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En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

• Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
• Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
• Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
• Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
• Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
• Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
• Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
• Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.

En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.

Esta serie reúne algunas de las actas de reconocimiento de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) elaboradas como registro de las visitas realizadas en los espacios denunciados como lugares de detención así como un relevamiento documental y recortes de los testimonios brindados por las víctimas que pasaron por esos CCD y pudieron dar detalles de los mismos. A pesar de la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura, la CONADEP logró registrar y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.

Copia de "Documento N° 7". El documento constituye una recopilación de distintos aspectos trabajados por la Comisión de Reestructuración del Ejército. Comienza con la Directiva del Comandante en Jefe del Ejército N° 36 del 29 de marzo de 1963 firmada por el General de Brigada Comandante en Jefe del Ejército (Interino) Juan Carlos Onganía que da creación a la Comisión. En ella se analiza la no correspondencia de la estructura del Ejército con las exigencias que se derivan del Plan de Operaciones N°5 y sus respectivas Hipótesis de Guerra: Variante 1, 2 y 3. EL documento tiene por intención a introducir las modificaciones orgánicas y funcionales del ejército para el año 1964, para tal fin se describen las condiciones a satisfacer de movilidad, operacionales, legales, de dependencia, presupuestarias, y de conducción. Para la organización de la Estructura de la defensa se plantea tomar como base el "Proyecto de ley de defensa Nacional" producido por la Comisión Redactora con fecha 1961. Respecto de la doctrina de conducción se señala que se tomará como base en todos los niveles (operativos y tácticos) la doctrina vigente en el Ejército de los Estados Unidos, mientras que en el planeamiento y empleo la doctrina del Ejército Francés.
El documento se encuentra estructurado en diferentes partes, siendo solamente preservadas las siguientes:
Parte A. Estructura Superior del Ejército. El documento analiza los problemas centrales que atraviesa la presente (1963) organización del Ejército. Entre ellos se destaca el bicefalismo (Secretaría de Guerra y Comando en Jefe del Ejército), que conlleva superposición y dualidad en las funciones, y las diversas alternativas para superar el mismo. Se propicia como solución la supresión de la Secretaría de Guerra, quedando el Comando en Jefe del Ejército como máxima autoridad profesional dependiente de una autoridad político-administrativa de las FF.AA.. Así mismo se señala la necesidad de integración total de Gendarmería Nacional dentro del Ejército en función de la exigencias que se derivan de las Hipótesis de Guerra. El Ejército según el documento necesita modernizar su organización superior y las actuales bases legales constituyen una limitación a tal objetivo. En relación a la funciones del Estado Mayor General del Ejército se señala que la organización del mismo se desprende del previsto de la doctrina norteamericana y las misiones básicas general de las diversa dependencias. El documento cuenta con un anexo de gráficos sobre las diversos casos y relaciones de comando.
Parte B. Estructura Inferior del Ejército y su Despliegue de Paz. El documento analiza los problemas y tareas que se plantean en la Reestructuración del Ejército en torno a la organización inferior del Ejército. Sus misiones y capacidades. Todo esto se plantea de cara a las diversas variantes de Hipótesis de Guerra tenidas por el Ejército. Se incluyen como anexos una serie de cuadros sobre las Bases Orgánicas de la Brigadas, sobre el Cuerpo de Ejército, Organización de las Formaciones Típicas del Comando en Jefe del Ejército y el Objetivo Orgánico del Ejército.
Parte C. Plan de Transformación. El documento analiza la situación del Plan de Reestructuración del Ejército y las transformaciones operadas y por operar en torno al mismo. De las Hipótesis de Guerra, y las respectivas variantes, se presta especial atención al la variante 2. En función de ello se plantean las tareas emergentes de la misma con sus respectivos plazos de realización, con las respectivas disoluciones y traslados. Se incluyen entre los anexos cuadros y gráficos sobre los Objetivos Orgánicos del Ejército, los efectivos en cada etapa del plan (en cada uno de los escalafones) y el Anteproyecto de Estructura y Despliegue del Ejército.
Parte G. Proyecto sobre el Sistema Orgánico-Funcional de Informaciones. El documento que lleva la firma del Teniente General. Comandante en Jefe del Ejército Juan Carlos Onganía analiza y propone las transformaciones de la estructura orgánica y funcional derivadas del Plan de Reestructuración del Ejército. Todo ello en función de las Hipótesis de Guerra y de las diversas variantes contenidas en ellas. No sólo se establecen las transformaciones a realizar en el sistema de informaciones y contrainformaciones del sistema nacional del Ejército, sino también su articulación con el sistema estatal de inteligencia (SIDE). Así mismo el documento cuenta con una serie de gráficos, donde se establece la articulación del sistema en su totalidad, las dependencias "legales" y "reales" del sistema, la circulación de la información y su procesamiento como así también las tareas que de ellos se desprenden.
Parte J proyecto sobre el Sistema Orgánico Funcional de Justicia Militar y K La Reestructuración desde el Punto de Vista Jurídico. La unidad documental esta compuesta por dos proyectos de decretos del Poder Ejecutivo Nacional, propuestos a partir de los informes del Secretario de Estado de Guerra y el Ministro del Departamento de Defensa Nacional sobre la estructura orgánica del Ejército y la no correspondencia de ella con las tareas derivadas de las necesidades del momento. Se instruye la modificación de la orgánica-funcional de la Fuerza de acuerdo a las necesidades y el Plan de Reestructuración, como así también la adaptación de la legislación a los requerimientos de la Reestructuración.

Esta serie reúne alrededor de 25.000 habeas corpus que fueron remitidos por distintas instancias del Poder Judicial de todo el país como respuesta a los requerimientos que realizara la CONADEP sobre los pedidos presentados por las familias para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983. Asimismo contiene las respuestas de distintas instancias del Poder Judicial de diversos puntos del país a la solicitud realizada por la CONADEP de nóminas de causas sobre privación ilegítima de la libertad iniciadas durante el mismo período.