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La primera desclasificación impulsada por la Comisión de Memoria y Relevamiento Histórico de la Cancillería , a través de la Resolución Nº 408/2009, comprende comunicaciones diplomáticas emitidas durante la vigencia del terrorismo de Estado en nuestro país, referidas a Perú, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras.
Por su parte, a través de la Resolución Nº 239/2014, luego de relevar una cantidad significativa de documentos, el Grupo de Trabajo de la Comisión produjo la desclasificación de otros 638 documentos de carácter confidencial, secreto y reservado, y 425 resoluciones ministeriales, también de carácter clasificado, que van desde la Nº 7 del 2 de abril de 1976 a la Nº 1497 del 24 de noviembre de 1983.
Hay también rendiciones de cuentas de la Dirección General de Administración de ese Ministerio del año 1976 vinculadas a la cuenta especial Nro 459.
Asimismo, se desclasificó la Directiva Nº 1 "Difusión al Exterior” donde se anunciaba la creación de la Dirección de Prensa y Difusión de la Cancillería, que contiene indicaciones para las embajadas y las misiones diplomáticas para actuar tratando de minimizar los efectos de la "campaña antiargentina".
Por otro lado, según lo detallado por la Comisión, parte del material fílmico donado comprende material audiovisual elaborado entre 1978 y 1981 por la empresa Burson Marsteller: 4 latas de material fílmico de 16 mm estaban en dependencias de la Cancillería argentina, 19 latas de material fílmico de 16 mm fueron encontradas en la Embajada argentina en Ottawa en el año 2006 y un fílmico de 16 mm hallado en la Agregaduría militar argentina en Sudáfrica contendiendo un audiovisual de promoción de la Argentina editado del bruto de las latas identificadas en Ottawa. Todas las latas fueron digitalizadas en baja calidad por el INCAA y luego transferidas al Archivo General de la Nación, quien preserva los originales. Dicho material se vincula a la política de difusión al exterior por parte de la Cancillería Argentina durante la última dictadura cívico-militar a partir de los efectos de la denuncia internacional, impulsando una campaña para la cual llamó a concurso dos agencias norteamericanas, Diálogo y Burson Marsteller, quienes presentaron sus respectivos planes de difusión, siendo adjudicado el servicio mediante contratos desde 1976 hasta 1981. Entre 1979 y 1981 se produjeron una serie de entrevistas sobre la situación política de la Argentina a diversas personalidades e instituciones, particularmente de cultos religiosos, las cuales componen el contenido de las latas de 16mm. El 24 de marzo de 2016 la TV Pública presentó un informe especial para el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia copia del cual también fue entregado por la Comisión.
A su vez, la Comisión también entregó dos registros digitales de un material de difusión al exterior que valoriza la cultura y la riqueza de la Argentina con un relator en off en idioma extranjero (italiano y alemán) de aproximadamente 30 minutos, producida por la empresa Realizaciones Cinematográficas para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y una cinta en soporte VHS que contiene el Documentario “Memoria Viviente” de la TV Suiza francesa con fecha 10 de abril de 2000, sobre la desaparición de Sor Alice Domon.
Por su parte, respecto a las cintas de audios que le donara Graciela García Romero a la Comisión, las mismas contienen primera parte del discurso del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la dictadura César Guzzetti en la 31° sesión de Naciones Unidas (ONU) período 1976/77 (resoluciones del 21/09/76 al 22/12/76) sobre la descolonización y el conflicto Islas Malvinas con Gran Bretaña; una segunda parte del discurso que trata sobre política exterior de Argentina vinculada al combate global contra el terrorismo y el programa de la Cuenca del Plata; y, por último, una radiorevista de Naciones Unidas desde Nueva York del año 1981 con la locución de Jorge Reina, Leopoldo Maler y Mario Zamorano y la participación del canciller mexicano Jorge Castañeda, Francisco Barahona Riera miembro de la comisión de Naciones Unidas para la creación de la Universidad para la Paz en Costa Rica, Kurt Waldheim secretario general de la ONU, el canciller panameño Jorge Illueca, el embajador de la República Dominicana ante la Casablanca en Washington Rafael Molina Morillo.

La colección está organizada por años en función de las diferentes tandas de entrega de documentos (2002, 2016 y 2019)
La primera tanda, de 2002, consiste en 4600 documentos aproximadamente, de 16.000 fojas, del Departamento de Estado (agencia gubernamental dedicada a la política exterior), datados del 1 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1984. Se encuentran divididos en 34 agrupamientos (volúmenes) de 500 folios aproximadamente cada uno. Pueden encontrarse diferentes comunicaciones (cables, telegramas, telex) entre las embajadas norteamericanas en diferentes países, principalmente la embajada argentina, sobre distintos hechos y personas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Desde informes de reuniones con diferentes autoridades del gobierno de facto, como solicitudes de organizaciones de la sociedad civil que solicitan información sobre el paradero de detenidos-desaparecidos; en muchos casos adjuntan informes, panfletos, listados, proclamas y otros tipos de documentos de organizaciones denunciando estos hechos.
El segundo agrupamiento, de 2016/2017, está subdivido en tres entregas. Las fecha extremas de los documentos van del 1975 a 1987. La primera de agosto de 2016 que consta de un total de 1087 fojas donde se pueden encontrar documentos de las presidencias de Carter, Reagan y Bush. La segunda, de diciembre de 2016, dividida entre reportes, memorándums y brief diarios (breves informes diarios de inteligencia) para los Presidentes donde se puede observar aspectos de la relación del gobierno de Estados Unidos con las diferentes Juntas Militares de Argentina, así como las presiones que se producían por la liberación de ciertos detenidos que cobraban relevancia internacional, informes sobre distintos temas vinculados a las violaciones a los derechos humanos en Argentina, veto de venta de armas, Plan Cóndor, conflictos entre diferentes autoridades del gobierno militar e incluso ya en democracia sobre el levantamiento militar de abril de 1987. Hay también informes generales sobre la situación en diferentes países, los cuales se encuentran completamente tachados, excepto lo de Argentina. Finalmente, la entrega de abril de 2017, ya con Trump como Presidente de Estados Unidos, contiene 813 documentos del Departamento de Estado desclasificados en el 2002 los cuales fueron revisadas las tachaduras, más 119 documentos seleccionados por la Oficina del Historiador (Office of the Historian) por su relevancia para un capítulo sobre Argentina, de un volumen sobre América Latina, en una publicación sobre la Política Exterior de Estados Unidos entre 1977 y 1980.
Finalmente, la última entrega, de 2019 contiene documentos provenientes no sólo de los documentos presidenciales y del Departamento de Estado, sino que incluye otras agencias gubernamentales como la CIA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, el FBI y del NARA (Archivos Nacionales y Administración de Archivos).
En total se entregaron 5600 documentos, 2100 del Departamento de Estado, 50.000 páginas, que aún hoy están siendo analizadas.

En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

• Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
• Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
• Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
• Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
• Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
• Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
• Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
• Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.

En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.