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La presente colección consta de una única publicación - y su traducción- del testimonio realizado en Ginebra, en julio de 1981, por el miembro de la Policía Federal Luis Alberto Martínez (alias "Japonés") ante representantes de la FIDH (Federación Internacional de los Derechos del Hombre - Federation Internationale Des Droits de l'Homme), organización no gubernamental acreditada por las Naciones Unidas -estatus B- y el Consejo de la Europa. El documento original se encuentra en francés. La colección incluye una traducción "informal" en castellano, de la cual se desconoce el autor. Al momento de realizar la declaración, Martínez se encontraba detenido en la prisión de Champ Dollon, Suiza, acusado de los secuestros extorsivos del financista Fernando Combal y el banquero Carlos Koldovsky, ocurridos entre los años 1979 y 1981. Se conoce que Martínez llegó a la FIDH por intermedio del escritor argentino Julio Cortázar, entonces integrante de CADHU (Comisión Argentina por los Derechos Humanos). La de Martínez es la más antigua declaración que se conoce, realizada por un integrante de los grupos represivos, sobre los “Vuelos de la Muerte”. Mencionado como "Destino Final", detalla cómo -tras los interrogatorios bajo tortura- los Grupos de Tareas recurrían a la eliminación física utilizando aviones como parte del dispositivo de desaparición de personas. También en su relato da cuenta de la confección, manejo y circuito de expedientes y formularios relativos a personas detenidas desaparecidas.
Este suboficial de la Policía Federal cuenta en su testimonio que formó parte de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, desempeñándose además como agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino. Da cuenta de su paso por distintas áreas: el departamento de asuntos sindicales, la "mesa estudiantil" (encargada de infiltrar personal en ámbitos estudiantiles) y el secretariado de la Superintendencia de Seguridad Federal -entre 1973 y 1980- donde, entre otras tareas, transmitía las órdenes para generar "areas liberadas" para la actuación de los Grupos de Tareas. En ese contexto, da cuenta del funcionamiento de los centros clandestinos conocidos como "Garage Azopardo" (LT-LD) y "Club Atlético" (Centro Antisubversivo). También menciona los centros clandestinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), "El Banco", "El Vesubio" (La Ponderosa), "Olimpo" y un lugar -"La Casita"- cercano a la Comisaría N° 46.
A lo largo de su testimonio hace mención a los secuestros del físico Antonio Misetich, las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el escritor Haroldo Conti. Refiere también los asesinatos del padre Carlos Mugica, Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña por parte de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y de cómo esta organización paraestatal nutrió luego los denominados Grupos de Tareas.

En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

• Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
• Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
• Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
• Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
• Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
• Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
• Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
• Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.

En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.