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El Comitê de Defesa dos Direitos Humanos para os Países do Cone Sul (CLAMOR), tuvo su nacimiento informal un domingo a fines de 1977 en una casa de la Rua Turiassú, en el barrio paulista de Perdizes. Allí , en un encuentro secreto, se reunieron cuatro personas: la periodista de nacionalidad británica Jan Rocha; el abogado defensor de presos políticos y militante de derechos humanos brasileño Luiz Greenhalgh y los organizadores de la reunión, un matrimonio de refugiados políticos argentinos que habían sido víctimas y testigos de torturas y asesinatos cometidos por la dictadura militar argentina 1976-1983. El matrimonio, que ya había tenido contactos previos con Rocha y Greenhalgh, volvió a relatar sus experiencias y planteo la idea de formar un Comité de Solidaridad con los refugiados políticos latinoamericanos en Brasil. Nació así el CLAMOR, cuyo tercer miembro fundador seria, a iniciativa de Rocha y Greenhalgh, el Pastor presbiteriano brasileño Jaime Wright. Todos estaban preocupados por el aumento de los asesinatos, desapariciones y torturas que se experimentaba en todos los países del Cono Sur y conocían de primera mano los efectos de las represiones dictatoriales en la región: Rocha por su trabajo como corresponsal del The Guardian y la BBC y sus relaciones con Amnesty International; Greenhalgh por ser referente principal de los familiares de presos políticos y desaparecidos del Brasil y Wright por haber defendido los derechos humanos desde el golpe militar ocurrido en Brasil en 1964 y por tener el mismo un hermano secuestrado, desaparecido, torturado y asesinado en 1973 septiembre: Paulo Stuart Wright, dirigente del grupo político Ação Popular. Con motivo de esa desaparición seguida de asesinato fue que Wright estableció una relación personal y amistosa con el por entonces Arzobispo y Cardenal de la Diócesis de Sao Paulo, Paulo Evaristo Arns. Luego de aquella primera reunión se sucedieron otras que tenían lugar en el Instituto Sedes Sapientiae o en las casas de los miembros fundadores. Fue en esas reuniones que se decidió que el Comité, para su mejor protección y seguridad, debía establecer una articulación con la Iglesia Católica si lo que se quería era ayudar y proteger a los refugiados y perseguidos políticos que en gran número llegaban a Sao Paulo. Arns, de ya larga trayectoria en temáticas sociales y defensa de los Derechos Humanos, cercano ideológicamente a las posiciones de los Sacerdotes del Tercer Mundo y la Teología de la Liberación además de ser un problema constante para la dictadura brasilera, fue la persona elegida para coordinar dicha articulación. La etimología del nombre elegido para el Comité leído por sus siglas, CLAMOR, indicaba que la elección se había producido porque la palabra tenía el mismo significado en español, portugués e inglés demás de contener la palabra amor y las letras L y A, que representaban a América Latina. El lema fue sacado del salmo bíblico 88.2, “Inclina tus oídos a mi clamor”, y el símbolo era una tarjeta postal de un preso político brasileño, Manuel Cirilo de Oliveira Neto, recibida por Greenhalgh para navidades de 1977. El slogan utilizado fue “La solidaridad no tiene fronteras”. La articulación, pensada junto al Arzobispo Cardenal, se dio con la incorporación de CLAMOR como un anexo de la Comissão Arquidiocesana de Pastoral dos Direitos Humanos e Marginalizados creada en 1976. Junto a la Comisión, en la arquidiócesis trabajaba también la Comissão Justiça e Paz (CJP-SP). El Comité se sumó entonces a la amplia red de solidaridad y denuncia ligada al tema de la defensa de los Derechos Humanos que había montado Arns y que fue ampliada notablemente por los contactos de Rocha y Wright, buscando también la ayuda financiera de organismos internacionales. Las principales fuentes de financiación de CLAMOR, aparte del Consejo Mundial de Iglesias a través de Charles Harper, fueron Algemeen Diakonaal Bureau (Holanda) Acción Ecuménica Sueca (Suecia), United Church of Canadá (Canadá) Knox United Presbyterian Church (Estados Unidos) y Amnesty Internacional (Reino Unido). Comenzó a actuar a principios de 1978. Las primeras tareas a las que se avocaron-trabajando provisoriamente desde oficinas de la curia paulista ubicadas en Avenida Higienopolis 890, Sala 19-tuvieron que ver con la ayuda a los refugiados políticos que llegaban a San Pablo sin ser reconocidos como tales por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por otro lado, con la divulgación, después de comprobada su veracidad, de denuncias relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos ocurridas u ocurriendo en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay pero también en otros países de América Latina, como Nicaragua o Perú. La ayuda concreta que se daba a los refugiados que llegaban a San Pablo se manifestaba de manera práctica en el intento de solucionar los principales problemas que aquejaban a los mismos: salud, vivienda, trabajo, ocupación y documentación, dada su condición de “clandestinos dentro de la clandestinidad”. La principal herramienta de análisis, divulgación y denuncia era un boletín en edición trilingüe-portugués, español, inglés- llamado Boletim CLAMOR que editado por Jan Rocha y distribuido a nivel nacional e internacional tanto en América Latina como en Europa y Estados Unidos, del cual se publicaron, de manera irregular, 17 números a lo largo de 12 años. El primer número del boletín fue publicado en 1978 junio y se enviaba –sin firmas-por correo postal a organismos y entidades de defensa de los Derechos Humanos en varios países, agencias de ayuda internacionales, ONGs, arquidiócesis de la Iglesia Católica, universidades, agencias de noticias, periodistas y personalidades influyentes. En total, tenía una tirada de aproximadamente 2000 ejemplares-1000 en portugués, 600 en español y 400 en inglés- y llegaba a 22 Estados brasileros,23 países americanos y 25 países en otros continentes. Los principales temas tratados en esos boletines, además de noticias y análisis sobre la situación en Brasil, fueron una edición especial para cada uno de los países del Cono Sur enfocado en la represión y la violación a los Derechos Humanos; la situación de las cárceles y el trato dado a los presos, especialmente políticos; la opresión y represión sufrida por los sindicatos y los sindicalistas en el Cono Sur; la legislación en cuanto a temática de refugiados y refugio político y un número especial sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia luego del golpe militar de 1980. Se realizaban también conferencias de prensa para denunciar situaciones particulares, se organizaban seminarios internacionales con foco en el Cono Sur de América Latina, se dictaban cursos, se organizaban campañas de búsqueda y denuncia en conjunción con otros organismos de Derechos Humanos, se elaboraban informes sobre violaciones a los Derechos Humanos y contrarias a las Doctrinas de Seguridad Nacional que aplicaba cada Estado así como se imprimían folletos, cartillas, suplementos, posters, afiches y volantes de divulgación general. Si bien CLAMOR mantenía su carácter ecuménico, la relación con Arns y su arquidiocesis y la presencia de Wright hizo que las principales relaciones y apoyaturas del grupo provinieran de sectores de las iglesias Católica, Protestante, Ortodoxa y Anglicana. Entre los principales actores que conformaron la red nacional e internacional de apoyatura a CLAMOR se hallaban la Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), la Coordenadoria Ecumênica de Serviços (CESE) y el Consejo Mundial de Iglesias (CMI). La actuación de inter-relación con las redes transnacionales de distintas organizaciones de Derechos Humanos a la que se integró y con las que comenzó a tener contactos se basó en el intercambio de información para componer, formular, fundamentar, realizar y difundir denuncias, como por ejemplo las relacionadas con los casos de desaparición forzosa de personas; la ayuda a y entre refugiados políticos de distintos países del Cono Sur; el intento de localización de victimas y/o familiares y la resolución colectiva de problemas comunes a dichos países. Entre las organizaciones con las que interactuó y colaboró se pueden citar: Human Rights Internet (HRI), Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH),Vicaria de la Solidaridad (Chile), Servicio Paz y Justicia (Uruguay), Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Asociación Centroamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ACAFADE), Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), Comisión Andina de Juristas (CAJ), SOS Torture, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional (AI), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) Argentina, Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas(FASIC) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Algunos de los métodos utilizados para los fines propuestos fueron la información y contrainformación como forma de resistencia no violenta, la acción humanitaria y una estrategia de acción opuesta a aquella de los Estados represivos y dictatoriales en lo que definían como una “Operación Contra-Cóndor de solidaridad sin fronteras”. Uno de los logros principales de CLAMOR fue la elaboración de un listado de personas detenidas-desaparecidas en Argentina, un trabajo que llevo dos años de investigación, que intentó personalizar todo lo posible a cada víctima más allá de las realidades numéricas y en el que colaboraron muchos refugiados y perseguidos políticos. En 1980 se ideó una “ficha-padrón” para la recolección de información sobre torturas y desapariciones estructurada de manera trilingüe y que contenía nombres, edades, profesión, estado civil, lugar y fecha de detención y datos de las familias. El resultado del trabajo fue la publicación en español e inglés del ya mencionado libro Desaparecidos en Argentina, que reunía los datos de 7791 personas detenidas-desaparecidos en Argentina. A partir de esto, CLAMOR se especializo en el caso de las y los niños desaparecidos y/o nacidos en cautiverio que incluyó un trabajo conjunto con las Abuelas de Plaza de Mayo de una campaña por los niños y niñas desaparecidos o nacidos en cautiverio en Argentina y también con la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) creada por el presidente argentino Raúl Alfonsín en 1983 diciembre. Un caso emblemático en el que participo el Comité fue el de los niños uruguayos Anatole y Victoria Eva Lucia, secuestrados con sus padres-Roger Julien de Caceres y Victoria Grisona, luego asesinados-en Argentina y abandonados en la ciudad chilena de Valparaíso. En las oficinas paulistas trabajaban de manera voluntaria unas 10 personas, haciéndolo solo una de ellas-una secretaria- a tiempo completo. La metodología de trabajo era la de una reunión semanal donde se definía la agenda, se tomaban las decisiones y se encaraban los distintos trabajos. Ante el crecimiento, importancia e influencia que fue tomando su trabajo, desde 1983 se amplió el número de miembros a una docena y se elaboró un reglamento interno. Este reglamento creó una Comisión Coordinadora-formada por Rocha, Wright y Roberto Grandmaison- que debía supervisar los trabajos y el espacio físico de trabajo en la oficina, administrar la tesorería y preparar las agendas de reuniones, convocar a las mismas, recibir y responder correspondencia y mantener informados a los miembros y al Obispo Cardenal Arns sobre las novedades y el resultado de las reuniones plenarias-quincenales- y de la Comisión Coordinadora-semanales-. Por su parte, las funciones del Comité pasaron a ser las de administración, elaboración y distribución de publicaciones, intercambio de informaciones y publicaciones, participación en la promoción de eventos y planeamiento y actuación. Entre los principales miembros y activistas de CLAMOR se pueden citar a la religiosa (y abogada) norteamericana Hermana Michael Mary Nolan; al religioso canadiense Roberto Grandmaison; al abogado brasileño Fermino Fecchio; a la química y profesora brasileña Thereza Brandão ; a la psicóloga María Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes; a Maria Aparecida Antunes Horta, esposa de Greenhalgh y a Inge Schilling, Lilia Azevedo y João Xerri. También jugaron un rol importante Alma Wright, esposa de Jaime Wright y el abogado Plauto Tuyuty Rocha, esposo de Jan Rocha y, por supuesto, las docenas de voluntarios y voluntarias anónimas que dieron su trabajo y apoyo. Según la historiadora Ana Celia Navarro de Andrade, especialista en CLAMOR, el Reverendo Wright escribió en una pequeña historia de CLAMOR en 1982 que la notoriedad y suceso de la organización se debió a tres factores: a) actos concretos, sin teorizaciones ideológicas ni partidarias; b) orientación ecuménica, sin preocupaciones sectarias y c) un mínimo de estructura institucional, a fin de que el equipo permaneciese ágil, flexible y despreocupado de problemas administrativos. Si bien el Comité se había fijado estatutariamente dejar de funcionar como organismo cuando finalizaran las dictaduras en el Cono Sur, actuó oficialmente hasta 1991 diciembre 10.

La Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) se gestó durante los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque su aparición formal se produjo cuando ya había comenzado la dictadura. El proyecto tuvo origen en un grupo de profesionales del Derecho vinculados a la Asociación Gremial de Abogados (AGA) con larga trayectoria en la defensa de presos políticos durante los regímenes militares previos, quienes iniciaron tratativas con representantes de distintas organizaciones de un amplio espectro ideológico para crear un organismo que denunciara las violaciones a los derechos humanos en la Argentina de la época.
La CADHU se fundó en abril de 1976 a partir de la confluencia de distintos grupos. El más numeroso lo componían las y los militantes del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), organización a la que pertenecían, entre otros, los hermanos Eduardo Luis, Marcelo y Carlos María Duhalde, Haroldo Logiurato, Carlos González Gartland, Liliana Galetti, Ignacio Ikonikoff, María Bedoian, Alicia Contrisciani, Virginia Allende, Blanca Altmann, Marta Taboada. Otro componente de la CADHU en sus inicios fueron los abogados Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca, procedentes de Córdoba, donde se desempeñaban como representantes legales de sindicatos y defensores de presos políticos, a quienes se sumaron otros profesionales del derecho con diversas adscripciones políticas como Roberto Sinigaglia, Mario Hernández, Daniel Antokoletz, Vicente Zito Lema, Mario Amaya, Gustavo Varela y Guillermo Díaz Lestrem. Una tercera vertiente que participó del proceso formativo del organismo la conformaban los militantes de la organizaciones político-miltares Montoneros y Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). De este contingente formaban parte, entre otros, Rodolfo Mattarollo, Manuel Gaggero, Martín Federico, Roberto Guevara, Lidia Massaferro, Pablo Ramos, Nelly Ortiz y Juan Carlos Caprioli.
La denuncia y la solidaridad se constituyeron tempranamente como las dos vías de acción principales de la CADHU. Los acuerdos logrados entre el sector vinculado al PROA y los representantes de la organizaciones político-militares fueron fundamentales para llevar adelante la primera de esas iniciativas, que se canalizó a través de Ignacio Ikonikoff, encargado de centralizar los datos aportados por los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP. De este modo, se constituyó un primer circuito de información que permitía conocer y denunciar con cierta celeridad los secuestros y asesinatos que se multiplicaban diariamente en el país durante los primeros meses de dictadura, y de los que los militantes relacionados con las organizaciones político-militares formaban un porcentaje considerable. La herramienta utilizada por la CADHU para difundir estas denuncias fue el Boletín del organismo, cuyo primer número vio la luz en octubre de 1976.
La denuncia en el extranjero fue desde el inicio una prioridad para la CADHU, cuyos integrantes –por su experiencia en la defensa de presos políticos– habían entablado vínculos tempranos con diversas entidades internacionales del campo jurídico ligadas a la defensa de los derechos humanos, tales como la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Asociación Internacional de Juristas Democráticos (AIJD), la Federación Internacional de los Derechos del Hombre (FIDH) o el Secretariado Internacional de Juristas Católicos (SIJC). A estas relaciones se sumaron los acercamientos también tempranos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, Pax Romana y el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz (Justicia y Paz) y el Consejo Mundial de Iglesias, entre otros organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos. Esta faceta de la actividad de la CADHU quedó reflejada en el Estatuto del organismo, aprobado en la Asamblea Constitutiva que se realizó en Buenos Aires el 16 de julio de 1976, el cual establecía una representación exterior para divulgar los crímenes de la Junta Militar en los principales foros de denuncia internacionales.
Esta proyección hacia el ámbito internacional de la CADHU no sólo respondía a consideraciones de estrategia sino, también, a las urgencias que planteaba el avance de la represión en la Argentina. La actividad pública como abogados de presos políticos de la mayoría de los integrantes del organismo los convertía en blancos particularmente expuestos a las acciones de los grupos de tareas de la dictadura. Esta situación quedó en evidencia el 11 de mayo de 1976 cuando, en la previa de una reunión en la que se discutiría la línea de acción del organismo, fueron secuestrados Mario Hernández y Roberto Sinigaglia. El evento marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la CADHU, que asumió como necesaria y urgente la salida de sus miembros más prominentes.
La información que se recogía en la Argentina sobre el avance de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos en la vía pública salía del país inicialmente a través del circuito organizado en torno a Ikonikoff. Durante el primer año de dictadura, él fue el encargado de enviar con cierta periodicidad cartas a los representantes de la CADHU en el exilio –particularmente a Eduardo Duhalde, instalado en Madrid desde septiembre de 1976– en las que recopilaba numerosos datos sobre el avance de la represión en la Argentina e informaba también sobre la cotidianidad del organismo como. Entre otras cosas, Ikonikoff daba cuenta en esos escritos de la aparición de los primero Boletines, cuyos primeros números se confeccionaron clandestinamente dentro del país.
En sintonía con el mapa del exilio argentino, la CADHU estableció representaciones en diversos países de Europa Occidental y América. La de Madrid, en gran medida debido a la extensa y reconocida trayectoria política de Duhalde, se convirtió pronto en la más prominente de las sedes del organismo. En la capital española se instalaron también Alipio “Tito” Paoletti y Carlos María y Marcelo Duhalde. Una actividad particularmente intensa asumió la delegación del organismo en México, encabezada por el abogado Carlos González Gartland, quien desarrolló su militancia en la CADHU en paralelo a su participación en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA). En París asumieron un lugar destacado Rodolfo Mattarollo y Manuel Gaggero. La CADHU tuvo, además, otras delegaciones en Europa Occidental, repartidas entre Bélgica, Suiza, Suecia y los Países Bajos. En esta última participó activamente Vicente Zito Lema. Una mención aparte merece la sede de Washington, cuya creación corrió por cuenta de Olga Talamante y Horacio “Gino” Lofredo. La primera, nacida en México y naturalizada estadounidense, se había radicado en la Argentina y militado en organizaciones de superficie de Montoneros, lo que le valió su detención y encarcelamiento durante el gobierno de María Estela Martínez. Las presiones diplomáticas del gobierno norteamericano condujeron a su liberación en 1976 marzo 26. A partir de entonces, se radicó en Estados Unidos. Lofredo, por su parte, había emigrado de la Argentina en 1963, y también se había nacionalizado norteamericano. En diciembre de 1976, impulsaron en conjunto la apertura de una sede de la CADHU en la ciudad de Washington. Esta representación del organismo asumió un funcionamiento relativamente autónomo, participando de las acciones de lobby tradicionales de la política estadounidense de la mano de otros organismos de solidaridad y denuncia locales, como la Washington Office on Latin America (WOLA) y el Council on Hemispheric Affairs (COHA).
Los integrantes de la CADHU lograron exponer tempranamente las violaciones a los derechos humanos en la Argentina ante la comunidad internacional. Un primer hito en este proceso fue la presentación que realizó Mattarollo ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 1976. Esta primera denuncia fue seguida por las declaraciones de Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca, exiliados en Francia y España respectivamente, ante el ante el Subcomité de Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos los días 28 y 29 de septiembre de 1976, instancia propiciada por el senador demócrata Donald Fraser que tenía como objeto evaluar la continuidad de la ayuda militar norteamericana a la dictadura. Sus testimonios de la represión en la Argentina resultaron fundamentales para que el gobierno de James Carter (1977-1981) decidiera en 1977 poner fin al programa de asistencia debido a las flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de la Junta Militar.
La actividad de la CADHU en la Argentina se interrumpió abruptamente en junio de 1977 a causa de la represión. A mediados del mes de junio fueron asesinados y desaparecidos la mayoría de los militantes del organismo vinculados al PROA que todavía permanecían en el país. Los operativos de los grupos de tareas, que se desarrollaron a lo largo de varios días, tuvieron lugar en las inmediaciones de una casa-quinta de la localidad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, donde el 11 y 12 de junio de 1977 tendría lugar un plenario partidario, y en varios puntos de la Capital Federal. La llamada “Masacre de Marcos Paz” y secuencia represiva que le siguió dejaron como saldo el secuestro o asesinato de las y los militantes del PROA Héctor Bellingeri, Pedro Insaurralde, Ignacio Ikonicoff, Carlos Arias, Gloria Vainstein, Haroldo Logiurato (junto a su hijo Fabián, menor de edad), Liliana Galletti y José Voloch, María Bedoian, Luis María Logiurato, Alicia Contrisciani, Virginia Allende, Gustavo Varela y Blanca Altman. Este hecho determinó que la Delegación Internacional de la CADHU se constituyera de hecho en su Consejo Directivo, situación que se formalizaría poco tiempo después.
Al tiempo que se intensificaba la represión sobre las y los integrantes de la CADHU en la Argentina, ganaba envergadura la actividad del organismo en el exilio. El 21 de febrero de 1977, Mattarollo realizaría una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que nuevamente expondría las atrocidades de la Junta Militar. En el transcurso del mes siguiente, la CADHU provocó un nuevo impacto en el terreno de la denuncia internacional con la publicación de Argentina: Proceso al Genocidio, el primer informe integral sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Editado en Madrid gracias a las gestiones del cineasta español Elías Querejeta, el libro fue redactado por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, pero su insumo fundamental fue la información que integrantes y colaboradores de la CADHU habían obtenido clandestinamente en la Argentina y, luego, sacado del país por distintas vías. El informe no sólo denunció los crímenes dictatoriales como parte de un genocidio, apelando así a una figura instalada en el derecho penal internacional, sino que además acuñó la noción de “terrorismo de Estado” para describir el esquema represivo montado por la Junta Militar. El impacto del libro fue tal que se publicaron ediciones del mismo en francés y alemán, a las que se sumaron traducciones parciales en otros idiomas, como el inglés y el italiano. La aparición del informe fue seguida, en los años siguientes, por la publicación de numerosos testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, los cuales permitieron conocer en detalle el funcionamiento del dispositivo represivo dictatorial y aportaron información clave sobre lo ocurrido con las cautivas embarazadas y con los desaparecidos en general.
La actividad de la CADHU en el exilio no se ciñó solamente a la publicación de boletines, testimonios e informes sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. El organismo también impulsó iniciativas de solidaridad e intervenciones en el espacio público. El auxilio a personas que buscaban huían de la persecución dictatorial fue una de las aristas del trabajo de solidaridad de la CADHU, aunque el mayor despliegue en este campo se desarrolló en la geografía del exilio, donde el organismo otorgó ayuda material y contención a las y los recién llegados. Esta labor adquirió mayor envergadura a partir de 1978, gracias a un programa de ayuda económica del gobierno de Suecia que permitió disponer de mayores fondos. Las intervenciones de la CADHU en el espacio público consistieron fundamentalmente en movilizaciones ante las embajadas argentinas en los países del exilio ante eventos puntuales o fechas de resonancia particular, como los aniversarios del golpe de Estado. En estas acciones, el organismo contaba con el apoyo de diversas personalidades de la cultura de relevancia nacional e internacional, tales como Julio Cortázar, David Tieffenberg, Humberto Constantini, Ricardo Carpani, Matilde Herrera, Julio Le Parc, David Viñas y Juan Carlos Cedrón, entre otros.
Como otros organismos que desarrollaron la lucha contra la dictadura desde fuera de la Argentina, la CADHU participó también activamente de los debates que atravesaron a la comunidad del exilio. Los intercambios se realizaron a través de distintos instrumentos creados por la sede madrileña del organismo a tales fines: publicaciones como Correo Argentino y Presencia Argentina, esta última directamente relacionada con el Centro Argentino de Madrid, oficiaron de portavoces de las y los miembros de la CADHU. El más importante de estos debates, que generó una verdadera fractura entre los exiliados, fue el que se generó en torno al Mundial de Fútbol a realizarse en la Argentina durante el año 1978. En este contexto, la CADHU respaldó la creación del Comité de Boicot al Mundial de 1978 (COBA), entidad que se propuso evitar la realización del evento deportivo por la feroz represión en el país. Otro debate central del exilio del que participó el organismo fue el que se generó a propósito de la Guerra de Malvinas (1982), en el que la CADHU rechazó de plano la posibilidad de un apoyo táctico a la aventura bélica de la Junta Militar.
El colapso de la dictadura y el consecuente retorno de la democracia, consumados definitivamente con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación el 10 de diciembre de 1983 diciembre 10, marcaron el fin de la experiencia de la CADHU. La existencia de un gobierno elegido de manera democrática, según los propios integrantes del organismo, abría una nueva etapa para la denuncia de los crímenes de la represión dictatorial. En adelante, esta debería llevarse adelante desde la Argentina y a través de los canales abiertos a tales fines. Consecuentes con esta idea, las y los miembros de la CADHU acordaron la disolución del organismo en el transcurso del año 1984.