de los derechos humanos, como APDH, CELS o el Movimiento por la Vida y la Paz. Se encuentran en la misma los recursos de amparo presentados en favor de su hijo Gustavo, fotografías, correspondencia, publicaciones periódicas, recortes de diarios, y artículos científicos (algunos de su autoría) sobre temas de física y energía nuclear.
José Federico “Pipo” Westerkamp nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1918. En 1949 obtuvo su doctorado en Física y Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires y más tarde una Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas. Como científico se especializó en trabajos realizados con microondas, fue pionero de los estudios sobre el uso del láser en Argentina y Estados Unidos y siempre bregó por el uso pacífico de los diferentes tipos de energía. Perteneció al grupo de científicos al que en la primera mitad de la década de 1950 se conoció como el "Círculo Filosófico". Además, fue miembro de la Asociación de Física Argentina y de la Sociedad Científica Argentina. Junto a su esposa Ángela “Angelita” Muruzábal -Doctora en Química con diploma de honor y medalla de oro, docente universitaria en la Facultad de Medicina de la UBA y una de las fundadoras en 1955 de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- emigró a Estados Unidos, donde ambos se dedicaron a la docencia universitaria y a la investigación.
Su militancia y la de su esposa en el campo de los Derechos Humanos comenzó el 19 de octubre de 1975 cuando su hijo Gustavo, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), fue secuestrado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) cuando concurrió al Regimiento de Patricios a practicarse la revisación previa a la entrada al servicio militar obligatorio. Luego de ser torturado durante dos días en dependencias de la Superintendencia de Seguridad Federal, comenzó el 21 de octubre de 1975 un recorrido por las cárceles de Villa Devoto, Sierra Chica, La Plata y Rawson, siempre sin cargos en su contra ni debido proceso judicial. Entre 1975 y 1976 Pipo y Ángelita estuvieron entre los miembros fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (Familiares). En 1979 participaron también de la fundación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Westerkamp mismo fue arrestado dos veces: en 1981-junto a otros miembros de la Comisión Directiva de la institución- tras el intento de la Junta Militar por destruir el CELS, y luego en ese mismo año después de haber criticado a la Justicia Federal de Rawson por el mal trato a los detenidos en el penal de dicha ciudad chubutense.
Fue la primera persona en compilar un listado de científicos presos o secuestrados y luego desaparecidos durante la dictadura y distribuirlo en el extranjero. Colaboró en la confección de los primeros listados de detenidos-desaparecidos, en la presentación constante de habeas corpus, en la distribución del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la visita que realizó a Argentina en septiembre de 1979 y fue también uno de los pocos varones en acompañar las marchas de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo desde el comienzo de esa actividad militante. Aprovechando sus contactos académicos y profesionales, el matrimonio colaboró permanentemente con las organizaciones de solidaridad con Argentina que operaban en los Estados Unidos durante la dictadura.
Tras siete años como preso político, Gustavo fue puesto en libertad vigilada el 19 de septiembre de 1982 y comenzó a militar en la APDH. Padre, madre e hijo comenzaron a dedicar todos sus esfuerzos a la ayuda a las y los presos políticos que comenzaban a ser liberados o a las familias más necesitadas de los que aun continuaban presos. Westerkamp fue fundador además del Movimiento por la Vida y por la Paz (MOVIP) y en 2012 fue reconocido como Personalidad Destacada de la Ciencia y los Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ángela Muruzábal de Westerkamp falleció el 20 de enero de 2012 y José “Pipo” Westerkamp el 27 de febrero de 2014.

La colección reúne copias digitales de fotografías de militantes, la mayor parte de ellas incluidas originalmente en un álbum perteneciente al Museo de la Justicia - Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos en Asunción (Paraguay) solicitadas por Federico Tatter a esa institución. Entre las personas fotografiadas se encuentra Federico Jorge Tatter Morinigio, padre de Federico, quien fue militante estudiantil y estuvo exiliado primero en Argentina y luego en México y, el 15 de octubre de 1976 fue detenido y desaparecido en Buenos Aires. Hay también, copias digitales de fotografías de Ramón Maciel Romero, Lorenzo Marcial Agüero, Federico Tatter Morinigo, Elvio Romero, Juan Bernardino Méndez, Crescencio Victoriano Vázquez, Gloria Estrago, Julio César Rojas, José Sardi Resk y Mercedes Soler, las cuales formaron parte del pedido realizado por Federico Tatter Radice al Museo de la Justicia. Además, la colección incluye copias digitales de la misma procedencia de Agustín Giménez Goiburu y Coral Inés Soler aunque los nombres de estas personas no aparecen registrados en la respuesta del Museo a Tatter. Finalmente, la colección incluye una copia de la respuesta respuesta recibida por el Museo y un archivo en word con algunas consideraciones respecto de las personas fotografiadas.