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La presente colección consta de una única publicación - y su traducción- del testimonio realizado en Ginebra, en julio de 1981, por el miembro de la Policía Federal Luis Alberto Martínez (alias "Japonés") ante representantes de la FIDH (Federación Internacional de los Derechos del Hombre - Federation Internationale Des Droits de l'Homme), organización no gubernamental acreditada por las Naciones Unidas -estatus B- y el Consejo de la Europa. El documento original se encuentra en francés. La colección incluye una traducción "informal" en castellano, de la cual se desconoce el autor. Al momento de realizar la declaración, Martínez se encontraba detenido en la prisión de Champ Dollon, Suiza, acusado de los secuestros extorsivos del financista Fernando Combal y el banquero Carlos Koldovsky, ocurridos entre los años 1979 y 1981. Se conoce que Martínez llegó a la FIDH por intermedio del escritor argentino Julio Cortázar, entonces integrante de CADHU (Comisión Argentina por los Derechos Humanos). La de Martínez es la más antigua declaración que se conoce, realizada por un integrante de los grupos represivos, sobre los “Vuelos de la Muerte”. Mencionado como "Destino Final", detalla cómo -tras los interrogatorios bajo tortura- los Grupos de Tareas recurrían a la eliminación física utilizando aviones como parte del dispositivo de desaparición de personas. También en su relato da cuenta de la confección, manejo y circuito de expedientes y formularios relativos a personas detenidas desaparecidas.
Este suboficial de la Policía Federal cuenta en su testimonio que formó parte de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, desempeñándose además como agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino. Da cuenta de su paso por distintas áreas: el departamento de asuntos sindicales, la "mesa estudiantil" (encargada de infiltrar personal en ámbitos estudiantiles) y el secretariado de la Superintendencia de Seguridad Federal -entre 1973 y 1980- donde, entre otras tareas, transmitía las órdenes para generar "areas liberadas" para la actuación de los Grupos de Tareas. En ese contexto, da cuenta del funcionamiento de los centros clandestinos conocidos como "Garage Azopardo" (LT-LD) y "Club Atlético" (Centro Antisubversivo). También menciona los centros clandestinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), "El Banco", "El Vesubio" (La Ponderosa), "Olimpo" y un lugar -"La Casita"- cercano a la Comisaría N° 46.
A lo largo de su testimonio hace mención a los secuestros del físico Antonio Misetich, las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el escritor Haroldo Conti. Refiere también los asesinatos del padre Carlos Mugica, Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña por parte de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y de cómo esta organización paraestatal nutrió luego los denominados Grupos de Tareas.

La colección reúne documentación perteneciente a Osvaldo Pedro Ballestrini, quien fue personal del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino Cuerpo V entre la década de 1970 y hasta su muerte en 1987 bajo el nombre de Omar Pascual Bosich. Entre los documentos se pueden encontrar recibos de haberes del Ejército Argentino, algunos con nombre real y otros con el de cobertura. Según el informe de la Coordinación de Investigaciones Históricas resulta relevante resaltar que si bien Tadey informó que Ballestrini había muerto en 1987, hay un recibo de haberes a nombre de Bosich Omar Pascual con fecha del 31 de enero de 1989. Otros documentos que forman parte de la colección son pasajes de avión a su nombre por viajes a América del Sur y a Madrid, así como recibos de hoteles en los que se hospedó y de servicios de comunicaciones y correo. Otros documentos son cartas personales escritas desde la Estancia Santa Catalina en Paraguay, país al que se habrían ido en 1976 estando Silvia embarazada. También forman parte de la colección un pasaporte argentino, un permiso internacional para conducir, una visa de negocios, una credencial de periodista profesional y una credencial de corresponsal del diario El Día como reportero gráfico a nombre de Osvaldo Pedro Ballestrini, además de una libreta sanitaria otorgada a Ballestrini y Raúl Ricardo Fernández por el Servicio Nacional de Sanidad Animal de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería por la tenencia de 271 hectáreas en Junín (San Luis). En el caso del pasaporte, tramitado el 23 de abril de 1980, se registran viajes entre ese año y 1982.
Por otro lado, hay dos contratos de arrendamiento de hectáreas a nombre de Ballestrini y Fernanández entre 1985 y 1986 en San Luis. Asimismo se puede encontrar documentación del Banco de la Provincia de San Luis también a nombre de ambos. Hay además, algunos volantes vinculados a la Iglesia Católica sobre la contrasubversión y la detención de sacerdotes considerados guerrilleros y otros relacionados a movimientos peronistas, entre los que se encuentra un ejemplar de Cuadernos de El Combatiente 2, a cinco años de la muerte de Mario Roberto Santucho.
También hay algunos apuntes de causas, por ejemplo de la causa "Armelín, Juana María s/ Habeas Corpus Expte. 158/82" quien fuera detenida el 23 de febrero de 1978 por un operativo realizado por personal del regimiento de Villa Martelli, escapándose su marido José Ignacio Ríos. Otros de los apuntes es sobre la causa 4340 de Julio Miguel Municoy, médico voluntario en Malvinas que había recibido amenazas, y uno último que trata sobre la causa 1291 s/ Habeas Corpus de Graciela Irene Quesada Ayub, detenida el 17 de marzo de 1977 y vista por última vez en diciembre de ese año. Otro de los documentos que integran la colección es un informe del Batallón de Inteligencia 601 con asunto "Actualidad de la IV Internacional".
Finalmente, hay también una fotografía en soporte papel blanco y negro de Ballestrini junto a Raúl Ricardo Fernández.
Si bien el informe de la Coordinación de Investigaciones Históricas realizado en 2012 menciona una fotografía de Diana Lewinger y Apuntes sobre antisemitismo y racismo, al momento de realizar la presente descripción, los mismos no se hallaban en la caja. Por otra parte, este informe también detalla otra documentación no inventariada por esa Coordinación pero que se encontraba mencionada en un borrador así como documentos vinculados con este tema pertenecientes a otros fondos y colecciones del Archivo Nacional de la Memoria. Este informe de la Coordinación de Investigaciones Históricas, un resumen del testimonio de Silvia Tadey de 2003 y algunas fotocopias de fotos de Ballestrini, forman también parte de esta colección.

En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

• Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
• Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
• Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
• Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
• Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
• Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
• Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
• Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.

En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.