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En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

• Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
• Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
• Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
• Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
• Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
• Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
• Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
• Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.

En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.

El fondo comprende la totalidad de las audiencias orales (530 horas) producidas en el marco del proceso judicial conocido como Juicio a las Juntas Militares, en el que se juzgó a los nueve miembros de las tres primeras Juntas Militares como responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la dictadura cívico-militar durante los años 1976 y 1983.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 tuvieron lugar las audiencias orales del juicio en las que prestaron declaración testimonial 833 personas citadas por las defensas y por el Ministerio Público. Entre agosto y septiembre se dio lectura a la acusación presentada por la Fiscalía y entre los meses de octubre y noviembre tuvieron lugar los alegatos de las defensas de los ex comandantes. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dictó sentencia fundada en el análisis de 709 casos presentados. Como material complementario fueron digitalizadas las actas mecanografiadas del juicio.

El fondo contiene documentación producida y recopilada por José Francisco Albaladejo a lo largo de su vida, desde mediados de la Década de 1940 hasta fines de la Década de 1980. José Francisco Albaladejo fue un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) quien trabajó como oficial de calle hasta 1972, luego pasó a trabajar dentro de la sección de Afilicaciones de la PFA, en 1978 pasa a disponibilidad por un sumario que se le instruye y para 1983 era el letrado apoderado de la empresa de seguridad Bechiguay, según se infiere de la documentación encontrada.
Vinculado a vida personal y a su familia, el fondo contiene una libreta escolar de Albaladejo en 6to grado del Colegio Don Bosco, negativos y fotografías familiares, correspondencia, agendas y un libro contable de ingresos y egresos desde 1956 a 1980.
Respecto de su actividad profesional, pueden encontrarse documentos que dan cuenta de su paso por la Policía Federal como dos gorros, tres charreteras, un cinturón y una dragona de sable, material de estudio de su etapa de instrucción, invitaciones a eventos sociales de su promoción N° 48 de la Escuela de Policía (año 1954), tarjetas personales, cuaderno de anotaciones y talonarios utilizados cuando era oficial de calle, su libreta de tiro, apuntes sueltos de distintos contactos, fotografías y planillas de inscripción a un torneo de fútbol juvenil de la PFA, diploma dirigido a él de los suboficiales agentes del tercer escuadrón del Cuerpo de Policía Montada (año 1961), así como boletines y gacetillas del Centro de Oficiales retirados de la PFA. Asimismo, el fondo contiene documentos de la Policía Federal Argentina que fueron recopilados por Albaladejo durante su paso por esta institución. A su vez, se encuentran documentos vinculados a su actividad luego de su retiro como Policía Federal, vinculado a agencias de seguridad, principalmente la agencia Bechiguay, de la cual Albaldejo fue apoderado.
Se destacan:

• Apuntes de la División de Instrucción de la PFA. Escuela Superior de Policía. Entre ellos: Conducción y Táctica en desórdenes urbanos (contiene receta de bomba molotov), Curso Antirrevolucionario (año 1962), Curso de Terrorismo y Curso de Oficiales Inspectores.
• Guía telefónica oficial de la PFA. Año 1976.
• Revista "Mundo Policial" Año 1 N° 4 1970, Año 4 N° 18 1973, Año 6 N° 32 1975
• Gacetillas del Centro de Oficiales Retirados de la PFA. Años 1971 a 1974.
• Publicidad para recibir por correspondencia los libros "Manual de Inteligencia" y "Estrategia Revolucionaria" del comisario retirado Raúl Tomás Escobar. Editorial F.I.
• Publicación "Autoridades y destinos del Centro de Oficiales Retirados". Año 1982.
• Boletín informativo del Círculo de Oficiales de la PFA. 18 ejemplares que van del año 1980 a 1983.
• Órdenes del día de la PFA
• Expedientes de la PFA vinculados a la reforma de la Superintendencia de Bienestar de la PFA y de la Dirección General de Obra Social de la PFA.
• Documentos de la PFA sobre el Hospital Churruca (incluye planos).
• Comunicaciones, actuaciones, memos de la Sección Afiliaciones de la Superintendencia de Bienestar de la PFA (años 1972 a 1977).
• Folleto de la agencia de seguridad "Magnum" que parece investigaciones privadas e informes comerciales para empresas.

Esta colección contiene documentos personales y de la vida profesional y política de José Federico Westerkamp, principalmente aquellos vinculados a su participación en distintos organismos defensores de los derechos humanos, como APDH, CELS o el Movimiento por la Vida y la Paz. Se encuentran en la misma los recursos de amparo presentados en favor de su hijo Gustavo, fotografías, correspondencia, publicaciones periódicas, recortes de diarios, y artículos científicos (algunos de su autoría) sobre temas de física y energía nuclear.
José Federico “Pipo” Westerkamp nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1918. En 1949 obtuvo su doctorado en Física y Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires y más tarde una Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas. Como científico se especializó en trabajos realizados con microondas, fue pionero de los estudios sobre el uso del láser en Argentina y Estados Unidos y siempre bregó por el uso pacífico de los diferentes tipos de energía. Perteneció al grupo de científicos al que en la primera mitad de la década de 1950 se conoció como el "Círculo Filosófico". Además, fue miembro de la Asociación de Física Argentina y de la Sociedad Científica Argentina. Junto a su esposa Ángela “Angelita” Muruzábal -Doctora en Química con diploma de honor y medalla de oro, docente universitaria en la Facultad de Medicina de la UBA y una de las fundadoras en 1955 de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- emigró a Estados Unidos, donde ambos se dedicaron a la docencia universitaria y a la investigación.
Su militancia y la de su esposa en el campo de los Derechos Humanos comenzó el 19 de octubre de 1975 cuando su hijo Gustavo, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), fue secuestrado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) cuando concurrió al Regimiento de Patricios a practicarse la revisación previa a la entrada al servicio militar obligatorio. Luego de ser torturado durante dos días en dependencias de la Superintendencia de Seguridad Federal, comenzó el 21 de octubre de 1975 un recorrido por las cárceles de Villa Devoto, Sierra Chica, La Plata y Rawson, siempre sin cargos en su contra ni debido proceso judicial. Entre 1975 y 1976 Pipo y Ángelita estuvieron entre los miembros fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (Familiares). En 1979 participaron también de la fundación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Westerkamp mismo fue arrestado dos veces: en 1981-junto a otros miembros de la Comisión Directiva de la institución- tras el intento de la Junta Militar por destruir el CELS, y luego en ese mismo año después de haber criticado a la Justicia Federal de Rawson por el mal trato a los detenidos en el penal de dicha ciudad chubutense.
Fue la primera persona en compilar un listado de científicos presos o secuestrados y luego desaparecidos durante la dictadura y distribuirlo en el extranjero. Colaboró en la confección de los primeros listados de detenidos-desaparecidos, en la presentación constante de habeas corpus, en la distribución del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la visita que realizó a Argentina en septiembre de 1979 y fue también uno de los pocos varones en acompañar las marchas de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo desde el comienzo de esa actividad militante. Aprovechando sus contactos académicos y profesionales, el matrimonio colaboró permanentemente con las organizaciones de solidaridad con Argentina que operaban en los Estados Unidos durante la dictadura.
Tras siete años como preso político, Gustavo fue puesto en libertad vigilada el 19 de septiembre de 1982 y comenzó a militar en la APDH. Padre, madre e hijo comenzaron a dedicar todos sus esfuerzos a la ayuda a las y los presos políticos que comenzaban a ser liberados o a las familias más necesitadas de los que aun continuaban presos. Westerkamp fue fundador además del Movimiento por la Vida y por la Paz (MOVIP) y en 2012 fue reconocido como Personalidad Destacada de la Ciencia y los Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ángela Muruzábal de Westerkamp falleció el 20 de enero de 2012 y José “Pipo” Westerkamp el 27 de febrero de 2014.

El fondo reúne los documentos audiovisuales generados por la productora Ícaro que trabaja desde sus inicios de forma independiente para agencias de noticias internacionales como CBS, BBC, ABC, Globo, Reuter, entre otras, en la realización de documentales e informes de noticias del ámbito latinoamericano.
Se trata de registros que abarcan desde el año 1982 hasta fines de la década de 1990 referidos en su mayor parte a hechos políticos y sociales, con un singular hincapié en las problemáticas de derechos humanos y temas afines. Podemos encontrar producciones relativas a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la guerra de Malvinas, las campañas y elección presidencial de 1983, el Juicio a las Juntas militares, las sublevaciones carapintadas, las leyes de impunidad, las campañas y elecciones de Menem, los indultos, los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, y diversos registros de la transición democrática en Chile y Uruguay. El fondo también incluye los ficheros originales en los cuales se consignaba información relevante de los casetes.

Según la Ley Orgánica de la Provincia de San Juan Nº 3612, de 1970, la estructura de la policía provincial de la provincia de San Juan se componía de cinco departamentos, el D2 correspondía a Informaciones Policiales. Esta estructura se replicaba a nivel de las Fuerzas Armadas y de otras policías provinciales (D1 Personal, D2 Informaciones/Inteligencia, D3 Operaciones, D4 Logística, D5 Judicial en el caso de San Juan, también podía ser Asuntos Civiles o Territoriales en otras provincias). Los representantes del Ministerio Público Fiscal que investigaron su funcionamiento consideraron que el D-2 "realizaba el trabajo de inteligencia, y también intervenía en lo operativo"; el D-3 "prestaba el apoyo operativo a las acciones del D-2"; el D-4 "acompañaba con la logística", y el D- 5 "manejaba la información judicial existente de todas las víctimas, no así la política, que la obtenía, seleccionaba y utilizaba el D-2". A partir de la Directiva del Consejo de Defensa 1/75 del 15 de octubre de 1975, las policías provinciales quedaban bajo control operacional de las Fuerzas Armadas. En el territorio de San Juan, la policía provincial quedaba bajo las órdenes del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 22 del Ejército.
El fondo se compone de los documentos producidos por el Departamento 2 de la Plana Mayor de la Policía Provincial, en el cumplimiento de sus funciones. Se encuentra en proceso de identificación las series documentales que lo integran. Por lo tanto, por el momento, se puede constatar solamente la existencia de fichas e informes de antecedentes y recortes periodísticos vinculados al seguimiento de personas y actividades de universidades, partidos políticos, gremios, sindicatos, entidades religiosas, entre otros.
El fondo reúne los siguientes biblioratos, que contienen lo que se detalla a continuación:

• "Antecedentes de Personas (V25)": notas vinculadas a solicitudes y remisiones de antecedentes de personas, e informes de antecedentes. Se incluyen formularios con datos personales, educativos, laborales, ideológicos, gremiales, religiosos y /o judiciales.
• "Gremios": comunicaciones, notas, recortes de prensa, volantes, artículos periodísticos, listados de comisiones directivas de distintos sindicatos, listados de organizaciones gremiales, invitaciones, designaciones, notas de peticiones de permiso para asambleas.
• "Movimientos universitarios": recortes periodísticos de temas universitarios, certificados de alumno regular, ordenanzas internas, organigramas, listados de autoridades de universidades y folletos.
• "Partidos políticos": recortes de prensa, listado de autoridades de los partidos, informes de inteligencia, informes de actividades, declaraciones de figuras políticas, listados de Comisiones Directivas de los partidos, volantes, boletines, listas de candidatos y volantes de votaciones.
• "Subversión": partes de inteligencia semanales, recortes de prensa, nóminas de pasajeros, volantes, revistas, listados de automóviles que ingresan a la provincia.
• "Entidades religiosas": Recortes de prensa, notificaciones, publicaciones y peticiones de autorizaciones.
• "Residentes extranjeros": Recortes de prensa, solicitudes de informes de antecedentes, informes de antecedentes, cartas de ciudadanía, censos.
• "Medios de comunicación": Listado de periodistas acreditados por el Mundial 78, artículos, recortes periodísticos sobre canales de TV, repetidoras, notas vinculadas a la prohibición de libros, y programación de medios.
• "Personal de Informaciones policiales": Informes de novedades, memorandos, listados con nombres de personas
• "Alta. Promoción. Baja personal policial": partes informativos semanales y Órdenes del día.
• "Organismos de Derechos Humanos": recortes de prensa, informes de inteligencia, listados de personas desaparecidas en San Juan, volantes y folletos.
  Además, hay legajos policiales de detenidos a disposición del PEN, recortes de prensa sobre la Asocicación Amigos Sanjuaninos, memos e informes varios de los años 2002 a 2003.
  Por último, forma parte del fondo, un fichero donde figuran, ordenadas alfabéticamente, antecedentes de personas.