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Esta sección reúne documentos de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) recopilados por Carlos González Gartland en el marco del cumplimiento de sus misiones, funciones y actividades en dicha organización. La CADHU se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura, en abril de 1976. La CADHU se fundó a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecía, entre otros, Carlos González Gartland. La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos. Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo.
La CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América, entre ellas la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA).
Una de las actividades fundamentales asumidas por la CADHU fue la de denuncia a través de la producción y difusión de relatos del cautiverio elaborados por sobrevivientes de centros clandestinos de detención. La circulación de este tipo de documentos en el extranjero tenía como objetivo principal lograr la condena internacional de la Junta Militar por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. Estos relatos, que narran de manera detallada el horror de la represión clandestina, constituyeron un insumo clave del movimiento antidictatorial en su campaña de denuncia y, además, generaron un conocimiento temprano sobre el dispositivo represivo que sería clave en el escenario judicial de la transición democrática. Los testimonios reunidos no solo son los producidos por la CADHU sino también algunos recopilados por Gartland y reunidos en un mismo corpus.
Además, esta sección reúne diversas publicaciones de la CADHU en las que se denunciaban los crímenes de la dictadura, una de las cuales, por ejemplo causó un gran impacto en el terreno de la denuncia internacional: ""Proceso al Genocidio"". Se trata del primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. También hay una multiplicidad de comunicados de denuncia de diverso tipo como los comunicados de prensa o los llamados ""Acción urgente"".
La sección cuenta además con correspondencia que da cuenta de los vínculos de la CADHU con otros organismos de derechos humanos y de las actividades e iniciativas de solidaridad que buscaban dar auxilio a las personas que huían de la persecución dictatorial así como de las intervenciones en el espacio público que consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado.
Finalmente, hay rendiciones de egresos mensuales de la sede México de la CADHU cada uno de los cuales se encuentra acompañado por la misiva dirigida al Consejo Directivo de la CADHU en Madrid y, en algunos casos, un detalle de las líneas de acción de la delegación.

Esta sección reúne documentos de diferente procedencia recopilados por Carlos González Gartland durante su exilio en México, entre 1976 y 1984. Además de sus responsabilidades en la delegación en México de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) y en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), González Gartland estableció múltiples vínculos con organizaciones de defensa de los derechos humanos en el exterior, de manera que fue reuniendo documentos tales como panfletos, comunicados, volantes, artículos de prensa, proclamas e informes, que dan cuenta de su propia militancia de denuncia de la dictadura cívico-militar en Argentina así como del accionar de estas organizaciones. Estos documentos, agrupados por González Gartland en cajas rotuladas ""Documentos y publicaciones del exilio en general"", constituyeron la base que permitió a la CADHU la creación en 1980 del Centro de Información y Documentación del Exilio Argentino (CIDEA) en 1980, en centro especializado en los problemas argentinos, orientado a los aspectos vinculados con los derechos humanos. En ese momento, el CIDEA no logró obtener financiamiento más allá del propio de la CADHU de manera que se puso en funcionamiento en condiciones precarias dependiendo del trabajo voluntario de colaboradores no especializados, lo que devino en que no pudiera darse un tratamiento adecuado a la documentación. A pesar de ello, el CIDEA prestó servicios de consulta a familiares de víctimas de la represión, organismos de solidaridad del exilio, investigadores y a los organismos de derechos humanos y de familiares que actuaban en Argentina. Además, en base al material que reunía, editó un boletín mensual a través del Servicio de Información Comentada de Argentina (SICA), el cual fue distribuido gratuitamente a diarios y revistas de América con el fin de contribuir al mejoramiento de los derechos humanos en Argentina. Con el retorno del exilio a Argentina de los colaboradores del CIDEA y de los miembros de la CADHU a partir de diciembre de 1983, el Centro de Información no pudo seguir adelante con sus tareas. Como se consecuencia, se comenzó a pensar en trasladar la documentación a Argentina realizando previamente una microfilmación de los documentos reservados u originales. Para llevar adelante esta tarea se tiene registro de que, al menos, se pidió financiamiento al Consejo Mundial de Iglesias. Si bien se desconoce si se llevó adelante algún tipo de microfilmacion, la documentación perteneciente al CIDEA fue efectivamente trasladada a Argentina.
Parte de esta sección reúne los documentos recopilados para el CIDEA aunque no es posible determinar si la totalidad de ellos formaron parte de este Centro de Información.

Primera publicación integral de denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos en el país, redactada por Eduardo Luis Duhalde y Gustavo Roca. Fue editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar definiéndolo como una política estatal de exterminio de todo tipo de oposición, contando con un apartado específico sobre la represión al movimiento obrero como razón de estado.

La colección contiene un Libro de Actas del Consejo de Personal de la Dirección Nacional de Vías Navegables y Construcciones Portuarias del año 1976, donde se puede observar el accionar de los interventores militares respecto al seguimiento y persecución a trabajadores del sector. Además 17 sellos, 1 porta sellos, 1 pinche, 4 rollos de microfilm de 35 mm, 1 rollo de microfilm de 16 mm, 1 pisa papel, 1 goma, 1 caja y 1 barra metálica de mediciones de 100 cm. A su vez, un libro índice del año 1983 del Departamento Distrito del Río de la Plata, el Expediente Nº 200697/94 Iniciador Antolin Fernández S.A. sobre una concesión para la extracción de arena sobre el Río Paraná y un libro de Registro de Licencias especiales por asuntos particulares de la Dirección Nacional de Vías Navegables y Construcciones Portuarias Años 1967-2000. Por último, la colección contiene sesenta y ocho fotografías y cuatro negativos, una parte de estas fotografías son de la jura de María Estela Marínez de Perón, la toma de juramento a funcionarios que llevan el sello de la Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia de la Nación. En otras se observan varones festajando, algunas fotografías de miembros de la Marina, dos fotografías de un bebé y dos fotografías de un puente. En los negativos se observa una ceremonia religiosa.

La colección se compone del Expediente Nº 5746 del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Pampa, iniciado el 22 de septiembre de 1997, con el asunto “S/presentación del Sr. Marcelino Acosta s/ubicación de un expediente relacionado con la violación de DDHH en nuestra provincia”. Marcelino Acosta le escribe al Representante del Consejo Federal de La Pampa, Carlos Mario Sánchez, Subsecretario de Justicia sobre una investigación realizada por él mismo en la que tomó testimonios en distintos lugares del país. Allí le solicita que remita esta investigación a la Subsecretaría de Derechos Humanos, ya que su contiene testimonios de represores, funcionarios de la época de la dictadura, así como de víctimas de los hechos vinculados al Terrorismo de Estado en la Provincia de la Pampa.

La colección comprende documentación reunida por Alberto Adrián Bocles, quien fue preso político entre 1975 y 1983, vinculada a su encarcelamiento y a las gestiones realizadas por su familia exigiendo su liberación. Entre los documentos se puede encontrar normativa vinculada con los servicios penitenciarios y algunas publicaciones y escritos vinculados a la detención, la tortura y las cárceles durante la dictadura cívico-militar. Por otra parte también hay comunicados y solicitadas de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Madres de Plaza de Mayo así como correspondencia relacionada a la detención de Bocles y cédulas de notificación del Poder Judicial de la Nación. Asimismo hay copias de documentos pertenecientes al Fondo Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBBA) custodiado por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) vinculadas a Alberto Adrián Bocles.

Esta colección está conformada por documentos audiovisuales seleccionados por Daniel Vicente Cabezas pertenecientes al fondo de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, organización no gubernamental creada en el año 1977 con la finalidad de localizar y restituir a sus legítimas familias a los cientos de niños que fueron secuestrados-desaparecidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. Reúne testimonios, entrevistas, documentales, videos, spots institucionales y programas de televisión que refieren a la temática de la apropiación de niños, así como material de archivo de época y un amplio registro de las actividades realizadas por la institución como parte de su campaña de difusión.

La colección reúne documentación recopilada por Eugenia Izquierdo para la producción y dirección del documental sobre la familia Pujadas "Fotos de Familia" realizado en 2011. En este documental Víctor Pujadas reconstruye la historia de su familia, secuestrada y asesinada en la ciudad de Córdoba el 14 de agosto de 1975.
Los Pujadas, catalanes de origen, vivían en Córdoba desde 1953 por el terror impuesto por el franquismo en España. Tuvieron seis hijos uno de los cuales, Mariano Pujadas, se encontraba preso en Trelew y fue uno de los fusilados allí en 1972 durante el hecho conocido públicamente como la “Masacre de Trelew”. El 15 de agosto de 1972, durante el gobierno de facto del general Alejandro Lanusse, las y los presos políticos del penal de la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, iniciaron una maniobra con el objetivo de darse a la fuga. La planificación estuvo a cargo de los miembros de las conducciones de las tres organizaciones revolucionarias armadas más grandes del país: el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros. El plan consistía en llevar al aeropuerto de la ciudad de Trelew a los 110 presos políticos para huir del país en avión. Sin embargo, el plan se vio frustrado por fallas logísticas y de comunicación para el traslado hacia el aeropuerto y sólo 6 integrantes del “comité de fuga”, todos altos dirigentes de sus organizaciones, lograron llegar al avión secuestrado. Durante la madrugada del 22 de agosto de 1972, los detenidos y detenidas salieron de sus celdas y formaron en el pasillo por orden del teniente de corbeta Roberto Bravo. Una vez que lo hicieron, los guardias dispararon sobre ellos. El saldo fueron 16 muertos, entre los que se encontraba Mariano Pujadas, y 3 heridos.
Tres años después de la Masacre de Trelew, el Comando Libertadores de América, organización formada por militares, policías y civiles que operaban bajo las órdenes del militar retirado del Ejército Héctor Vergez, alias “Capitán Vargas”, y un suboficial de la Aeronáutica, Pedro Raúl Telleldín, ingresó al domicilio de la familia Pujadas durante la madrugada. En la casa estaban Josefa Badell y su esposo José Pujadas, sus hijos José María, María José y Víctor, la esposa de José María y la hijita de ellos, María Eugenia. Los otros dos hijos, Ricardo y Ángeles no estaban en la casa familiar dado que se habían casado y vivían con sus respectivas familias. De los presentes se salvaron Víctor, la esposa de José María, que falleció poco después a causa de las secuelas, y María Eugenia y los hermanos que quedaron, junto a sus familias, se exiliaron en España.
Entre los documentos de la colección que recuperan información sobre estos dos episodios de crímenes de lesa humanidad, se encuentra una investigación sobre la Masacre de Trelew titulada "Trelew, ¿Recurso del Antiperonismo?", escrita poco después de los hechos. Esta investigación, plasmada en un folleto, relata el plan de fuga y la sucesión de hechos que desencadenaron en la masacre el 22 de agosto, incluyendo testimonios de los sobrevivientes.
Además, la productora confeccionó una carpeta en la que incluyó distintos artículos periodísticos tanto sobre la Masacre de Trelew como del asesinato de la familia Pujadas de medios tales como La Voz del Interior, Diario Córdoba, Clarín, La Opinión, entre otros. Otros artículos están vinculados con el contexto político más general de la época. Además, hay varios artículos que tratan sobre la guerra civil española, contexto de exilio de la familia Pujadas a Argentina. Adicionalmente a los artículos de prensa, hay algunas notas manuscritas y poemas. Otra parte de la carpeta está constituida por fotocopias de la prensa recopilada por la propia familia sobreviviente en España y que fueron entregados a Eugenia Izquierdo en Barcelona y una última parte contiene un dossier sobre Mariano Pujadas armado por Roberto Baschetti que, además de artículos periodísticos incluye una copia del certificado de las pericias realizadas post mortem al cuerpo de Mariano Pujadas, una conferencia de prensa de los abogados defensores de María Antonia Berger, Ricardo René Haidar y Alberto Miguel Camps, sobrevivientes de la Masacre así como testimonios de cada uno de ellos.
La colección cuenta también con un extracto del ""Diccionari dels catalans d´Amèrica: Contribució a un inventari biogràfic, topnímic i temàtic"" de 1992 en el cual se encuentra subrayado el nombre de Josep María Ribera i Faig identificado como la persona que escribió la biografía de los Pujadas.
Finalmente la colección reúne copias fotográficas e impresiones de fotografías que conforman un primer corpus fotográfico de la investigación para la producción Fotos de Familia. Entre estas imágenes se registra a los distintos miembros de la familia Pujadas así como algunos acontecimientos y lugares por los que transitaron. Entre las fotos, hay también una impresión de una fotografía de María Antonia Berger, Mariano Pujadas y Pedro Rubén Bonet en el aeropuerto de Trelew.

Este fondo contiene unidades documentales simples y compuestas muy distintas entre sí correspondientes a la Causa "Masacre de Napalpí s/juicio por la Verdad". Ello se encuentra relacionado a la complejidad de la investigación judicial llevada adelante, que debió indagar sobre hechos ocurridos un siglo antes. De manera que la organización y contenido de la documentación responde, en gran medida, a las decisiones y estrategias de la unidad fiscal. En términos generales, por un lado, se puede hablar de documentos jurídicos propios del desarrollo de la investigación judicial y del juicio, tales como Requerimientos Fiscales, Dictámenes del Juzgado, Ofrecimientos de Prueba, etc. Por el otro, de testimonios orales producidos en las dos etapas de la investigación, en Instrucción y durante la Audiencias Orales del juicio. En tercer lugar, podemos mencionar la incorporación de libros, informes, artículos académicos y periodísticos y otro tipo de producción académica y no académica. En cuarto lugar, se encuentran unidades documentales que fueron incorporadas directamente o como anexos de informes institucionales, tales como expedientes del Ministerio del Interior aportados por el Archivo General de la Nación, fotografías de enorme relevancia que se encontraban en Museos o Archivos locales o extranjeros, aportadas por investigadores, o debates parlamentarios, decretos y leyes publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La colección reúne doce entrevistas a padres cuyos hijos son detenenidos desaprecidos durante la última dictadura, las cuales recorren la historia de vida de cada uno de ellos mostrando los matices que cada experiencia tuvo. Los entrevistados son: Abraham Diszel, Angel Lepiscopo, Bruno Palermo, Benjamín Schwalb; Osacar Hueravillo; Estrer Cubas; Julio Lareu; Julio Morresi; Marcos Weinstein; Mauricio Brodsky; Ricardo Braveman y Teoblado Altamiranda.

La colección perteneciente a María Antonieta Alessandro consiste en un documento producido por Abuelas de Plaza de Mayo con el objetivo de coadyuvar en las búsquedas de nietos y nietas desaparecidos y apropiados durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Se trata de un informe mayormente mecanografiado titulado "Niños desaparecidos en la República Argentina desde 1976" que contiene una lista de niños desaparecidos, solicitadas publicadas, testimonios sobre niños desaparecidos, testimonios sobre bebés que nacieron en cautiverio, trámites realizados y algunos ejemplos de casos de niños desaparecidos y localizados. En muchas de las fichas con información personal de los niños, niñas y sus familias, se incluyeron fotografías originales en soporte papel y, en otros casos, fotocopias de fotos.
Este documento forma parte de una serie de documentos similares, llamados por la institución productora "Carpetas madre", las cuales constituyen el primer registro sistematizado de Abuelas de Plaza de Mayo sobre niños y niñas desaparecidas o mujeres secuestradas embarazadas basado en las denuncias y los testimonios de los familiares. Si bien se desconoce la fecha exacta de la elaboración de este documento, por relatos de las protagonistas, estas carpetas se comenzaron a confeccionar en la década de 1980 con la finalidad de centralizar y organizar las informaciones que durante la década de 1970 las Abuelas habían ido recopilando informalmente, pero también con el objetivo de poder formalizar procesos de búsqueda.

Testimonio ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Cayetano Pellegrino en el cual describe la situación del secuestro de su hija, Liliana Marcela, junto a su esposo, Carlos Gregorio Lordkipanside, su hijo Rodrolfo y su primo, Cristian Aníbal Colombo. También realiza una enumeración de las gestiones realizadas en la búsqueda del paradero de su hija.

Contiene copias de los cuerpos de la causas judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Argentina entre 1974 y 1983. Dichas causas se iniciaron a partir de año 2005, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003.

La colección consiste en la publicación realizada por la Universidad titulada "Repositorio Documental de la Memoria de la UNLPam". Dicha producción es el resultado del trabajo realizado en el marco del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos que consistió en el relevamiento del expediente judicial caratulado "Actuaciones instruidas s/averiguación de delitos de lesa humanidad", expedientes Nº 13/09 y 615/10 tramitados ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, en los que la Universidad se constituyó como parte querellante. En dicha investigación, se destacan las trayectorias de los y las detenidos-desaparecidos de la Universidad, ya sea que fueran estudiantes, docentes, no docentes o autoridades al momento de su secuestro.

El Archivo Nacional de la Memoria en cumplimiento de su misión y funciones produce y recibe documentos que dan testimonio de su vida institucional. Es por ello que en su fondo se puede encontrar una amplia cantidad de documentos generados por sus dependencias, siendo la documentación más voluminosa la administrativa y de recursos humanos (correspondencia, memos, convenios, presupuestos, trámites internos, informes, normativas, contratos, registro y control de bienes patrimoniales, expedientes de compras, recibos de pagos, registro de asistencia, entre tantos otros).
Asimismo, este fondo permite acercarse a las acciones de cooperación internacional con la región del Mercosur como de países europeos, desacatándose los convenios con el gobierno del Reino de España, UNICEF, PNUD y la participación en el Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (ADAI) que aportaron al fortalecimiento institucional del Archivo, desde el 2005 al 2014. Además, en el marco de la construcción del Espacio y Centro Cultural para la Memoria Trelew en el viejo aeropuerto de la ciudad, podemos encontrar las notas remitidas por este tema tanto desde la Secretaría Ejecutiva del ANM como por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación así como planos y fotos del aeropuerto, proyectos e informes vinculados con su construcción, folletería de difusión de la Secretaría de Derechos Humanos sobre el tema, síntesis de reuniones, propuestas y Actas de las reuniones de la Comisión Bipartita y Comisión Ad-hoc, entre otros.
A partir de las actividades de obtener, investigar y preservar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que este comprendida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones, el Archivo produjo diversa documentación tal como:
Registros de testimonios de víctimas de desaparición forzada y del accionar represivo en el Cono Sur, conformados hasta julio 2013; registros censales de personas de nacionalidad argentina o extranjeros, que revistieron el carácter de presos políticos en la República Argentina en el período comprendido entre el 16 de septiembre de 1955 y el 10 de diciembre de 1989, generados desde el 2009 hasta el 2014; oficios judiciales e informes que hasta el día de hoy se producen, para dar respuesta a las solicitudes de antecedentes de personas por violaciones a los derechos humanos en el marco de las Ordenanzas 1/94 y 1/04 de la Prefectura Naval Argentina y el Decreto 157/2006 que regula la actividad de las empresas de seguridad privada en el ámbito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; documentación generada a partir de las investigaciones llevadas a cabo por el Archivo: sobre las violaciones a los derechos humanos que sufrieron personas de origen español en la Argentina, Sitios de Memoria y ex Centros Clandestinos de Tortura y Exterminio, Ley de Residencia, Masacre de Trelew, Golpe de estado de 1955, Bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de Junio de 1955, Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) el Cordobazo, Plan Cóndor, Doctrina de Seguridad Nacional, entre otras.
Prevalece una gran cantidad de registros fotográficos de actividades institucionales y de promoción de los derechos humanos, entre la cuales se encuentran las fotografías tomadas durante las actividades de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) responsable de investigar la masacre ocurrida el 11 de septiembre de 2008 en la localidad boliviana de Pando. Se suman a estos registros fotografías de los edificios que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención y del trabajo desarrollado por los trabajadores del ANM en la recuperación, tratamiento archivístico y conservación documental.
También hay registros audiovisuales de actividades institucionales en relación a los derechos humanos, actos y recorridos en el ex CCD ESMA y colocación de los carteles en los edificios de las distintas dependencias del Estado y de los organismos de derechos humanos; actividades de la recuperación y puesta en valor de los edificios que integran el predio del ex CCD ESMA; señalizaciones impulsadas por la Red Federal de Sitios de Memoria en lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; actividades, actos y movilizaciones en el marco de los juicios de lesa humanidad que se siguen a los represores de la última dictadura militar y videos institucionales sobre la defensa y promoción de los derechos humanos y que se proponen visibilizar el operar del terror de Estado así como sus prácticas, mecanismos y efectos y las experiencias y legados de las organizaciones políticas y sociales y las militancias. Además, una gran cantidad de entrevistas a personas representativas de la vida política, social y cultural de la Argentina conforman el Archivo Oral.
También puede encontrarse dentro de este fondo tanto las comunicaciones, acuerdos, listados y documentos de trabajo vinculados con la "Mesa de Archivos", coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Esta Comisión Técnica Mixta, compuesta por distintas instituciones de archivos públicos, representantes del Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos, se creó en el marco de los acuerdos bilaterales específicos realizados entre Argentina con Brasil, Uruguay y Chile en el ámbito de la Reunión de Altas Autoridades en materia de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR (RAADDHH). El objetivo de estos acuerdos bilaterales (también conocidos como Memorandos de Entendimiento - MOU) es el intercambio de documentación para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos entre los diferentes países. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha sido parte activa desde el principio en estos acuerdos, derivando la participación en las reuniones en el Archivo Nacional de la Memoria. Es atribución del ANM también la reunión y preservación de las copias de toda la información circulante en el marco de estos Memorandos: tanto aquella entregada por las instituciones nacionales (Cancillería, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público Fiscal, Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, entre otras) como aquella provista a la Argentina por instancias de carácter internacional, siguiendo los criterios de confidencialidad que emanan de los acuerdos.
En cumplimiento de sus actividades fundamentales, vinculadas a "obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones", el ANM crea colecciones en relación a sus intereses con documentos provenientes de diversos fondos de otras instituciones. Cada uno de estos agrupamientos, aunque vinculados estrechamente a las misiones del ANM, se describe de manera independiente.

La colección reúne diferentes tipos de documentos tales como cartas, notas y presentaciones que dan cuenta de la búsqueda de Liliana Marcela Pellegrino por parte de sus padres quien fuera secuestrada junto a su pareja Carlos Gregorio Lordkipanidse así como de las gestiones realizadas luego de su liberación y posterior exilio a Suecia. Liliana Marcela Pellegrino es sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Escuela de Mecánica de la Armada.