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Carta del Jefe de la Unidad de Comunicaciones de la División de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Jakob Th. Möller, a Soledad Davi de Capello acusando recibo de su carta sobre la desaparición forzada de su hijo, Jorge Antonio Capello, su compañera y el hijo de ésta e informando el procedimiento de acuerdo a las resoluciones adjuntas. Ginebra, Suiza.

La colección reúne documentos vinculados con Eduardo Adolfo Capello, militante político fusilado el 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, en la Masacre de Trelew de 1972. Eduardo Adolfo militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), inicialmente en el ámbito estudiantil, siendo luego designado responsable militar. En 1971 fue detenido y encarcelado primero en la Unidad Penal 2 de Villa Devoto y luego en la Unidad Penal 6 de Rawson. Entre los documentos vinculados a Eduardo Adolfo se encuentran algunos de su infancia como boletines de calificaciones, el carnet de River Plate y fotografías familiares, así como una cédula de identidad. Además, hay documentos vinculados a su militancia como algunas tarjetas elaboradas por él mismo desde la cárcel y numerosa correspondencia que enviaba a su familia agradeciendo el apoyo por sus desiciones de combatir el orden establecido y un escrito titulado "La familia desde la perspectiva revolucionaria". Tras su asesinato, su madre Soledad, recibió una carta de una sobrina que forma parte de la colección y reunió algunos artículos de publicaciones sobre la Masacre de Trelew en la que fue asesinado su hijo junto a 18 militantes más, tanto de los días en que acaecieron los hechos así como de homenajes ulteriores a las víctimas y el juicio a los culpables.
Además, la colección reúne documentación vinculada a la desaparición de Jorge Antonio Cappello, secuestrado junto a su pareja, Irma Márquez, y al hijo de ella de 14 años, el 12 de mayo de 1977 de su domicilio en Avellaneda, por el GT3 del Ejército Argentino. Entre los documentos, se encuentran varias cartas recibidas por su madre Soledad, así como habeas corpus, notificaciones de rechazo y testimonios de Soledad que dan cuenta de las denuncias de desaparición forzada efectuadas así como de la intensa búsqueda de su hijo. Asimismo, hay diversas notificaciones vinculadas a la causa de desaparición forzada de Jorge Antonio.
Finalmente, la colección también reúne algunos poemas manuscritos escritos por Soledad.

El fondo refleja la actividad solidaria y de denuncia que desarrolló Alicia Raquel Puchulu de Drangosch, quien debió exiliarse del país junto con una de sus hijas y sus nietos como consecuencia de la persecución y desaparición de varios familiares (sus hijos Adriana y Hugo Ricardo Drangosch y sus yernos Mario Rodríguez, Arnaldo del Valle Moyano y Samuel Leonardo Slutzky) durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el allanamiento de los domicilios de sus hijas Raquel Herminia Drangosch y Susana Drangosch, y con el objetivo de garantizar su seguridad y la de su familia. Gracias a la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se asiló primero en Brasil y luego viajó a Holanda donde permaneció varios años. Durante su estadía en Holanda fundó y presidió la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM) cuyo objetivo fue la promoción y realización de acciones de solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado tanto en Argentina como en América Latina. Esta tarea fue realizada en constante colaboración con otros organismos de Derechos Humanos. Durante su exilio en Europa, Alicia también fue representante de Madres de Plaza de Mayo.
En este sentido, el fondo reúne documentos tales como fotografías, correspondencia entre las distintas instituciones que desde el exilio realizaron acciones a favor de los desaparecidos, denuncias, testimonios de detenidos en Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, listados de detenidos-desaparecidos, publicaciones relativas a la lucha por los derechos humanos, boletines, comunicados de prensa, declaraciones, informes, folletos, invitaciones, y una gran cantidad de afiches que formaron parte de la campaña gráfica desde el exilio de denuncia del terrorismo de estado en Argentina y América Latina.

Sección Derechos Humanos de la publicación "Argentina día por día" con testimonio de Lisandro Raúl Cubas titulado "Los desaparecidos empiezan a hablar". Este testimonio aparece en forma de entrevista a Cubas, quien fue secuestrado y desaparecido el 20 de octubre de 1976 y, tres años más tarde, liberado, saliendo al exilio en 1979. Además del testimonio se inlcuyen otros dos artículos periodísticos:

• Artículo de Clarín titulado "Un Informe Revelador. Detenciones Clandestinas" y se trata de un informe elaborado por ocho ex detenidos del centro clandestino de detención La Cacha, redactado en un convento de San Pablo. Incluye lista de 75 personas que pasaron por La Cacha.
• Artículo de La Nación con el título "La Libertad para Subversivos" que trata sobre la sanción del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley 22.980 con la que se deroga la ley 22.156 y se modifica los artículos 13 y 53 del Código Penal.
• Artículo de La Nación "Situación Procesal del Almirante Massera".
• Artículo de Clarín "Recurso Diplomático" sobre el Habeas corpus en favor de 27 españoles desaparecidos. Incluye el relato sobre españoles detenidos ilegalmente en distintos centros clandestinos de detención, proveniente de un escrito presentado por el ministro encargado de la sección Asuntos Consulares de la Embajada de España.
• Artículo de Clarín "Internaron a Emilio Massera", que refiere a la ausencia de Eduardo Massera en la absolución de posiciones convocada por el juez de sentencia Ricardo José Galli debido a problemas de salud.

Sobre y carta del Director de la División de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Theo C. van Boven, a Soledad Davi de Capello agradeciendo la información brindada sobre la desaparición de Irma Márquez e informando las acciones tomadas por parte del Grupo de Trabajo y la Comisión de Derechos Humanos. Ginebra, Suiza.

Sobre y carta del Secretario Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas, Edmundo Vargas Carreño, a Soledad Davi de Capello comunicando que han recibido su carta y han transmitido la información al Gobierno Argentino sobre la desaparición forzada de su hijo, Jorge Antonio Capello, Irma Márquez y el hijo de ella. Ginebra, Suiza.

Sobre y carta del Director de la División de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Theo C. van Boven, en nombre del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias, a Soledad Davi de Capello informándole sobre las comunicaciones del Grupo de Trabajo y agradeciéndole la información presentada. Ginebra, Suiza.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.