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Colección Daniel Antokoletz

  • AR-ANM-DA
  • Colección
  • 1950-2013

La colección reúne documentos sobre Daniel Víctor Antokoletz, nacido en la ciudad de Córdoba el 22 de febrero de 1937. Daniel comenzó sus estudios universitarios en el año 1960, en la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” (UCA) y más tarde, en el año 1965, cursó su doctorado en Ciencias Jurídicas. En dicha universidad fue docente auxiliar de la cátedra de Derecho Internacional Publico y también fue profesor adjunto en la cátedra de Derecho Internacional Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas y en la Facultad de Ciencias Políticas y Diplomáticas de la Universidad de Estudios Sociales de Buenos Aires en el año 1966.
En marzo de 1973 fue nombrado Asesor del Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI) del presidente Héctor J. Cámpora, Juan Carlos Puig, dejando su cargo en Relaciones Exteriores cuando Cámpora renunció a la presidencia el 12 de julio de 1973.
En 1974 comenzó a ejercer como abogado en forma privada, convirtiéndose en un activo defensor de presos políticos (actividad que ejercía ya desde 1972) y exiliados de diversas dictaduras latinoamericanas, especializándose en el tema del derecho al asilo político y la situación de los presos/as en las cárceles argentinas.
Trabajó como abogado defensor para lograr la liberación de presos políticos de nacionalidad argentina, entre ellos Pedro Damián Tsakoumagkos, prisionero del régimen del dictador Augusto Pinochet Ugarte. Participó asimismo en la defensa del Senador del Frente Amplio (FA) del Uruguay Enrique Erro, acusado de conexiones con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN)- Tupamaros.
En 1975 Antokoletz se afilió al Partido Peronista Autentico (PPA). En 1976 marzo comenzó a militar en la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Junta Militar surgida del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En noviembre de ese año, seis hombres vestidos de civil y armados irrumpieron su departamento del barrio de Palermo, de la Ciudad de Buenos Aires, donde Antokoletz vivía con su pareja, la abogada Liliana María Andrés, secuestrando a ambos. Tras el operativo ilegal de detención, fueron trasladados al centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Allí Antokoletz fue sometido a feroz tortura mientras que su esposa Liliana, quien pudo conversar brevemente con él en la mañana del 13 de noviembre de 1976, fue interrogada reiteradamente, sometida a un simulacro de fusilamiento y liberada el 17 de noviembre de 1976. Desde ese momento Daniel Antokoletz permanece desaparecido habiendo sido su caso descripto en el Informe de la visita realizada a Argentina por una Misión de Amnistía Internacional en noviembre de 1976 y en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en septiembre de 1979.
La colección está constituida por documentos pertenecientes a la vida profesional y laboral de Daniel Antokoletz, tales como curriculums vitae, certificados de estudios, producciones escritas, cartas, informes y por documentos relacionados a la actividad académica que desarrollaba tales como proyectos de planificación, artículos de publicaciones periódicas y publicaciones.
Esta colección reúne también documentos relativos al cargo que ocupó en el Ministerio de Relaciones exteriores y culto como por ejemplo, expedientes, declaraciones, proyectos de ley, convenios, memorándums, informes y documentos judiciales referidos al desarrollo de actividades como abogado, tales como denuncias, cédulas de notificación y notas.
También se encuentran producciones escritas realizadas por Daniel Antokoletz referidas a temas tales como relaciones internacionales, inversiones extranjeras y nacionalización, el poder, legislación norteamericana sobre inversiones extranjeras, derecho internacional público, pluralismo político, Corte Internacional de Justicia, entre otros.
En la colección también se encuentran documentos relativos a la detención-desaparición de Daniel Víctor Antokoletz en noviembre de 1976. Entre ellos se destacan testimonios, artículos periodísticos, notas, denuncias, cédulas de notificación, cartas, actas, pedidos de habeas corpus, notas a jueces federales y artículos periodísticos donde está publicado el pedido de habeas corpus en favor de Daniel Antokoletz.

Antokoletz, María Adela

Subfondo CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín a través del decreto Nº 187 del 15 de diciembre de 1983. Contra la propuesta esbozada por la mayoría de los organismos de derechos humanos, que reclamaban la creación de una Comisión bicameral para la investigación de los crímenes de la última dictadura (1976-1983), el titular del Poder Ejecutivo optó por una Comisión de “notables” compuesta por personalidades destacadas de la vida política, cultural y religiosa argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato. Sus otros integrantes fueron Magadalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro –quien renunció poco después–, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
El objetivo de la CONADEP, que inicialmente funcionaría por seis meses, era recibir denuncias y pruebas sobre los secuestros y desapariciones perpetrados durante la dictadura para remitirlas a la Justicia, investigar cuál había sido el destino de los desaparecidos y desaparecidas y determinar el paradero de los niños y niñas apropiados en el marco del terrorismo de Estado. Además, debía denunciar cualquier intento de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad por destruir evidencia de los crímenes de la represión. Todos los datos recabados durante las labores investigativas serían recopilados en un informe final que se pondría en manos del presidente de la Nación. La entrega se efectivizó el 20 de septiembre de 1984, luego de extenderse por tres meses el plazo establecido originalmente para el funcionamiento de la CONADEP, en un acto que tuvo lugar en la casa de gobierno. Dos meses después, el informe fue publicado bajo el título Nunca más por la editorial universitaria EUDEBA, convirtiéndose en un éxito de ventas.
Las tareas de la Comisión se desarrollaron en un clima cargado de tensión por la reticencia de los integrantes de la Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a que se llevara adelante una revisión de su actividad represiva durante los años de dictadura. A pesar de ello, y de las dificultades que planteaba la recopilación de información en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, la CONADEP logró registrar 8.960 casos de desaparición forzada y comprobar, a través de inspecciones oculares con sobrevivientes, la existencia de unos 340 centros clandestinos de detención, la mayoría ubicados en dependencias policiales y militares todavía en funcionamiento.
La información recopilada por la Comisión dejó en evidencia que, lejos de constituir “excesos” aislados, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los asesinatos habían formado parte de un plan sistemático organizado desde las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas. Esta constatación fue clave para lograr la condena de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares en el denominado Juicio a las Juntas, realizado entre abril y diciembre de 1985. La importante circulación pública del Nunca más, por otra parte, fue central para la conformación de una primera memoria pública sobre los crímenes de la dictadura argentina.
El subfondo CONADEP, perteneciente al Fondo Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dado el traspaso de funciones a este organismo el cual continuó gestionando, interviniendo y modificando los documentos, se compone de distinto tipo de documentación que refleja la actividad realizada por la Comisión en el marco de sus labores investigativas. Incluye, en primer lugar, los legajos constituidos a partir de formularios que recogían las denuncias de familiares, sobrevivientes o testigos ocasionales de acciones represivas. Estos formularios incorporaban información diversa como ser el nombre y apellido de la víctima, su fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión o trabajo, lugar de estudio o trabajo, domicilio, estado civil, número de hijos y edad; fecha, hora y lugar del secuestro, descripción del hecho, mención a testigos si los hubiese y de los posibles responsables; las gestiones realizadas por los familiares y allegados de las víctimas, las respuestas obtenidas ante esos requerimientos y los datos del denunciante. Este subfondo reúne además, más de dos mil fotografías tomadas por el fotógrafo Enrique Shore durante las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención (CCD) así como las actas elaboradas a partir de esas inspecciones junto a un vasto relevamiento documental hecho por la Comisión sobre los CCD. Por otra parte, el fondo contiene también las actas de las reuniones que realizó la CONADEP en el transcurso de su investigación así como las del Comité Ejecutivo, instituido el 29 de diciembre de 1983 dada la necesidad de funcionar ejecutivamente con un grupo más reducido de sus miembros. La correspondencia nacional e internacional de la Comisión también forma parte de este subfondo dando cuenta de los intercambios con organismos estatales y de la sociedad civil tanto de Argentina como de otros países.
Asimismo, se encuentran las elevaciones de denuncias a la Justicia, unos 25.000 habeas corpus que fueron elevados al Poder Judicial para determinar el paradero de personas desaparecidas entre 1975 y 1983, las respuestas de hospitales de salud mental y cementerios con listados de pacientes de hospitales y de entierros sucedidos en los cementerios entre 1976 y 1983. Hay además numerosos relevameintos documentales de dos organismos internacionales que elaboró diferentes listados e investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reopiló y transfirió la documentación vinculada a estos hechos y, en el caso de la CIDH, aquellos informes de las observaciones in-loco que realizara en 1979, en plena dictadura, y que permitieran dar apoyo internacional a las denuncias que venían realizando los organismos de derechos humanos en el país.
Desde su creación y hasta el presente, el fondo de la CONADEP desarrolla un rol central en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ya sea como evidencia en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, como fuente de consulta para los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como insumo para producciones de distinta índole orientadas a la transmisión de la memoria de los crímenes dictatoriales y para la investigación científica sobre el pasado reciente argentino.

Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP)