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Washington Office on Latin America (WOLA)

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  • 1974-

La idea de formar la WOLA surge en Estados Unidos luego del golpe de Estado perpetrado en Chile contra el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Un grupo de activistas ecuménicos relacionados con diferentes confesiones religiosas y otros vinculados a corrientes de izquierda coincidieron en la necesidad de investigar y estudiar la política exterior norteamericana hacia América Latina y de tener un mayor acceso a los legisladores y legisladoras para poder influenciar esa política. Inicialmente, la WOLA funcionó como un “mecanismo de respuesta” de las diferentes Iglesias cristianas norteamericanas-nucleadas mayoritariamente en el ecuménico National Council of Churches (NCC) o Consejo Nacional de Iglesias (CNI). Joseph “Joe” Eldridge fue su primer Director Ejecutivo y una figura de fuerte presencia política en el mundo de los grupos de presión y cabildeo de Washington DC. El auge de la WOLA se dio con la llegada de Jimmy Carter a la Presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 1977. En esos momentos, la organización tuvo la posibilidad de trabajar codo a codo con una Administración y con grupos de legisladores que eran sensibles a su misión y objetivos. Con las puertas abiertas a los círculos del poder de Washington, hizo escuchar las denuncias de diversos políticos latinoamericanos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las diferentes dictaduras, facilitándoles acceso directo tanto al Congreso como al Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue durante este período cuando la colaboración entre la WOLA y la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) Sede Washington alcanzó su punto más alto. El organismo tuvo activa participación en el nacimiento de la Sede Washington de la CADHU, contribuyendo con ayuda financiera, asesoría y logística de todo tipo. Documentos secretos desclasificados por Departamento de Estado de los Estados Unidos muestran la labor clave que tuvo la WOLA en la repercusión pública de las visitas que realizaban diferentes referentes políticos argentinos opositores a la dictadura militar. De especial interés fue la visita a Washington del ex senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Doctor Hipólito Solari Yrigoyen cuando la gestión de la WOLA consiguió que se entrevistara con el diplomático Terence Alphonso Todman, por entonces Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos y, luego, entre el 13 de junio de 1989 y el 28 de junio de 1993, embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Con la llegada a la Presidencia de Ronald Reagan y el drástico giro en la política exterior norteamericana, que se centró en la lucha contra las diferentes insurgencias y revoluciones que se daban en América Central -con foco especial en la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua- la labor de la WOLA se redirigió a la denuncia del intervencionismo norteamericano en la región y, como parte de una coalición antigubernamental, a dar batallas políticas contra las legislaciones promovidas por el Partido Republicano. Joe Eldridge dejo su cargo en 1986, un momento en que ese restablecía la democracia en diversos países de América Latina. Entonces, su actividad se orientó hacia el fortalecimiento de las instituciones latinoamericanas y a la resolución de conflictos internos luego de procesos políticos signados por la violencia. En la década del 90, con el fin de la Guerra Fría y la llegada de Bill Clinton a la Presidencia de los Estados Unidos, WOLA volvió a tener activa participación e influencia en las decisiones del Ejecutivo norteamericano, concentrando sus esfuerzos en la denuncia de llamada "Guerra a las Drogas" y la militarización de dos países, Perú y Colombia. A partir de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, la nueva agenda norteamericana quedo bajo la influencia de la “mirada contraterrorista”. El WOLA, entonces, se dedicó a rebatir esa mirada y denunciar las problemáticas que creaba en América Latina.

Argentina. Cámara Federal en lo Penal de la Nación

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  • 1971-1973

La Cámara Federal en lo Penal de la Nación (CFPN o “Camarón”) fue creada el 28 de mayo de 1971 por Decreto-Ley N° 19.053 de la dictadura del Teniente General Alejandro Agustín Lanusse. Uno de los principales impulsores de su creación, y también firmante del Decreto-Ley, fue el doctor Jaime Perriaux, Ministro de Justicia de dicha dictadura. Según palabras de Perriaux, los delitos que se juzgarían en la Cámara serían "los de índole federal que se cometan en el territorio nacional y lesionen o tiendan a vulnerar básicos principios de nuestra organización constitucional o la seguridad de las Instituciones del Estado" y que "en la mayoría de los casos tienen por objeto lograr una ruptura violenta del sistema institucional argentino y que afectan en forma directa los más altos intereses nacionales”. El "Camarón" se creó en un contexto de crecimiento y aumento considerable de los operativos de las organizaciones armadas en la Argentina. Las novedades en cuanto al funcionamiento del Tribunal eran que este tenía jurisdicción en todo el territorio nacional -por lo que podía constituirse como tribunal en cualquier lugar del país- y la incorporación de la instancia única y el procedimiento oral. También, por efecto de una norma complementaria dictada en junio de 1971, la Cámara estaba autorizada a utilizar a las Fuerzas Armadas para investigar delitos de “subversión” o “terrorismo”. Funcionó entre el 28 de mayo de 1971 -en la práctica, desde el 7 de julio de 1971, día en que los jueces designados prestaron juramento en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)- y el 26 de mayo de 1973. Al momento de la clausura de la CFPN, las causas que se tramitaron o se estaban tramitando en el Tribunal fueron remitidas a los diversos Juzgados Federales con jurisdicción sobre el lugar donde hubieran ocurrido los hechos respectivos ya juzgados o a ser juzgados. Entre los casos más emblemáticos en que intervino la CFPN se encontraron el arresto de Roberto Quieto, uno de los líderes de la conducción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), ocurrido en la Capital Federal el 7 de julio de 1971; de Fernando Vaca Narvaja, dirigente de Montoneros, ocurrido en San Miguel de Tucumán el 29 de agosto de 1971; de los líderes del PRT-ERP Mario Santucho y Enrique Gorriaran Merlo, ocurrida en Córdoba el 1 de septiembre de 1971; la evasión de la cárcel de Villa Urquiza, Tucumán, de algunos de los principales militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el 6 de septiembre de 1971; la ejecución del General de Brigada Juan Carlos Sánchez, ocurrida el 10 de abril de 1972 en Rosario en el marco de la operación "Sonia II", una acción conjunta del ERP y las FAR; el secuestro y desaparición del militante peronista Ángel “Tacuarita” Brandazza, ocurrido también en Rosario el 28 de noviembre de 1972; el secuestro y muerte del empresario de origen italiano Oberdan Sallustro, ocurrido luego de una acción del ERP llevada a cabo entre el 21 de marzo y el 10 de abril de 1972; el intento de fuga masivo y la evasión de veintidós militantes de las organizaciones PRT-ERP, FAR y Montoneros ocurrido el 15 de agosto de 1972 en el penal de Rawson, Provincia de Chubut; y la detención de algunos dirigentes de las FAR, entre los cuales se hallaban Juan Julio Roqué , Francisco Urondo, su hija Claudia Urondo y Lidia Massaferro, ocurrida en Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, el 14 de febrero de 1973. Entre julio de 1971 y mayo de 1973 la CFPN inició un total de 913 causas procesándose en las mismas entre 1500 y 2000 personas, según estimaciones de organismos de defensores de presos políticos de la época. Según D´Antonio y Eidelman (2018), ese total asciende a 1256 personas. En cuanto a las imputaciones las principales figuras delictivas utilizadas por la Cámara fueron las de asociación ilícita, uso de armas de fuego, acopio o tenencia de munición de guerra y robo a mano armada.

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