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La Cámara Federal en lo Penal de la Nación (CFPN o “Camarón”) fue creada el 28 de mayo de 1971 por Decreto-Ley N° 19.053 de la dictadura del Teniente General Alejandro Agustín Lanusse. Uno de los principales impulsores de su creación, y también firmante del Decreto-Ley, fue el doctor Jaime Perriaux, Ministro de Justicia de dicha dictadura. Según palabras de Perriaux, los delitos que se juzgarían en la Cámara serían "los de índole federal que se cometan en el territorio nacional y lesionen o tiendan a vulnerar básicos principios de nuestra organización constitucional o la seguridad de las Instituciones del Estado" y que "en la mayoría de los casos tienen por objeto lograr una ruptura violenta del sistema institucional argentino y que afectan en forma directa los más altos intereses nacionales”. El "Camarón" se creó en un contexto de crecimiento y aumento considerable de los operativos de las organizaciones armadas en la Argentina. Las novedades en cuanto al funcionamiento del Tribunal eran que este tenía jurisdicción en todo el territorio nacional -por lo que podía constituirse como tribunal en cualquier lugar del país- y la incorporación de la instancia única y el procedimiento oral. También, por efecto de una norma complementaria dictada en junio de 1971, la Cámara estaba autorizada a utilizar a las Fuerzas Armadas para investigar delitos de “subversión” o “terrorismo”. Funcionó entre el 28 de mayo de 1971 -en la práctica, desde el 7 de julio de 1971, día en que los jueces designados prestaron juramento en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)- y el 26 de mayo de 1973. Al momento de la clausura de la CFPN, las causas que se tramitaron o se estaban tramitando en el Tribunal fueron remitidas a los diversos Juzgados Federales con jurisdicción sobre el lugar donde hubieran ocurrido los hechos respectivos ya juzgados o a ser juzgados. Entre los casos más emblemáticos en que intervino la CFPN se encontraron el arresto de Roberto Quieto, uno de los líderes de la conducción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), ocurrido en la Capital Federal el 7 de julio de 1971; de Fernando Vaca Narvaja, dirigente de Montoneros, ocurrido en San Miguel de Tucumán el 29 de agosto de 1971; de los líderes del PRT-ERP Mario Santucho y Enrique Gorriaran Merlo, ocurrida en Córdoba el 1 de septiembre de 1971; la evasión de la cárcel de Villa Urquiza, Tucumán, de algunos de los principales militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el 6 de septiembre de 1971; la ejecución del General de Brigada Juan Carlos Sánchez, ocurrida el 10 de abril de 1972 en Rosario en el marco de la operación "Sonia II", una acción conjunta del ERP y las FAR; el secuestro y desaparición del militante peronista Ángel “Tacuarita” Brandazza, ocurrido también en Rosario el 28 de noviembre de 1972; el secuestro y muerte del empresario de origen italiano Oberdan Sallustro, ocurrido luego de una acción del ERP llevada a cabo entre el 21 de marzo y el 10 de abril de 1972; el intento de fuga masivo y la evasión de veintidós militantes de las organizaciones PRT-ERP, FAR y Montoneros ocurrido el 15 de agosto de 1972 en el penal de Rawson, Provincia de Chubut; y la detención de algunos dirigentes de las FAR, entre los cuales se hallaban Juan Julio Roqué , Francisco Urondo, su hija Claudia Urondo y Lidia Massaferro, ocurrida en Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, el 14 de febrero de 1973. Entre julio de 1971 y mayo de 1973 la CFPN inició un total de 913 causas procesándose en las mismas entre 1500 y 2000 personas, según estimaciones de organismos de defensores de presos políticos de la época. Según D´Antonio y Eidelman (2018), ese total asciende a 1256 personas. En cuanto a las imputaciones las principales figuras delictivas utilizadas por la Cámara fueron las de asociación ilícita, uso de armas de fuego, acopio o tenencia de munición de guerra y robo a mano armada.

La Comisión de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria Histórica (CMH) tiene como objetivos:

a. Relevar y analizar toda la documentación que pueda tener valor histórico y/o judicial del Archivo del MRECIC, Embajadas, Misiones Permanentes, Consulados y otros archivos públicos y/o privados en el exterior del país en relación con actividades vinculadas con actos represivos y/o violaciones a los derechos humanos cometidas durante los períodos en que el Honorable Congreso de la Nación no se encontraba en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, entre el 21 septiembre de 1955 y el 10 de diciembre de 1983.

b. Producir un registro de documentos desclasificados y clasificados que permita desarrollar investigaciones y prestar colaboración en causas judiciales que investigan delitos de lesa humanidad.

c. Impulsar, gestionar y monitorear procesos de desclasificación de otros Estados para que copia de dichos acervos documentales sean entregados a este MRECIC.

d. Impulsar, gestionar y monitorear procesos de desclasificación de Organismos Internacionales y Regionales para que copia de dichos acervos documentales sean entregados a este MRECIC.

e. Producir investigaciones y/o proyectos con el objetivo de reconstruir el contexto y los procedimientos represivos del período de incumbencia de esta Comisión, para salvaguardar los registros sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país y en la región.

f. Coordinar la Mesa de Archivos de Memoria, integrada por instituciones públicas y organismos de derechos humanos que gestionan archivos que dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en nuestro país durante el período de incumbencia de esta Comisión.

g. Participar de los encuentros y diálogos bilaterales y multilaterales en lo que respecta a archivos de memoria en este MRECIC.