La colección se compone de una tarjeta identificatoria del Sr. Rodrigo Serra Oyenard y trece carpetas cuyo contenido se detalla a continuación:

• Viáticos: Dec. 998/77 Normas para el otorgamiento de las compensaciones en concepto de viáticos y movilidad para el Personal de la Administración Pública de la provincia y para las personas que se rigen por contratos de locación de obras; Dec. 1178/78 Amplíase el inc. A del art. 1º, apart. 2º del Dec 998/77; Dec. 171/78 Modifícase el art. 1º, inc. III del Dec. 998/77; Resolución 1109/76 Actualización de Valores (reemplaza res. 363/76); Resolución 363/76 Actualización de Valores (reemplaza res. 146/76); Resolución 146/76 Actualización de Valores (reemplaza res. 716/75); Decreto 3489/74 Actualización de Valores (reemplaza Dec. 437/73).
• Administración Pública. Racionalización: Decreto 1088 (BO 26/6/79) (TO Ley 8596); Ley 9512 (BO 28/3/80); Ley 9555 (BO 27/6/80); Ley 8692 (BO 11/1/77); Ley 8875 (BO 26/9/77); Ley 8961 (BO 2/1/78); Dec. 1980/78 (BO 7/11/78).
• Prórroga presupuesto 1979. Limitaciones.
• Emergencia Agropecuaria. Impuestos: Ordenanza Gral. Nº 204 Declarando el estado de emergencia agropecuaria, prorrogando pagos y suspender las ejecuciones fiscales (BO 12/7/77); Ordenanza Gral. Nº 272 Compleméntase los términos de la Ordenanza Gral. Nº 204 de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza (BO 6/5/80).
• Directivas Contrataciones.
• Presupuesto Ejercicio 1980: Dec. 1/80 Considérase prorrogado para el ejercicio 1980, el Presupuesto 1979; Dec. 47/80 Excepciones; Dec. 99/80 Alcances del art. 7º del Dec. 1/80 a los actos licitatorios; Dec. 100/80 Excepciones.
• Decreto Nº 2452/78 y excepciones. Presupuesto.
• Ley de Emergencia Nº 9528: Emergencia Agropecuaria. Anteproyecto de Ley; Ley 9528; Ordenanza Gral Nº 272; Dec. 603; Resolución 279; Dec. 605; Ordenanza Gral. Nº 275; Dec. 629; Dec. 710.
• Obras Públicas. Licitaciones Internacionales. Exención impositiva. Ley 20852 Beneficios que se le confieren a la industria nacional que intervenga en licitaciones internacionales para la ejecución de obras con financiamiento del BID; Dec. 2099/76 Licitaciones internacionales. Normas reglamentarias de la Ley 20852; Ley 21522 Empresas que intervengan en licitaciones internacionales; Ley 9211 Adhesión a la ley nacional 20852 y modificatoria 21522.
• Estatuto del Magisterio y Reglamentación. Dec. Ley 19885/57 Estatuto del Magisterio; Dec. 465/78; Ley 9166; Ley 9097; Ley 9188; Dec. 162/58; Dec. 51/78; Dec. 52/78; Ley 9253; Decreto 1050.
• Instrucciones Junta Militar: Instrucción 1/76 a los Sres. Gobernadores de las Pcias. Para el ejercicio de sus facultades legislativas.
• Administración pública de la provincia. Reglamento de licencias, horarios y asistencia. Decreto Nº 3166/59.
• Personal docente de las escuelas No Oficiales. Dec. 11840/63; Ley 8135; Ley 8727; Dec. 982/77; Ley 8817; Dec. 2440/77; Dec. 3024/77.
• Docentes Licencias. Decreto 141/77. Dec. 374/77; Dec. 1554/77; Dec. 2830/77; Dec. 3083/77; Dec. 53/78.
• Ley de Servicio Militar. Ley 17531.

El fondo reúne diferentes tipos de documentos producidos por la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA) en cumplimiento de sus funciones. La CONAREPA fue creada durante la última dictadura cívico-militar a través del Decreto Nº 3.245/77 del 21 de octubre de 1977. Su misión sería la de “investigar con las más amplias facultades la composición del patrimonio de las personas físicas o jurídicas afectadas por la Ley Nº 21.670, reglamentaria a su vez de las Actas del 18 de junio de 1976 y del 3 de Febrero de 1977". Esta normativa establecía que las personas propietarias de empresas que fueran identificadas como opositoras a la Junta Militar no podrían disponer de ellas o administrarlas hasta tanto no acreditasen su adquisición mediante un procedimiento burocrático de presentación de la documentación probatoria de su titularidad. En caso de no hacerlo en el plazo estipulado, la CONAREPA podía “dictar resolución ordenando la transferencia de los bienes interdictos al patrimonio del Estado Nacional”, acción que se aplicó sobre el patrimonio de diversos ex funcionarios y empresarios vinculados al tercer gobierno peronista (1973-1976). El fondo que registra la actividad de la Comisión posee entre otra documentación las actas en las que se da cuenta de las causas seguidas contra personas físicas y jurídicas. La CONAREPA fue disuelta por medio del Decreto 1539/83, sancionado el 23 de junio de 1983. Sus funciones fueron entonces transferidas al Ministerio de Economía, que tuvo a cargo las tareas de guarda, depósito, conservación, fiscalización y administración de los bienes, incluyendo la posibilidad de disponer la venta de los activos de las empresas intervenidas -previa autorización del Ejecutivo- cuando estas se encontraran en cesación de pagos o próximas a estarlo.
Los tipos documentales que se encuentran en el fondo son expedientes, libros de actas, decretos, fichas, correspondencia, hipotecas, copias de escrituras, entre otros, todos correspondientes a las funciones desarrolladas por la Comisión.

En el estado preliminar de tratamiento archivístico en el que se encuentra el fondo, se puede inferir que este comprende documentos de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior, particularmente de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Seguridad Interior. La mayoría de estos documentos se vinculan con el seguimiento y tratamiento de los medios de comunicación y publicaciones realizados por ese Ministerio durante la dictadura, pero no exclusivamente.
El Ministerio del Interior, a cargo del General de Brigada Albano Harguindeguy, concentró durante la dictadura el poder de policía, es decir, la capacidad de sanción acerca de todo lo que era caracterizado como una amenaza a la Seguridad Nacional. La Subsecretaría del Interior, a cargo del Coronel José Ruiz Palacios, recibía información proveniente de: a) la Secretaría de Información Pública (SIP) tales como informes de situación psicosocial y comportamiento de medios; b) la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sondeos, encuestas y partes informativos sobre noticias relativas al gobierno; c) y de los distintos organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana, Correos, Policía Federal, entre otros. Por este motivo, pueden encontrarse dentro del fondo notas e informes de otras dependencias del Estado nacional y provinciales.
Para la dictadura cívico-militar, el análisis de los medios de comunicación social (MCS) incluía tanto a) las publicaciones: editoriales, diarios, revistas, libros, corresponsales extranjeros, agencias de noticias, imprentas, sistemas de distribución y comercialización, vía pública –afiches, fotografías, y productoras de discos–; como b) los espectáculos: teatros y café concert, conferencias, exposiciones, congresos, entre otros. Y dentro del Ministerio del Interior quien tenía a su cargo el control sobre estos medios era la Dirección General de Publicaciones.
Por este motivo, pueden encontrarse expedientes de la Dirección General de Publicaciones a través de los cuales se tramitaban prohibiciones a publicaciones (artículos, libros, diarios, revistas) que contiene notas remitidas por diferentes organismos del estado nacional y provinciales (como la SIP, el Batallón 601 de Inteligencia, SIDE, Fuerzas Armadas, policías y gobiernos provinciales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidad de Buenos Aires) así como de particulares denunciando la publicación. Dicha Dirección elaboraba un informe con recomendaciones de acción (sanciones, multas, prohibiciones, entre otros) que era elevado a la Subsecretaría del Interior, a la SIP, al Poder Ejecutivo y al área que lo denunció. Si finalmente se prohibía la publicación, ésta se dictada mediante decreto del PEN, por lo que en muchos casos también se encuentran los proyectos de decretos. La encargada del cumplimiento de la medida era la Policía Federal, que debía informar de lo actuado a la Dirección General de Seguridad Interior, por lo que también se pueden encontrar estas notificaciones dentro del fondo. Al respecto, se mencionan algunos ejemplos:

• Informes, planes y notas remitidas por la Secretaría de Información Pública de Presidencia, a cargo del Capitán de Navío Carlos Pablo Carpintero.
• Informes de situación psicosocial (que abarca entre dos y tres semanas del 29 de abril al 12 de diciembre de 1981) y el Plan Nacional de Comunicación para el año 1978.
• Sondeos de Opinión Pública elaborados por la SIDE (Dirección de Comunicación Social), así como informes sobre actuación de los medios de comunicación.
• Informes del accionar de los medios de comunicación elaborados por la Jefatura II del Ejército Argentino del 27 de mayo al 26 de julio de 1981.
• Nota Nº 40 remitida al Ministro del Interior por la Secretaría de Información Pública de Presidencia de la Nación, de fecha 6 de julio de 1977, con informa el análisis realizado por el Comité de Estudios en el ámbito de esa secretaría, integrado por representantes del Ministerio de Planeamiento, Interior y SIDE para analizar el seguimiento y tratamiento de los Medios de Comunicación.
• Informe Especial 10 de octubre de 1977 titulado La subversión en los medios culturales elaborado por la Jefatura III de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, con anotaciones a mano sin identificar productor que contiene como anexo decretos, organigramas y órdenes vinculados a tratamiento de medios en relación a la ""subversión"".
• Memorándum sin fecha del Ministro del Interior Harguindeguy al Presidente de la Nación donde solicita aprobación de las Bases para la Acción Gubernamental en materia de medios de comunicación escritos, sonoros y espectáculos públicos.
• Asimismo, también se pueden encontrar notas tramitadas a través de la Dirección General de Provincias, quien era la encargada de la comunicación con las gobernaciones provinciales, vinculadas al control y censura de los medios de comunicación. Como por ejemplo, la normativa provincial relacionada con "moralidad y buenas costumbres" de varias provincias, en función de una solicitud realizada por esa Dirección General.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Interior, a cargo del Coronel (R) Carlos Alberto Tepedino, tenía como misión dirigir las actividades inmanentes al poder de policía y seguridad interior que le competen al Ministerio del Interior, entendiendo los aspectos funcionales y jurisdiccionales de la Policía Federal, Policía Territorial y Policías Provinciales. Por ello pueden encontrarse las comunicaciones con las diferentes policías y gobernaciones provinciales donde intercambian información referida a antecedentes de personas y/o organizaciones, allanamientos, accionar policial, movilizaciones, conflictos gremiales, entre otros.

En el fondo también pueden encontrarse organigramas, decretos, resoluciones y leyes vinculados a las funciones del Ministerio del Interior.